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Tribunal Permanente de los Pueblos: "Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos"

Laura Toledo Daudén y Erika González (Pueblos, nº43, julio de 2010)

Sábado 25 de septiembre de 2010

Perfecto Andrés Ibáñez, presidente de la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) realizada en Madrid el pasado mes de mayo, resumía de este modo cómo se ha llegado a una situación de impunidad en relación a las actividades de las empresas transnacionales. El capitalismo global, cuyas grandes impulsoras y beneficiadas han sido las multinacionales, ha establecido unas reglas del juego en el que gana una élite privilegiada a costa de la violación de los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Algunos de los protagonistas del Tribunal, que pusieron esta realidad sobre la mesa, explican en este artículo cómo los impactos de las multinacionales no son casos aislados sino que son consecuencia directa del actual modelo de desarrollo, y tratan de que herramientas como el propio TPP sirvan para avanzar en la búsqueda de justicia.

Luis Gomero subió solo al escenario, pero sus palabras venían de toda una comunidad indígena de Perú que sufrió, en 1999, las consecuencias de la venta indiscriminada e irresponsable de un pesticida que contaminó y mató a 24 niños después de una merienda escolar. La tragedia de Tauccamarca, provocada por la transnacional alemana Bayer, recibió poca atención de la justicia común, pero su verdad resonaba en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y las pruebas eran escuchadas atentamente por los representantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Gomero presentaba sólo uno de los 27 casos que serían juzgados por el TPP en la IV Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas”, donde se daba lugar, al igual que en las anteriores sesiones en Viena (2006) y en Lima (2008), a la justicia moral que buscaban los afectados por las transnacionales europeas en América Latina.

Todos los casos expuestos demostraron que no eran incidentes puntuales, sino que formaban parte de la sistemática violación a los derechos humanos que responde a la lógica del actual modelo de desarrollo neoliberal. Tal y como expresa el propio dictamen del TPP, los casos “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas”. En este sentido, el abogado Jorge Molano, perito en derechos humanos del TPP, realiza una descripción más clara del carácter estructural de los impactos: “Las multinacionales han convertido a la fuerza pública en departamentos de seguridad de sus intereses, y han promovido un deterioro en la calidad de vida de las personas por medio de la desregulación laboral y la eliminación de los derechos laborales. No han llevado un desarrollo sostenible porque han favorecido la destrucción del medio ambiente y la eliminación de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos civiles y políticos”.

En el Tribunal también se puso en evidencia el régimen de permisividad, ilegalidad e impunidad generalizado en el comportamiento de las corporaciones transnacionales europeas. Dicha impunidad se facilita por las políticas institucionales de los bancos multilaterales de desarrollo, de las instituciones financieras internacionales, y de instituciones como la Unión Europea (UE) en sus varias articulaciones. Esta lógica que vincula Estados, empresas y organizaciones internacionales es lo que torna aún más complicado que las personas y comunidades afectadas tengan alguna oportunidad en la justicia ordinaria. De ahí la importancia del TPP como herramienta alternativa, accesible y abierta para obtener justicia.

Los representantes de los pueblos afectados por diferentes modalidades de violaciones de los derechos humanos no sólo encuentran en el Tribunal un espacio para expresar sus demandas, sino que aquí asumen un papel de agentes de la justicia. No buscan recompensas económicas, sino una recuperación de la dignidad y el reconocimiento moral de su verdad. Como defendió Perfecto Andrés Ibáñez, reconocido magistrado del Tribunal Supremo español y presidente del TPP de Madrid, el proceso desencadenado por el Tribunal acelera la toma de conciencia y da herramientas a los sujetos para que consigan su defensa legal ante las grandes empresas y los gobiernos. Y es que el 17 de mayo, antes de dar inicio a lo que sería la exposición del fallo del Tribunal de Madrid, el jurado dejó claro que lo que se reivindica en esa tribuna popular son derechos humanos tan básicos como el derecho a la vida, al libre desarrollo, a la salud, a un medioambiente sano, a la justicia.

Además, el ciclo completado de los TPP en Enlazando Alternativas crea un camino hacia una normativa vinculante, que efectivamente pueda regular la actuación de las empresas que, como expuso Ibáñez antes de que la sentencia fuese declarada, “se aprovechan del vacío práctico de esfera pública para actuar al margen de la legalidad”. Mientras se hacían públicas las condenas, las familias representadas por Luis Gomero recibían la solidaridad y el resarcimiento moral que les fueron negados en otros ámbitos. Se consolidaba una justicia no oficial, pero más legítima. Como citaba el magistrado en una entrevista en cuanto al papel del derecho en la denuncia a las multinacionales, «Lelio Basso dijo, con una lucidez impresionante, algo que en la izquierda no se decía: “El derecho no es una pura superestructura, en el sentido de que es algo poco concreto; el derecho cuenta”».

