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Los derechos humanos, un “intangible” en el negocio de la energía

Enric Llopis (Rebelión, 22 de marzo de 2017)

Miércoles 22 de marzo de 2017

El ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno español, Luis de Guindos, ha aconsejado al ejecutivo colombiano: “Han de velar por la seguridad jurídica y la credibilidad, su decisión no es la adecuada”. La multinacional Gas Natural Fenosa ha anunciado que interpondrá esta semana una reclamación ante el CIADI (tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial) para que el Estado colombiano le compense por la intervención y posterior liquidación de la sociedad Electricaribe (propiedad en un 85% de Gas Natural y un 15% del Estado de Colombia). La transnacional solicitará una indemnización que ronda los mil millones de euros. El Gobierno de Santos alegó para la intervención de Electricaribe, a mediados del pasado mes de noviembre, las dificultades financieras de la empresa y la necesidad de garantizar el suministro eléctrico a cerca de tres millones de colombianos de siete departamentos en la zona norte del país. La empresa distribuidora y comercializadora de electricidad “ha estado trabajando durante mucho tiempo en beneficio de la población de esta zona”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis.

Unión Fenosa fue adquirida por Gas Natural en un proceso que terminó en 2009 con la constitución del grupo Gas Natural Fenosa. Empresa pionera en la integración del gas y la electricidad, según la publicidad de su página Web, la empresa opera en más de una treintena de países con cerca de 23 millones de clientes. En 2016 la corporación alcanzó unos beneficios netos de 1.347 millones de euros, un 10,3% menos que en 2015. Sí aumentaron por el contrario las retribuciones del consejero delegado, Rafael Villaseca, que se situaron -por el ejercicio de sus funciones- en 3,43 millones de euros (un 2,9% más que en 2015). Además Isidro Fainé, que preside la compañía desde el 21 de septiembre y antes fue vocal del consejo de administración, percibió 480.500 euros en 2016. El presidente de la compañía hasta septiembre y recientemente fallecido, Salvador Gabarró, ingresó 800.000 euros el pasado año.

Antes de la fusión en 2009, Unión Fenosa fue una de las compañías con más denuncias por abusos en la distribución de electricidad y gas a la población de América Latina y el Caribe. El documento “Empresas energéticas y vulneración de los derechos humanos”, elaborado por los investigadores Erika González y Pedro Ramiro a instancias de la Oficina Europarlamentaria de Podemos, permite rastrear algunos antecedentes del litigio entre la multinacional y el Estado colombiano. Unión Fenosa comenzó a penetrar en el sector eléctrico de Colombia en el año 2000, cuando adquirió las empresas Electrocosta y Electricaribe, que se fusionaron en 2008 con la segunda de las denominaciones; y se hizo también con Energía del Pacífico (EPSA), que generaba y comercializaba electricidad en el suroeste del país. El recorrido de Gas Natural en Colombia empezó unos años antes, en 1997, al adquirir una empresa con la misma denominación y se dedicaba a la distribución gasística en Bogotá, su área metropolitana y Bucaramanga. El informe de los dos investigadores del Observatorio de las Multinacionales de América Latina (OMAL) recuerda que en 2009 Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos.

Mientras se denunciaban unos servicios de calidad lamentable, el precio de la luz se desbocaba. Una persona con pocos recursos de una capital costera con 1,2 millones de habitantes, Barranquilla, tenía que dedicar el 52% de sus ingresos a pagar la factura mensual de Electricaribe. ¿De qué manera se garantizaba la empresa el cobro de los suministros? Se recurría a procedimientos como el racionamiento de la electricidad, los apagones y la sobrefacturación; otra de las denuncias apuntaba a la no ejecución de las inversiones necesarias para mantener las redes ni para la extensión en los barrios empobrecidos; en consecuencia, se registraron continuos cambios de tensión y caídas del cableado, que a menudo derivaban en significativos daños materiales y el fallecimiento de personas debido a las electrocuciones.

Además de las leoninas prácticas recaudatorias, ¿en qué términos se fraguó la relación entre Unión Fenosa y el gobierno de Colombia? Desde que entró en la distribución eléctrica de la costa del Caribe –señala el informe de Pedro Ramiro y Erika González- “ejerció una fuerte presión para hacer más rentable su actividad”. Y para ello recurrió a las amenazas, por ejemplo en 2003 la empresa anunció “escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”, y renunciar al resto; a ello se agrega una fuerte actividad como grupo de presión sustentada por la diplomacia española. Con la activación de estas palancas, Unión Fenosa logró que se aprobaran subsidios estatales –abonados directamente a su filial- para la población empobrecida, las inversiones públicas en infraestructura eléctrica, así como derivar a las instituciones locales el servicio a las barriadas más pobres.

El informe de 115 páginas publicado en diciembre de 2016 destaca el reguero de violencia y muerte asociada a las bandas paramilitares. De hecho, entre 1998 y 2006 resultaron asesinados 27 sindicalistas “relacionados con el sector eléctrico en la Costa del Caribe”. Pero también se producían amenazas contra líderes sociales que dirigían las protestas. No fue muy diferente lo ocurrido en el suroccidente colombiano, donde se implantó otra de las filiales de Unión Fenosa, EPSA. Las denuncias de amenazas y criminalización han sido frecuentes por parte de las comunidades cercanas al embalse de Salvajina. Además el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad en Colombia (Sintraelecol) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunciaron en su día que Electricaribe aplicaba una política de devaluación de los costes laborales y debilitamiento de los sindicatos. A estas prácticas no era ajena Gas Natural, distribuidora gasística en la capital del país, que hizo uso de los programas de Responsabilidad Social Corporativa para subcontratar a jóvenes en los barrios “conflictivos”; de ese modo podía ahorrarse costes en la cobertura de los empleados, bajar los salarios y poner barreras a la organización sindical.

