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TTIP y CETA, prioridades de la agenda de lucha campesina europea

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (Pueblos, nº 72, enero de 2017)

Martes 7 de febrero de 2017

El presente artículo analiza los posibles impactos de la firma del CETA y del TTIP sobre la agricultura y la alimentación en Europa. En este sentido, destacan los perniciosos efectos que la apertura a un modelo norteamericano basado en grandes fincas para el agronegocio y en una menor protección pudieran tener sobre las economías campesinas y, en última instancia, sobre la población europea en su conjunto. Debido a ello, se hace un llamado a la lucha contra la aprobación e implementación de estos acuerdos, siguiendo la estela que el movimiento campesino europeo viene desarrollando, junto a otros actores sociales, a tal efecto.

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¿Qué son los acuerdos de comercio e inversión?

Los acuerdos de comercio e inversión no son un fenómeno nuevo. No obstante, vivimos en la actualidad una ofensiva sin parangón en favor de la aprobación de tratados de carácter regional y global (CETA, TTIP, TISA, TPP [1]). Estos pretenden avanzar en la creación de un mercado mundial sin trabas arancelarias y no arancelarias (con especial énfasis en los países del Norte Global) en el que las grandes empresas, frente a las perspectivas de débil crecimiento económico previstas al menos hasta 2060 [2], puedan seguir manteniendo su frenética lógica de acumulación. Para ello necesitan transformar el marco político y jurídico vigente, situando de manera definitiva la seguridad en las inversiones y la apertura comercial como valores hegemónicos. Ello permitiría a las transnacionales actuar con total impunidad en los nuevos mercados, convirtiéndose en sujeto protagónico del statu quo y situándose por encima de los derechos de personas y pueblos, incluso de los mínimos democráticos todavía hoy vigentes. Se trata en definitiva de trasladar al ámbito global el tipo de relación colonial que dichos acuerdos han venido imponiendo durante décadas a los países empobrecidos del Sur global.

Para avanzar en este objetivo, los tratados que se están negociando suelen tener una identidad similar, que fundamentalmente se concreta en tres propuestas complementarias:

  • Convergencia regulatoria: se impone la convergencia o armonización de la legislación entre los bloques regionales y países firmantes como vía para el aseguramiento jurídico de las inversiones y del comercio, a través de nuevas estructuras de negociación creadas a tal efecto, que se alejan del control de la ciudadanía en espacios multilaterales bajo un manto de gran opacidad. Dicha convergencia, enmarcada en un contexto de crisis económica, búsqueda de atracción de inversiones y fuerte presión de lobby ejercida por las grandes corporaciones, tiende en todo caso a la baja en protección social, ambiental y laboral, así como a la privatización de sectores y empresas públicas.
  • Tribunales de arbitraje: la hegemonía corporativa se traslada de lo político a lo jurídico a través del vínculo ineludible de los países firmantes con los tribunales de arbitraje. Estos, ajenos al sistema judicial ordinario, toman decisiones sobre las controversias entre Estados y empresas transnacionales, tomando lo pactado en los acuerdos como norma superior e incuestionable. De esta manera se impone una lex mercatoria fuerte, coercitiva y exigible, apoyada en estos tribunales y a la que las corporaciones tienen acceso (no así las instituciones públicas), que se impone al marco internacional de derechos humanos. Se consagra por tanto la primacía del interés privado frente al general, y se posibilita la acción legal de toda empresa que vea lesionados sus beneficios presentes o futuros por mor de cualquier iniciativa institucional, amputando así las capacidades políticas de las entidades públicas.
  • Reducción arancelaria: aunque el peso de la reducción de las trabas no arancelarias suele ser más relevante, también hay en estos acuerdos un componente de rebaja arancelaria como vía complementaria para favorecer el comercio internacional. Esta medida pudiera tener un notable impacto sobre sectores relativamente protegidos (como el caso de la agricultura), favoreciendo la lógica competitiva y modelos coherentes con la misma, frente a cualquier otro tipo de consideración social.

