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Estas cifras se podrían multiplicar de aprobarse los tratados TTIP, TISA y CETA

España acumula 23 demandas de multinacionales ante tribunales de arbitraje privados

Yago Álvarez (El Salmón Contracorriente, 20 de junio de 2016)

Lunes 20 de junio de 2016

Hoy se ha presentado el nuevo informe de Ecologistas en Acción “Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado” en el que se analizan las demandas presentadas a España por parte de multinacionales en los tribunales de arbitraje internacionales y las demandas de empresas con sede española a otros países. En los dos casos España se encuentra en las primeras posiciones mundiales. De aprobarse los tratados de libre comercio TTIP, CETA y TISA estas demandas se podrían multiplicar y dar un mayor poder a las multinacionales.

Entre 1997 y 2015, se han presentado un total de 25 demandas contra el Estado español ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Con la excepción de dos de ellas, una interpuesta en el año 1997 y otra en 2012, la mayoría de las reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se han producido en los últimos cuatro años. Un gran porcentaje, 15 de ellas, han sido presentadas durante 2015.

Las 23 demandas contra el Estado español ante el CIADI que se encuentran pendientes de resolución tienen que ver con los recortes de los últimos gobiernos españoles a las primas al sector de las energías renovables. De ahí que todas estas reclamaciones se hayan presentado entre 2012 y 2015. Este tribunal arbitrario, aunque sea el más transparente de todos según los coordinadores del informe, no muestra mucha de la información de los litigios ya que existen clausulas de confidencialidad. La cantidad exigida como compensación sólo se muestra en 6 de las 23 demandas al estado español. En caso de que el Gobierno español fuera condenado a pagar compensaciones a esas 6 empresas la cifra alcanzaría los 2.241 millones de dólares.

“España es ya el cuarto país del mundo con un mayor número de demandas de arbitraje en su contra; en el momento de cerrar este informe, tiene pendientes de resolución 24 recursos —a los 23 citados en este informe se le ha sumado en marzo de 2016 otra demanda más de una filial de Toyota y Tepco— ante el CIADI. Es un caso paradigmático de lo que podría ocurrir si hubiera gobiernos que trataran de llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de las grandes transnacionales, ya que probablemente se encontrarían con un listado de contenciosos de arbitraje internacionales impulsados por estas compañías”, explica Pedro Ramiro del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) y uno de los autores del informe.

En todos estos casos, el instrumento jurídico invocado ha sido el Tratado de la Carta de la Energía. Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes empresas e inversores para ir demandando al Estado español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual se basaron para invertir”.

La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial son tribunales privados que se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales.

El hecho de que en los tratados comerciales y acuerdos de inversión omo el TTIP, el CETA y el TISA se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales, como en el caso de los ISDS, como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los estados representa una amenaza para los gobiernos firmantes del tratado y su soberanía. “Los mecanismos ISDS se revelan fundamentales para el avance de la globalización económica y la lex mercatoria, ya que asientan las condiciones para la expansión de los negocios de las grandes corporaciones y hacen muy difícil la reversión de las políticas neoliberales”, explica el autor del informe.

Al preguntar a Ramiro por las consecuencias de la posible aprobación de los tratados TTIP y CETA declara que “ahora, en la Unión Europea, estamos sufriendo los mismos planes de ajuste estructural, austeridad y disciplina fiscal que se impusieron en América Latina en las últimas décadas del siglo pasado; de igual manera, hoy con tratados como el TTIP y el CETA se pretende restringir nuestra soberanía económica en la misma medida en que la soberanía latinoamericana se vio afectada por la llegada de “nuestras empresas” hace dos décadas. Así, esta nueva ronda de tratados comerciales y acuerdos de inversión supone otro paso más en el avance de la arquitectura de la impunidad construida a favor de las compañías multinacionales y del capital”.


Foto de la presentación del informe "Justicia Privatizada" en la sede de Ecologistas en Acción.

Las empresas españolas contra gobiernos latinoamericanos

Las empresas con sede en España también han denunciado a otros gobiernos ante este tipo de tribunales. El número total de casos vinculados a multinacionales con sede en el estado español asciende a 34. De todas las demandas presentadas ante el CIADI por parte de empresas españolas, el 90% han sido interpuestas contra países de América Latina. El 64% del total de demandas van dirigidas a diferentes países de América del Sur, el 13% a Centroamérica y otro 13% a América del Norte (México).

A lo largo del período comprendido entre 1998 y 2015, han sido tres los años en los que se ha concentrado el mayor número de demandas: 2003, 2009 y 2012. Dicha evolución temporal de las controversias inversor-estado responde a aquellos momentos donde más conflictos se han producido como consecuencia de las medidas tomadas por diferentes gobiernos latinoamericanos para recuperar la soberanía estatal frente a las privatizaciones de servicios públicos que se realizaron en la mayoría de países de la región.

Argentina encabeza la lista, seguido por Venezuela, México y Ecuador; destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI coincidiendo con los años en los que el gobierno de Cristina Fernández expropió y nacionalizó el 51% de la petrolerar YPF de la que Repsol era dueña.


Ver en línea : El Salmón Contracorriente, 20 de junio de 2016.


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