La impunidad de las multinacionales

Las características del Tribunal, por otro lado, no dejan de lado la lucha por una condena efectiva de las empresas multinacionales. Es un paso más en términos de coordinación de las demandas y denuncias y se concreta en instrumentos de presión. Sobre ese aspecto, Perfecto Andrés Ibáñez cree que “el derecho, concretamente el de los derechos humanos, traduce las luchas seculares de mucha gente. Naturalmente es un instrumento que, visto al lado de los bulldozers que rompen la tierra y las sierras que cortan los árboles en la Amazonía puede parecer escaso de poder. En este sentido, es cierto que hay una asimetría, pero es un instrumento que no se debe dejar de lado; no es el único pero da legitimidad, fuerza y herramientas”. El TPP representa entonces una de las vías alternativas de obtener justicia que está ahí y debe ser bien aprovechada.

El Tribunal es legítimo y funciona porque está al alcance de las víctimas. La cantidad de casos irresolutos que acuden constata la generalizada falta de instrumentos en la esfera oficial para juzgar y condenar a los violadores de los derechos humanos. Aquí, el caso de los niños peruanos no pasa desapercibido y un escándalo recibe el adjetivo que le corresponde. Como ejemplifica Ibáñez, “establecer un ranking de casos impresionantes resulta difícil. El de los niños peruanos parece que tiene un perfil especialmente duro, pero es que todos son tremendamente dramáticos. Además con un nivel de desigualdad brutal dado que hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las posiciones de quienes están detrás, lejos, moviendo hilos por beneficios económicos o intereses”.

El jurado cree que así, dando visibilidad a “situaciones de injusticia que, precisamente para confirmarlas y mantenerlas, se quiere que sean invisibles”, el TPP se constituye como generador de opinión y de cultura, y está más relacionado con los valores de los pueblos que con las condenas. Perfecto Andrés Ibáñez lleva muchos años trabajando por el TPP. Además de ser coherente con sus compromisos y valores, el magistrado admite que hay también una dosis de afecto y atracción personal: “El entorno que se crea en el propio Tribunal es realmente apasionante, también desde el punto de vista humano”.

Los derechos de los pueblos indígenas

El Tribunal tiene una faceta especialmente importante para grupos sociales que están marginados económica y políticamente como es el caso de los grupos indígenas. La garantía de sus derechos, como nos recuerda la activista ecuatoriana Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, “siempre han sido perjudicados por los intereses económicos y políticos. La historia indica que se ha utilizado la justicia en contra de los pueblos indígenas, así, grandes lideres que han luchado por conservar los territorios han sido condenados como criminales, como ladrones comunes y corrientes y esto ha justificado que muchos de ellos hayan sido asesinados”. Por esta razón, Chancoso defiende que otra responsabilidad del TPP es ofrecer con su dictamen una respuesta que cuestione los fallos que han favorecido a las empresas en los diferentes tribunales en cada país. Eso generaría un precedente importante para la lucha. Según sus palabras, “quizás un día podamos tener un dictamen con el que podamos ganar esa esperanza para la vida de los pueblos indígenas. Pero no sólo para obtener algún día justicia, sino también para rescatar la memoria, para no dejar que las siguientes generaciones olviden quiénes son los criminales y por qué es injusto lo que pasó”.

En esos términos, Blanca Chancoso ha aceptado participar como jurado en el TPP de Madrid. Sabe, por lo tanto, la responsabilidad que recae en ella: “Que todo el pueblo conozca en términos morales y políticos los crímenes cometidos”. La líder indígena expresaba cómo los Estados se sienten dueños del territorio y han concesionado su tierra y sus recursos a grandes empresas sin importarles la vida de los pueblos indígenas con el pretexto del desarrollo. Bajo este argumento, Chancoso afirma que “hay un perjuicio grande para las poblaciones indígenas y para toda la humanidad. Existe un fuerte impacto sobre los pueblos indígenas, incluso los no contactados, que no quieren compasión. Igual que todos nosotros, los pueblos no contactados tienen derecho a la vida y a que respeten su forma de vida, están en su territorio, tienen un gobierno que hay que respetar, no se puede seguir justificando a los gobiernos en esto, sería apoyar una invasión”.