En definitiva, la nueva oleada de acuerdos persigue ampliar y asegurar los mercados capitalistas para las empresas transnacionales mediante una reducción arancelaria y, sobre todo, a través de transformar el marco políticojurídico vigente mediante fuertes rebajas en protección social, la amputación de las capacidades institucionales, y de conformación de una arquitectura de la impunidad corporativa.

¿Qué impactos tendrían sobre la agricultura campesina europea?

La agricultura no es un capítulo de especial relevancia macroeconómica en los dos principales tratados que afectan a Europa (TTIP y CETA). En este sentido, por ejemplo, las exportaciones agropecuarias entre EEUU y la UE no suponen más de un 5% del total. No obstante, no deja de ser uno de los sectores más estratégicos y que mayores controversias ha generado, dado que aborda aspectos tan importantes como la cultura, los bienes comunes, el modelo ecológico, la alimentación, el consumo, la salud, el cambio climático, etc. Es por tanto una cuestión de especial significado político.

Partiendo de esta premisa, han sido múltiples los estudios que tratan de prever los posibles impactos de ambos acuerdos. En este sentido, y reconociendo que todos ellos se sostienen sobre hipótesis no contrastadas al no conocerse el contenido concreto de los textos, sí que parecen coincidir en algunos aspectos. Así, algunos informes de perfil macroeconómico encargados por instituciones europeas [3] auguran ínfimos aumentos en la producción agropecuaria tanto en Norteamérica como en Europa; una reducción en la aportación de la agricultura al PIB a ambos lados del Atlántico; un descenso de los precios; y un aumento del comercio global, que beneficiaría en mayor medida a las y los productores norteamericanos. No obstante, estas ganancias derivadas de un mayor intercambio comercial no estarían equitativamente distribuidas, sino que se concentrarían en ciertos rubros de especial proyección. De esta manera, las mayores ganancias podrían materializarse en Europa en los sectores que actualmente copan las exportaciones (sobre todo vinos y quesos). A su vez, los sectores norteamericanos más beneficiados serían los agroindustrializados y basados en grandes fincas (vacuno, cerdo, lácteos, etc.), si se rebajaran los estándares de protección europeos. En todo caso, parece que la agricultura perdería peso específico, y que los beneficios se concentrarían en pocos sectores y países, siempre dependiendo del texto final en cuanto a rebajas arancelarias y no arancelarias.

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Pero además, otros estudios [4] que trascienden lo macroeconómico apuntan a una serie de funestas consecuencias para la agricultura y la alimentación en Europa, fruto de la combinación de la convergencia regulatoria a la baja, los tribunales de arbitraje y la apertura comercial mediante reducción de aranceles y ampliación de cuotas:

