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Lesbia Yaneth, la última víctima de la persecución a los ambientalistas en Honduras

Erika González y Santiago Martín Barajas (La Marea, 8 de julio de 2016)

Lunes 11 de julio de 2016

Lesbia Yaneth Urquía, así se llama la activista ecologista que asesinaron este jueves pasado en Honduras. Un caso más en el goteo incesante de víctimas de la represión, persecución y asesinato de quienes lideran la oposición a proyectos que destruyen el entorno. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) ha sido de nuevo golpeado, porque Lesbia Yaneth también formaba parte de esta organización. Al igual que Berta Cáceres, Nelson García y otros 4 compañeros asesinados del COPINH, que luchaban contra el proyecto de Agua Zarca, era una persona muy activa en la lucha por la defensa del territorio indígena lenca frente a intereses económicos nacionales y transnacionales.

En esta ocasión, el conflicto surge a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Aurora en el río Chinacla, en el municipio de San José (departamento de La Paz). El proyecto se puso en marcha en el año 2010 y, en este caso, los responsables son el Estado hondureño, a través de Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y la compañía hondureña La Aurora, que es la concesionaria de la infraestructura. Por cierto, este es otro ejemplo más de la fusión que existe entre la esfera política y el poder económico, pues el dueño de La Aurora es el esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional.

Irregularidades, impacto y violencia asociada al proyecto

En este proyecto se da el mismo patrón de irregularidades e impactos que en otros proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructuras. Las denuncias que han realizado la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras, el Movimiento Indígena Independiente de La Paz (MILPA) y el COPINH, entre otros, señalan la obtención de la licencia ambiental de forma ilegal y la ausencia de una consulta previa, libre e informada, que debe efectuarse según el Convenio 169 de la OIT firmado por el Estado hondureño. También documentan los impactos que, en la fase de construcción, ha tenido el proyecto. Así, algunas mujeres de San José afirman cómo, desde que comenzó la construcción de la central, el río que utilizaban para obtener agua de beber, cultivar y limpiar “se ha ido secando y ensuciando”. Las comunidades no tratan de descartar proyectos que promueven fuentes de energía renovable, sino de poner en cuestión cómo se llevan a cabo y a quién benefician: “No estamos en contra de la energía limpia, pero sí de la forma en que ejecutan las cosas a espaldas del pueblo, que los millones que va salir es para la empresa y nada para el pueblo”, dice una de las personas afectadas.

Frente a ello, las organizaciones han interpuesto denuncias, han exigido la celebración de la consulta previa, se han concentrado frente a las municipalidades y han hecho marchas y bloqueos a la entrada de la zona donde se está construyendo la obra. Con toda esta actividad social se ha conseguido paralizar el proyecto. Si bien las obras ya se han iniciado, no han tenido continuidad hasta la actualidad. Entre las personas que consiguieron frenar la infraestructura estaba Lesbia Yaneth, una persona muy activa en las movilizaciones y también muy señalada en el contexto de violencia social y política que envuelve el control territorial que necesitan estos proyectos. Las amenazas y la represión a líderes comunitarios que rechazan la construcción de la central hidroeléctrica han sido continuas. “Ya ha habido agresiones pequeñas en cabildos abiertos. Nos preocupa que el tiempo pase y se arrecie esa violencia”, decía Martín Gómez, miembro de MILPA, en noviembre de 2014.

La lógica que sigue la construcción de una hidroeléctrica, una mina, un monocultivo industrial se repite en cada caso. Podríamos cambiar los nombres de la empresa, el lugar y las víctimas de La Aurora y estaríamos hablando de los impactos y la violencia en torno al proyecto de Agua Zarca y de los más de 20 proyectos hidroeléctricos que se están construyendo en Honduras en territorio indígena de los pueblos lencas, pech, tawahka, misquito, tolupán y garífuna. Como también de la expansión de los monocultivos de palma aceitera en el Bajo Aguán, la mina de GoldCorp en el Valle de Siria o la mina de El Tránsito en el departamento de El Valle.

