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Gas Natural Fenosa: crónica de un apagón anunciado en el Caribe colombiano

Pablo Rodero (El Salto, 12 de mayo de 2017)

Martes 16 de mayo de 2017

Néstor vive en la calle La Virgen del barrio Olaya Herrera desde hace 45 años, cuando él y otros vecinos rellenaron con serrín y neumáticos las tierras cenagosas situadas entonces en el extrarradio de Cartagena de Indias. Su piel negra y curtida y sus manos callosas dan fe de una vida dura, viviendo del rebusque para sacar adelante a una familia numerosa en un rincón olvidado de la joya del Caribe colombiano. La calle no está pavimentada y está flanqueada por casas bajas y algunos cambuches habitados por una población mayoritariamente afro, descendiente de los esclavos que hicieron funcionar a la ciudad en los tiempos de la colonia y el comienzo de la república.

Los cables eléctricos cuelgan sobre las casas, aunque algunos ni siquiera transmiten ya energía. Muchos vecinos tienen la luz cortada por impago a Electricaribe, la empresa filial de Gas Natural Fenosa que el Estado colombiano intervino en noviembre del año pasado ante el riesgo de un apagón generalizado en la región. En marzo, el Gobierno del país sudamericano anunció la liquidación de la empresa debido a que “no estaba en condiciones de prestar el servicio” y la infraestructura será vendida a una nueva compañía privada. Gas Natural Fenosa exige ahora una cuantiosa indemnización de mil millones de euros por la pérdida de su filial colombiana, una cantidad que algunos locales consideran muy superior al precio actual de la empresa y otros ven como una primera oferta en una negociación que tendrá lugar en los próximos meses.

En el año 2001 la multinacional española Unión Fenosa (Gas Natural Fenosa desde la absorción en 2009) se hizo con las distribuidoras eléctricas de la costa Caribe que habían sido privatizadas dos años antes. Durante los 15 años de gestión de la empresa española, los conflictos con los usuarios, particularmente con los de los estratos más pobres de la región, han sido una constante. La empresa habla de una “cultura de impago” entre la población caribeña que ha imposibilitado una gestión efectiva. Los usuarios, por su parte, denuncian subidas injustificadas de tarifas, apagones constantes y falta de inversión en unas maltrechas infraestructuras. Entre tanto, la deuda de Electricaribe ha ido aumentando hasta que las compañías distribuidoras de energía amenazaron con dejar de suministrarle, lo que hubiera provocado un apagón eléctrico en una región con una población de más de 9 millones de habitantes.

Apagones como forma de presión

La intervención de la empresa por parte del Estado colombiano, poco dado históricamente a intervenir en las actividades de las multinacionales en su territorio, ha supuesto un cambio radical frente a su relación con Gas Natural. Para Omar Mendibil, miembro de la asociación de usuarios Red Caribe, “la amenaza de apagar la región” ha sido la estrategia empleada con éxito por la empresa para lograr unas mejores condiciones de servicio por parte de sucesivos gobiernos colombianos.

Después de dos amenazas de apagón en 2001 y 2002, justificadas en las dificultades para operar a causa del impago y el conflicto armado, la filial de Gas Natural consiguió un marco regulatorio privilegiado dentro del país. En 2001, el Estado creó las llamadas “zonas subnormales”, donde la comunidad asumía la responsabilidad por engancharse a la luz y la empresa sólo tenía que llevar el servicio hasta el transformador comunitario. Un año después, en los conocidos como Pactos de Malambo, se crearon una serie de subsidios estatales para cubrir los impagos de las comunidades más empobrecidas, que, sumados a los ya existentes, cubrían hasta el 60 por ciento del valor de la factura. El dinero iba a parar directamente a manos de la empresa.

Tan ventajosas resultaron las nuevas condiciones que, según Mendibil y otros usuarios y trabajadores consultados, para la empresa empezaron a ser más rentables las subvenciones estatales que cobrar los pagos de los usuarios en los barrios subnormales. Cuanto más alta fuera la factura, más subsidios recibía la empresa, aunque para los vecinos se fuera haciendo imposible pagar y fueran endeudándose con la compañía. Como consecuencia, el aumento continuado de la factura de la luz llevó a muchos vecinos a dejar de pagar y ver su servicio eléctrico cortado por la empresa.

