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El “triunfo político” de las comunidades de El Salvador contra la minería

Mari Cruz Tornay Márquez

Jueves 24 de noviembre de 2016

En una sentencia considerada como histórica, un órgano de arbitraje del Banco Mundial denegó a la transnacional OceanGold la demanda contra el Estado salvadoreño por impedirle la explotación de una mina de oro. El fallo ha sido recibido en las comunidades afectadas como un “triunfo político” que da nuevos argumentos para prohibir los proyectos mineros en el país que, al igual que en el resto de la región centroamericana, tratan de imponerse en los territorios a través de la violencia y el despojo.

En el departamento de Cabañas, situado en el centro norte de El Salvador, se recibió el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como un hecho histórico que marca un antes y un después en la industria minera del país. Hace unas semanas, el órgano de arbitraje del Banco Mundial denegó a la australiana OceanGold la demanda por la que solicitaba al Estado salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares, el equivalente al 1% del PIB de su economía, por impedirle la explotación de El Dorado. Siguiendo con la estrategia de otras transnacionales que operan en el continente, OceanGold recurrió al amparo legal de los tratados de libre comercio para solicitar una compensación por el daño económico que le había supuesto paralizar la explotación minera, luego de haber invertido, según argumentó la empresa, 80 millones de dólares en los estudios de exploración y viabilidad. Pero la legislación salvadoreña distingue claramente entre permisos de exploración y explotación, siendo requerido para éste último un informe de impacto ambiental que nunca fue presentado. Además, durante la gestión del presidente Antonio Saca, la industria minera se vio como una amenaza para los recursos hídricos del país, lo que llevó a las instituciones competentes a denegar la autorización para llevar a cabo la extracción de oro y plata en el departamento de Cabañas.

En el año 2013, OceanGold compró a la canadiense Pacific Rim haciendo suya la demanda interpuesta en 2009 contra el Estado salvadoreño por una supuesta violación del tratado CAFTA-DR que vincula a Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. La defensa pudo demostrar que la corporación no tenía sede en ninguno de los países afectados por el tratado, logrando así la primera victoria contra la empresa minera. Tras siete años y medio de litigio, el reciente fallo del CIADI deniega a OceanGold la demanda que en su momento interpuso Pacific Rim y condena a la multinacional a pagar ocho millones de dólares al Estado salvadoreño, en compensación por los gastos ocasionados durante el proceso.

Proyectos mineros y violencia en las comunidades

A mediados del siglo pasado, en la mina El Dorado ya se había registrado un periodo de actividad dedicada a la extracción de oro y plata a cielo abierto. La participación de las corporaciones en esta nueva etapa se inició con la invitación del Gobierno de Francisco Flores al capital extranjero para invertir en proyectos relacionados con la industria minera del país. Es entonces cuando Pacific Rim recibe la autorización para explorar las posibilidades de rendimiento de El Dorado, momento en el que comienza un conflicto que divide a la comunidad y que se termina cobrando la vida de cuatro ambientalistas que se opusieron a la presencia de la minera en sus comunidades: Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Juan Francisco Durán y Dora Sorto, embarazada de ocho meses en el momento de su muerte. A pesar de las amenazas e intimidaciones que habían denunciado otros miembros de la comunidad, la Fiscalía General de El Salvador negó la relación de estos crímenes con la presencia de Pacific Rim y los asesinatos fueron atribuidos a supuestos conflictos vecinales.

La población de Cabañas que hoy celebra la victoria del pequeño país centroamericano sabe que detrás de las muertes de sus cuatro vecinos no se encuentra la violencia que azota al territorio, sino la estrategia de las transnacionales en la región para sacar adelante los proyectos mineros. Óscar Beltrán forma parte de Radio Victoria, una emisora comunitaria del departamento de Cabañas que actuó como una “herramienta de poder al servicio de la comunidad” al impulsar el debate acerca de las ventajas e inconvenientes de la actividad minera en El Dorado. Pacific Rim intentó obtener el apoyo de la población con la promesa de oportunidades de empleo para miles de personas, a la vez que pagaba salarios a quienes se opusieran a los líderes ambientalistas, causando la división en las comunidades de uno de los departamentos más empobrecidos del país. Radio Victoria se convirtió entonces en un espacio al servicio de los intereses de la comunidad, ya que la información que negaban la empresa o las instancias oficiales era transmitida por la emisora que, junto a la Asociación de Desarrollo Económico y Social, se dedicó a investigar el impacto de la actividad minera en el territorio. Es así como pudieron determinar que la extracción en El Dorado debía convertirse en una cuestión de interés nacional, ya que la actividad minera supondría la contaminación del Lempa, el río que abastece a un 40 por ciento de la población salvadoreña.

Beltrán resume el comportamiento de estas corporaciones: “División, persecución, amenazas y asesinatos”. Para este activista, la defensa de la vida frente a los proyectos mineros es mucho más complicada ahora que hace una década. El asesinato de Berta Cáceres, líder hondureña reconocida a nivel internacional, fue muestra de la ausencia de límites para estas corporaciones, pero en la región se cuentan por decenas los ambientalistas encarcelados, amenazados o víctimas de desplazamientos forzados. Incluso, en un país como Costa Rica, sin los niveles de criminalidad del triángulo norte centroamericano, se está produciendo la persecución de las poblaciones indígenas, amenazadas por el despojo de sus territorios.

La debilidad de los estados centroamericanos y la protección de inversiones recogida en los tratados de libre comercio sitúan a las corporaciones mineras en una posición privilegiada de poder frente a gobiernos y poblaciones que, ante la falta de respuesta, están recurriendo al desplazamiento forzado para escapar de la violencia.

La lucha por la prohibición de la minería en El Salvador

Los movimientos por la defensa del territorio están pendientes del próximo paso de la minera australiana. Por una parte, es posible que intente dilatar el desembolso de los ocho millones de dólares en concepto de los costes del litigio y, ante eso, el Gobierno y los movimientos ecologistas coinciden en presionar para que el pago se realice cuanto antes. Pero, ante todo, está la duda de si la sentencia disuadirá a la empresa de continuar en el país, o si una vez pagada la condena del CIADI, intentará solicitar por la vía legal la explotación de El Dorado, en tanto que ya se conocen las posibilidades del rendimiento de la mina.

Este último escenario es el que más preocupa en las comunidades y es por ello que califican el fallo como un “triunfo político”. Hasta el momento, la propuesta de los movimientos ecologistas sobre una ley que prohíba la actividad minera en el país había sido desestimada a la espera de conocer la resolución del conflicto con OceanGold. Para los activistas, la aprobación de esta ley en Asamblea Legislativa evitaría que las mineras reciban en la actualidad, pero también, de parte de futuros gobiernos, el permiso para explorar y explotar los yacimientos.

A partir de la resolución del litigio, los movimientos llevan adelante dos luchas en relación a la transnacional australiana: el pago inmediato del dinero que debe al Estado, y la exigencia de su salida del país, entre otros motivos, para evitar que determinadas estancias oficiales den esperanzas de continuidad a estos proyectos.

Por otro lado, la propuesta de prohibir la explotación minera se apoya en la necesidad de sacar adelante la Ley General de Agua, aquella que busca proteger la calidad y el suministro del agua a la población salvadoreña. Para los movimientos ecologistas, ya ha quedado demostrado que la protección y defensa del agua es, junto con la vida, incompatible con la actividad minera en el país.


Mari Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.


Ver en línea : Pueblos, 23 de noviembre de 2016.


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