Las organizaciones sociales y ecologistas ya lo apuntaban en el caso de Berta Cáceres, estamos hablando de una dinámica íntimamente ligada a la acumulación por desposesión: se necesita una creciente violencia política ejercida contra la oposición social que representan los pueblos indígenas y afroamericanos, las organizaciones campesinas y de derechos humanos, las periodistas y los militantes de los movimientos sociales, para asegurarse un control territorial que permita la acumulación de riqueza a la elite política y económica, ya sea nacional o transnacional.

185 ambientalistas asesinados en 2015

A cuatro meses del asesinato de Berta Cáceres, cuya repercusión fue muy amplia dado el reconocimiento internacional de esta líder, se sigue reproduciendo la misma violencia estructural. Esta vez ha sido otra mujer indígena y líder comunitaria, cuya muerte se produce en pleno proceso de “consulta”, que el gobierno hondureño está realizando para la aprobación de una ley que permita desarrollar la consulta previa, libre e informada según la normativa internacional. Y no se limita al interior de las fronteras hondureñas, pues responde a la dinámica impuesta por el capitalismo global para garantizar crecientes beneficios que se acumulan por parte de una minoría.

En Filipinas, hace pocos días, fue asesinada una ambientalista que luchaba para frenar la extracción de carbón en su comunidad. Era Gloria Capitan, del Philippine Movement for Climate Justice. Las amenazas sobre quienes defienden formas de vida que chocan con los intereses económicos de grandes empresas se reproducen a nivel global. Por ejemplo, un informe elaborado por ARTICLE 19, documenta la violación de los derechos humanos de activistas y periodistas que defienden el medio ambiente en Europa y Asia Central. Plantea como prácticas sistemáticas la vigilancia, el hostigamiento, la restricción injustificada de la libertad de expresión, asociación y manifestación.

La publicación En terreno peligroso, que Global Witness dio a conocer el pasado junio alertaba sobre el fuerte incremento de asesinatos sobre defensores y defensoras del medio ambiente. Han sido 185 casos en los que se ha matado a una persona por defender la vida de su territorio, un 60% más que en el año 2014. Los países que han concentrado un mayor número de ataques han sido Brasil, Filipinas y Colombia. Las causas de su muerte se han ido citando en este artículo; proyectos mineros, agroindustriales, hidroeléctricos…

Frenar la impunidad

El informe también hace alusión a otra de las características específicas de estos ataques, y es la impunidad. En la mayoría de los casos, los autores no asumen ninguna responsabilidad y los proyectos que han originado el contexto de violencia continúan provocando impactos sobre el entorno natural y humano. De esta manera, las comunidades afectadas, las organizaciones y movimientos sociales, así como las redes de solidaridad internacional afrontan una doble lucha: frenar la violación de derechos humanos por parte del Estado y las grandes empresas y, por otro lado, poner fin a la impunidad.

Ambas metas han guiado la actividad del COPINH para hacer justicia ante el asesinato de Berta Cáceres. Han promovido una misión internacional a Honduras y una campaña de sensibilización e incidencia política que se ha desarrollado en varios países europeos. El resultado ha sido la retirada de parte de los capitales europeos del proyecto de Agua Zarca y la detención de cuatro sospechosos del asesinato que tenían vínculos con la empresa constructora, el ejército y la policía. Pero no se ha esclarecido quién ordenó el asesinato de Berta Cáceres ni se ha revertido el proyecto hidroeléctrico. Ahora, el nombre de Lesbia Yaneth, el de Gloria Capitan y de otras tantas víctimas del actual sistema económico, se suma a las reivindicaciones de justicia. La organización, la denuncia y la movilización de las comunidades y las organizaciones sociales es imparable y seguirá adelante hasta que se ponga fin a los proyectos e intereses económicos que destruyen la vida.


Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Santiago Martín Barajas es coordinador del Área de Agua de Ecologistas en Acción.


Ver en línea : La Marea, 8 de julio de 2016.


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