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Empresas y derechos humanos: por qué la autorregulación no funciona

Mónica Vargas (El País, 21 de junio de 2016)

Miércoles 22 de junio de 2016

“La auto-regulación nunca funcionó. Necesitamos normas vinculantes. Ya”. Tal fue el mensaje de Alfred de Zayas, Relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, el 3 de junio en el Parlament de Cataluña, en la Jornada sobre “Empresas transnacionales y Derechos Humanos: el camino hacia las normas vinculantes”. Se refería a la obligación que tienen las transnacionales de respetar los derechos humanos allí donde operen. Por sorprendente que parezca, a pesar del reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, existe un vacío en la protección real a nivel internacional.

La asimetría es dramática. Por un lado, más de 3.400 Acuerdos y Tratados protegen las inversiones a nivel global, estableciendo marcos jurídicos vinculantes. Y esto es lo que ofrecerían, si lograran implantarse, el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), o bien el Tratado de Libre Comercio con Canadá (CETA). Pero por otro lado, no existen mecanismos del mismo rango que obliguen a las transnacionales a respetar los derechos humanos. Pareciera que parte de la “ventaja comparativa” de un país se ubicara en el hecho de que no es muy exigente en el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales o el medio ambiente. La única “protección” con la que se cuenta son los códigos voluntarios que radican en los informes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, y en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. En otras palabras: se espera que las empresas se auto-regulen.

Empero, diversos/as experto/as a nivel internacional apuntan al carácter sistemático de la violación de los Derechos Humanos y daños medioambientales por parte de las transnacionales. Las personas y comunidades afectadas en los países empobrecidos rara vez cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia. Una auténtica arquitectura de la impunidad, tal y como fue subrayado por J.Hernández, del Observatorio de Multinacionales de América Latina y M. Özden, del Centre Europe Tiers-Monde (CETIM). Un ejemplo concreto y dramático fue presentado ante el Parlament por una misión catalana enviada a Buenaventura (Colombia), donde una filial del Grupo catalán TCB desarrolla sus actividades en un contexto de grave violación de los derechos humanos.

En 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso importante: la Resolución para la elaboración de un Tratado Vinculante que obligue a las transnacionales a respetar los derechos humanos. La embajadora de Ecuador ante la ONU preside el Grupo de Trabajo que prepara este Tratado y la representante que envió a Barcelona explicó, muy diplomáticamente, el bloqueo por falta de participación y compromiso de la mayoría de Estados europeos. Este Grupo de trabajo cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y recoge como aportaciones estratégicas las iniciativas surgidas desde diferentes instancias subestatales.

En Cataluña, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Lafede.cat y la Taula Catalana per Colòmbia (que agrupan a 150 organizaciones), presentó a los partidos y representantes internacionales su propuesta de “Centro de evaluación de los impactos de las empresas catalanas en el exterior”, contando con el apoyo del Transnational Institute y de OMAL. Las ONG catalanas piden un organismo público e independiente donde participen equitativamente el Govern, el Parlament, los sindicatos, las organizaciones sociales y los movimientos sociales, para asegurar una acción exterior catalana, pública y privada, coherente con el respeto de los derechos humanos. Sus principios se sustentan en el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales. Entre sus funciones: investigar y recibir denuncias de las comunidades afectadas ante casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas catalanas; y actuar en el ámbito de la internacionalización de las empresas catalanas para que ésta incorpore la exigencia del respeto de los derechos humanos. El Centro puede también hacer propuestas de regulación, informes y dictámenes así como la capacidad de activar los mecanismos sancionadores correspondientes.

La propuesta fue acogida favorablemente por parte de todos los partidos políticos catalanes, y los representantes del Ayuntamiento de Barcelona y Agencia Catalana de Cooperación prometieron financiarlo, en la medida de lo posible. Con un centro así, Cataluña y España se situarían, a nivel internacional, en la vanguardia de la acción exterior responsable y coherente con el respeto de los derechos humanos. Es una buena noticia saber que las ONG y movimientos sociales catalanes seguirán presionando".


Mónica Vargas, del Transnational Institute.


Ver en línea : El País, 20 de junio de 2016.


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