El capítulo titulado “Impacto de las empresas energéticas españolas en América Latina y el Caribe” también hace hincapié en los impactos ambientales. En 2001 EPSA –entonces filial de Unión Fenosa- abrió las compuertas de la presa hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, lo que se tradujo en el vertido de 500 millones de litros de lodo sobre la cuenca del río. Además esta actuación no contó con un estudio de impacto ambiental previo, y ni siquiera se consultó a las comunidades afectadas. Mortandad elevada de peces, deterioro de las riberas y desaparición de la economía de subsistencia de las poblaciones afrocolombianas (cerca de 3.000 personas afectadas) se asociaron al vertido. También gestionada por EPSA, la hidroeléctrica de Salvajina (Cauca) ha afectado seriamente la productividad de las tierras cercanas al embalse, según denunciaron las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. El repaso a la huella que Gas Natural y Unión Fenosa han dejado en América Latina no se limita a Colombia; podría ampliarse a Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Y se podría ampliar a otras energéticas españolas, que también han cosechado en 2016 beneficios milmillonarios. “Repsol pulveriza las previsiones con su mejor resultado en los últimos cuatro años”, tituló el 23 de febrero el periódico Expansión. El beneficio neto de la corporación alcanzó en 2016 los 1.736 millones de euros. El consejero delegado, Josu Jon Imaz, percibió una remuneración de 2,9 millones de euros y el presidente de la compañía, Antonio Brufau, de 2,7 millones de euros. Además, la suma de las retribuciones asignadas al consejo de administración ascendió a 12,7 millones de euros. Las fracturas en el territorio, daños ambientales y afección a las comunidades por la actividad de Repsol no caben en pocas páginas. En Argentina, OMAL recuerda la contaminación del territorio mapuche en Neuquén y los despidos masivos que siguieron a la privatización de YPF; en Bolivia, las “operaciones” en 17 territorios indígenas y las actividades hidrocarburíferas en seis áreas protegidas; en Colombia, las violación de los derechos humanos en Arauca o los impactos sobre los pueblos indígenas u’wa y guahibo; parecidos efectos pueden detectarse en Ecuador (contaminación del parque natural Yasuní y daños tanto a la comunidad huaorani, como a los pueblos indígenas tagaeris y taromenane) y en Perú, por ejemplo con el gaseoducto de Camisea y los perjuicios a las poblaciones nahua o ashaninka.

En Guatemala Iberdrola ha recibido quejas por los servicios eléctricos de sus empresas filiales, en concreto por la frecuencia de los apagones, los precios elevados, cobros indebidos y facturaciones incorrectas. En Bolivia la multinacional española emprendió una política expansiva, que se tradujo en la compra, en 1995, de las empresas Electropaz y Elfeo. Se denunciaron prácticas muy similares a las señaladas en Guatemala. Además, tras la compra de las empresas filiales, resaltan Pero Ramiro y Erika González, “se despidió a personal y subcontrató las áreas de trabajo con mayor riesgo, como instalación de medidores o cortes de suministro”. Por otra parte, Iberdrola participa en Brasil en el consorcio empresarial que construye la macrorrepresa de Belo Monte, en el río Xingú, la segunda con mayor capacidad de Brasil y la tercera del mundo. En México las actividades de la corporación han afectado sobre todo a las poblaciones campesinas e indígenas de Oaxaca. En cuanto a los resultados, la compañía obtuvo en 2016 unos beneficios de 2.705 millones de euros, un 11,7% superiores a los del año anterior. El presidente y consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cobró –en metálico y en acciones- 9,35 millones de euros en 2016 y los miembros del consejo un total de 14,5 millones de euros.

Una infraestructura de 1.800 kilómetros de líneas de alta tensión, desarrollada entre 2006 (contratos para iniciar el proyecto) y 2014. Es el Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), que gestionan las empresas estatales de transporte de electricidad a alta tensión de Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Pero también una corporación privada Endesa, hasta que vendió su participación a Enel (hoy accionista mayoritario de Endesa) en 2014. El macroproyecto ha generado numerosos conflictos, por ejemplo con el pueblo Ch’orti’, que vive en la frontera entre Panamá y Honduras y denunció amenazas para que vendieran sus tierras. OMAL destaca asimismo que la construcción de centrales hidroeléctricas en la cuenca del río Puelo afecta a uno de los parques nacionales más relevantes de Argentina y Reserva Mundial de la Biosfera (el Parque Nacional del Río Puelo). El informe cita el caso de la presa El Portón, que inundaría 5.000 hectáreas y afectaría a las comunidades mapuches de Chile y Argentina. En Brasil, el Sindicato dos Electicitários del Estado de Ceará denunció que Coelce, filial de Endesa, redujo la plantilla en 1.500 trabajadores y “provocó”, por la precarización de las condiciones laborales, 40 accidentes laborales mortales. Mientras, los beneficios de Endesa en 2016 ascendieron a 1.411 millones de euros, lo que mejora en un 30% los de 2015. Los ingresos de los directivos también fueron destacados: tres millones de euros (el presidente de la corporación, Borja Prado); 1,97 millones de euros (el consejero delegado, José Bogas) y 6,26 millones de euros repartidos entre los once vocales del consejo de administración.

Ver en línea : Rebelión, 22 de marzo de 2017.


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