  • Desactivar el principio de precaución: Europa mantiene todavía un sistema de protección más exigente, que cubre todas y cada una delas fases de la cadena de producción, no como en EEUU y Canadá, donde únicamente se analiza el producto final. Además, es el fabricante quien debe garantizar la salubridad y seguridad de su producto ex ante, por lo que, si este no ofrece garantías, se evita su comercialización aplicando el principio de precaución hasta que las obtenga. Si este principio fuerte se flexibilizara fruto de la convergencia regulatoria, haría saltar por los aires el sistema europeo de protección de la salud y de control del proceso productivo.
  • Rebajar la protección sobre el bienestar animal, las sustancias peligrosas y la salud: en la misma lógica, no sólo el sistema sino también rubros específicos de protección estarían en riesgo por la presión de las grandes corporaciones norteamericanas, que prefieren códigos voluntarios de conducta a estructuras y normas obligatorias. Se está incidiendo así especialmente en reducir la protección en alimentos transgénicos, la normativa de seguridad sobre pesticidas y las prohibiciones relativas a hormonas, antibióticos y lavados de patógenos en la producción de carne.
  • Poner fin a la mayoría de denominaciones de origen: existen diferentes concepciones sobre las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) a uno y otro lado del Atlántico. Mientras que en Europa se trata de productos de un origen geográfico determinado, en EEUU se entienden como un subgrupo del sistema de marcas registradas. Si esta disputa entre territorio y marca no apuesta por lo geográfico, la gran mayoría de DOP europeas no serían reconocidas en los acuerdos y sus productos perderían especificidad, con graves consecuencias sobre la producción local y pequeña.
  • Destruir las economías campesinas: todo lo señalado hasta ahora, incluso a pesar del sesgo proagronegocio de la Política Agraria Común (PAC), muestra un modelo de producción europeo diferente al de EEUU y Canadá, que se traslada también al tamaño de las granjas, 13 veces más grandes en Estados Unidos (10,6 hectáreas en Europa). En este sentido, parece bastante probable que en un contexto de apertura, desregulación y caída de precios, el modelo de grandes fincas basado en un modelo agroexportador que utiliza agrotóxicos sería más competitivo que la agricultura familiar. Esto impulsaría la concentración en la producción fortaleciendo un proceso como el que Canadá sufrió cuando firmó el acuerdo con México y Estados Unidos (TLCAN), donde se han perdido más de 160.000 explotaciones familiares entre 1970 y 2011.
  • Amputar las capacidades públicas en defensa de la soberanía alimentaria: las instituciones estatales y territoriales que en función de un mandato popular quisieran impulsar la soberanía alimentaria ejercitando el derecho a decidir en la alimentación, apoyando a la producción local y al modelo agroecológico, pudieran ser llevados ante los tribunales de arbitraje. Así, si se entendiera que alguna norma o política pública lesionara los intereses corporativos en función de los contenidos del CETA y/o TTIP, cualquier empresa pudiera emprender acciones contra dichas propuestas legítimas, ya que hoy en día la lex mercatoria es la norma suprema del ordenamiento internacional.

En definitiva, el TTIP y el CETA suponen, pese a sus sucesivas formulaciones que no alteran lo sustantivo de los mismos, un ataque directo contra las economías campesinas y los modelos locales y agroecológicos de producción, amputando incluso las capacidades institucionales de plantear alternativas en este sentido. Además, pudieran tener fuertes implicaciones en la destrucción del sistema de protección europeo, afectando a la salud del conjunto de la ciudadanía.

Por lo tanto, es fundamental poner en valor el papel que el movimiento campesino europeo está desarrollando en el rechazo al TTIP y al CETA, en articulación con otros agentes sociales e institucionales. Nos jugamos mucho todos y todas (no sólo el campesinado), y es preciso mantener la presión para evitar su firma tanto a nivel regional como en cada Estado miembro. Por la democracia, por el campesinado y por la vida, NO al TTIP, NO al CETA.


Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

- Artículo publicado en el nº 72 de la Revista Pueblos - Información y Debate, primer trimestre de 2017.

Ver en línea : Pueblos, nº 72, enero de 2017.


Notas

[1Respectivamente, y por sus siglas en inglés: Partenariado Trasatlántico de Comercio e Inversión (referido a Europa y Estados Unidos); Acuerdo de Comercio entre Canadá y Europa; Acuerdo de Comercio en Servicios (de carácter global); Tratado Trans-Pacífico.

[2La OCDE augura una tendencia de crecimiento económico débil al menos hasta el 2060 –en torno a un 3,6% anual en el período 2014-2030, que se reduce a un 2,7% para 2030-2060, en un marco además de mayores desigualdades de ingreso–, según el informe “Policy challenges for the next 50 years”, OECC Economic Policy Papers, nº 9.

[3Bureau, J.-C., et al. (2014). Risks and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agreement. Brussels: European Parliament Policy Department B: Structural and Cohesion Studies; Fontaigne, L. et al. (2013). Transatlantic Trade: Whither partnership, which economic consequences? CEPII Policy Brief; Francois, J. et al. (2013). Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: an economic assessment. London: Centre for Economic Policy Research.

[4Amigos de la Tierra (2016): TTIP, sembrando pérdidas para el sector agrario; (2016b), TTIP, Sembrando pérdidas II, el impacto del TTIP sobre la agricultura y ganadería españolas; OBV Vïa Campesina Austria et al (2016), Seguridad alimentaria, agricultura y convergencia reguladora en el CETA.


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