Sin luz en el paraíso

El corte de luz le sobrevino hace dos meses a Néstor, que vive con varios hijos y nietos y tres loros enjaulados y con la lengua reseca por el calor infernal del Caribe. Según afirma, el dinero que consigue sacar trabajando como bracero en el mercado mayorista de Bazurto es varias veces inferior al valor agregado de todas sus facturas por servicios básicos como la luz, el agua o el gas.

Eder vive en el extremo norte de la calle, frente al mar y a la carretera Perimetral. “Aquí vivimos en un paraíso”, dice sin ironía, sentado en la puerta de su casa junto con su familia. Él vive de vender bebidas frías, que transporta al hombro en una neverita de poliespán, en la playa turística de Bocagrande, en la otra punta de la ciudad. Le cortaron la luz tras un mes de impago y contrató por 20.000 pesos (unos seis euros) a una persona para que le enganchara al poste de forma pirata. Las facturas de la luz en este barrio oscilan entre los 15 y 25 euros mensuales, y el salario mínimo, al que pocos de estos trabajadores irregulares llegan, es actualmente de algo menos de 250 euros en Colombia.

“Aquí están estafando a uno. Cuando no pagas te cortan sin medir si hay niños, ni si somos gente mayor, como yo, que tengo 72 años”, declara una vecina, junto a María Díaz, otra persona de la comunidad que muestra sus facturas de los últimos meses en las que se registra un ascenso continuado, a pesar de no contar con más que dos bombillas, una nevera, un televisor y un ventilador. “Aquí no hay trabajo, la gente sale a buscarlo y no hay. ¿Cómo va a pagar uno un recibo de 80.000 pesos?”, se lamenta.

La subida de tarifas se ha sumado a una falta de inversión en el mantenimiento de las redes, a pesar de recibir fondos estatales para ese fin, que han provocado continuos cortes y numerosos accidentes mortales. Todas estas circunstancias generaron una oleada de protestas en 2002 que se han venido repitiendo esporádicamente hasta la intervención estatal del año pasado, que resolvió la amenaza del apagón, pero no los problemas crónicos del servicio.

Primero el oro y ahora la plata

“Nosotros le criticamos al Gobierno que privatizó porque tenía un déficit fiscal y no tenía con qué invertir y ahora está gastándose más que antes”, declara Mendibil, en relación a los subsidios estatales percibidos por la eléctrica. Este pudo ser el motivo por el cual el Gobierno de Juan Manuel Santos decidiera poner fin a la gestión de Gas Natural sobre Electricaribe, empresa de la que la multinacional española posee el 85% de las acciones. Para Erika González, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, el motivo podría deberse a un simple cambio de ciclo. “Como las reglas del juego van cambiando, igual a Santos ya no le interesa que esté ahí una transnacional española, sino una gran empresa colombiana de capital mixto estatal-privado como puede ser EPM, con el fin de fortalecer y favorecer otras élites”, declara la coautora del libro La energía que apaga Colombia.

Gas Natural, sin embargo, no parece dispuesto a abandonar su filial tan fácilmente, a pesar de que el dinero de la liquidación iría a parar a sus arcas tras una gestión que ha levantado tantas ampollas en el Caribe colombiano. Isidre Fainé, presidente no ejecutivo de la multinacional, declaró en abril que lucharía “hasta el final” por mantener su actividad en Colombia porque, según afirmó, cree en el país. Esta lucha, fue acompañada por una demandada por mil millones de euros ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) .

Para Hernando Rangel, trabajador de la empresa y directivo sindical, la crisis se veía venir desde hace tiempo y, en un giro muy caribeño, la definió como “una crónica de un apagón anunciado”. Para el sindicalista, la posibilidad de que Gas Natural pueda mantener la empresa es remota por una cuestión meramente política. “Si Santos les devuelve la empresa a los españoles, se le echa toda la costa encima, y aquí hay nueve millones de votos y unas elecciones en 2018”. Detrás de él, otro vecino de la calle La Virgen deja claro el sentir de la comunidad hacia la empresa: “Los españoles primero se llevaron el oro y ahora se quieren llevar la plata”.


Texto: Pablo Rodero / Fotografía: María Rado.

Ver en línea : El Salto, 12 de mayo de 2017.


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