Intervención de Cuca Hernández (Attac) a partir del minuto 2:11:45.

Segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de carácter abierto sobre empresas transnacionales y otros negocios de carácter transnacional con relación a los derechos humanos (24-28 de octubre de 2016).

Panel IV: Debate abierto sobre diferentes perspectivas y criterios de la futura definición del alcance del instrumento internacional legalmente vinculante.

Como bien dijo la ponente Susan George, una de las primeras obligaciones que tienen las empresas es el pago de los impuestos, sin embargo con frecuencia eluden esa obligación, en especial las empresas transnacionales, con el mecanismo de transferir sus beneficios a filiales con sede en paraísos fiscales.

Al menos 250.000 millones de euros de ingresos sin tributar desaparecen cada año en los paraísos fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para acabar con el hambre en el mundo.

Los recientes y demasiado frecuentes escándalos sobre paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo o Panamá, este último en 2016, nos muestran que el actual sistema fiscal da privilegios a los grupos empresariales transnacionales y a los intereses financieros globales al tiempo que evita que los gobiernos nacionales recauden suficientes ingresos para lograr una justa redistribución de la riqueza y una aplicación efectiva de los derechos humanos.

Unido a esto hemos visto como muchas transnacionales demandan a los estados en tribunales de arbitraje por motivo del cambio en política tributaria, ya que se sienten por encima de sus obligaciones fiscales con el país receptor.

Debemos ser conscientes de que en esta economía globalizada, ningún país puede hacer frente por sí mismo a la evasión y elusión fiscal.

Pero por otro lado las negociaciones internacionales sobre impuestos de la OCDE y el G20 han excluido a más de 100 países en desarrollo. Y mientras estos sean los organismos principales en la toma de decisiones sobre los estándares impositivos globales, las condiciones injustas se mantendrán y la repuesta a los intereses y problemas de los países en desarrollo serán considerados de baja prioridad. Por ejemplo, la tributación del sector extractivo y la racionalización de los incentivos fiscales son algunos de los asuntos que no están siendo analizados.

Según el informe del Sr. de Zayas presentado en agosto de este mismo año a la asamblea de Naciones Unidas, se reconoce la urgente necesidad de medidas más exigentes contra el fraude, la evasión y los paraísos fiscales. En sus conclusiones el informe dice:

“ La elusión de impuestos, la evasión de impuestos, los paraísos fiscales privan a los países de los ingresos necesarios para cumplir sus obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos, aliviar la pobreza, mejorar la administración de justicia, asegurar el resarcimiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, construir infraestructuras, crear puestos de trabajo, y proveer prestaciones de seguridad social, servicios sanitarios de calidad y enseñanza gratuita.”

Por todo lo anterior consideramos que los paraísos fiscales deben abolirse, y mientras tanto este tratado debe crear un instrumento vinculante jurídicamente que obligue a las transnacionales a cumplir con las responsabilidades tributarias allí donde se generan sus beneficios, y que tenga mecanismos que prohíban la trasmisión de dichos beneficios a paraísos fiscales.