En la lectura del fallo, Blanca Chancoso citó algunos casos presentados al Tribunal en los que se evidenció la violación a los derechos de los pueblos indígenas, como el caso de Perenco, Repsol y Pluspetrol en Perú; Agrenco y Dreyfus en Brasil, y Holcim en Guatemala. Este último caso destacó en la sesión del TPP por la grave criminalización que está realizando la compañía contra los y las líderes sociales que se oponen a la actuación de la empresa multinacional.

La persona que aportó el testimonio sobre los impactos de la filial de la multinacional Holcim en Guatemala fue una líder indígena del municipio San Juan Sacatepéquez llamada Ramona Chocón. La líder definió su localidad como la tierra de las flores, según su testimonio: “Nosotros defendemos la Madre Tierra porque dependemos de ella, somos cien por cien agricultores de rosas, crisantemos y verduras. Este es uno de los principales factores por el que rechazamos a esta empresa en nuestras comunidades”. La filial de Holcim es una cementera llamada Cementos Progreso y su actividad extractora causaría fuertes impactos ambientales en el territorio que lo inutilizaría para la labor agrícola de la población indígena. La apariencia de fragilidad de esta líder cambiaba radicalmente cuando describía cómo la empresa ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, en concreto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: “En el caso de Holcim, se ha llevado a cabo la consulta en las comunidades, pero desgraciadamente no se ha respetado. Por ello, acusamos a la multinacional y también al Estado que es cómplice de la empresa porque ha otorgando la licencia a la empresa para iniciar la actividad”.

La autorización estatal a la multinacional no ha frenado la oposición y resistencia de las comunidades contra la explotación minera y cementera en su municipio. Y la respuesta de la empresa ha sido el desarrollo de una campaña de criminalización de los representantes de las comunidades, como denunciaba la líder: “Hasta la fecha se ha ido penalizando a los compañeros, hay un compañero condenado a 150 años de prisión, aunque tenga ahora 61 años de edad. Su hijo fue secuestrado y asesinado. También está el caso de tres compañeros encarcelados y todavía no han sido llamados para presentar su declaración. El 12 de octubre de 2009 se asesinó a un compañero que acudía a la marcha por la Madre Tierra. También denunciamos la persecución, las amenazas e intimidaciones a varias mujeres, entre las que estoy yo”. Las acusaciones que se vierten contra los líderes son de asesinato, secuestros y de ser terroristas. Aunque, como afirmaba Ramona, “lo único que queremos es defender nuestra Madre Tierra”. Las comunidades de San Juan Sacatepéquez han interpuesto diversas denuncias en el Juzgado de Paz de su municipio pero no han obtenido ninguna respuesta.

La búsqueda de justicia

Ya en los primeros tribunales éticos, en 1975, llamados ‘Tribunales Russell’ e impulsados por el senador y jurista Lelio Basso, se hacía la siguiente afirmación: “Es necesario y legítimo un derecho de los pueblos capaz de sustituir, provocar y anticipar la tendencia del derecho internacional de negar la obligatoriedad del reconocimiento de los pueblos como poseedores y titulares de los derechos”. Afirmación que parece estar hecha en la actualidad y, para revertir esta tendencia, el defensor de derechos humanos colombiano Jorge Molano habla de la importancia de “establecer coordinaciones globales de lucha para tener mecanismos que permitan superar los escenarios actuales y permitan mirar a otros escenarios de justicia, de dignidad, de soberanía y de autodeterminación de los pueblos”. En este sentido, Blanca Chancoso reconocía el papel que había cumplido el TPP y sus dictámenes en relación a las multinacionales: “Que pueda servir como instrumento para un pueblo que quiere hacer justicia, para que no se nos diga que no lo estamos haciendo con nuestras propias manos, como pueblo”.

Por último, Alirio Uribe, abogado y presidente del Colectivo José Alvear Restrepo, también formó parte del jurado del TPP y expuso en la lectura del dictamen la parte resolutiva y las peticiones. Entre ellas, merece la pena destacar la invitación a que “todos ustedes se apropien de este fallo, para someter a derecho las prácticas económicas de la UE y las empresas, para que estén sometidos al respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la vigencia de los derechos humanos en el mundo”.

Laura Toledo Daudén, colaboradora de la Revista Pueblos, y Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.


Ver en línea : Pueblos - Revista de Información y Debate. Especial Multinacionales nº 43, julio de 2010.


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