Broadspectrum, ahora propiedad de la española Ferrovial, dirige dos controvertidos centros en Australia cuyas actividades no tiene previsto cesar a corto plazo.

A finales del mes pasado, la constructora que preside y controla Rafael del Pino se garantizaba el control de la australiana Broadspectrum. Con esta adquisición, Ferrovial, que entra de lleno en un mercado todavía no muy transitado por las empresas españolas, el australiano, llevaba dos años luchando por la adquisición de Broadspectrum, pero tuvo que ser una sentencia de inconstitucionalidad sobre uno de los centros de detención gestionados por la australiana lo que precipitó los acontecimientos.

Broadspectrum, antes conocida como Transfield, lleva años generando protestas en Australia por su gestión de los centros de detención de inmigrantes y refugiados en Nauru y Manus, situados en los países oceánicos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, respectivamente. Ambos son financiados por el Gobierno australiano, que con esta externalización de la frontera persigue evitar la llegada de personas que quieran acceder por mar a Australia. Multitud de ONG han denunciado las situaciones que tienen lugar entre las paredes de los centros, como abusos sexuales a niños y mujeres o pésimas condiciones de vida de los internos.

Ferrovial, tras adquirir Broadspectrum, aseguró en una nota de prensa que ambos centros de detención no fueron “un elemento relevante en la valoración de la compañía” y que “dichas actividades no formarán parte de la oferta de servicios de Broadspectrum en el futuro”. Pero ya antes de la adquisición en febrero la compañía australiana extendió su control sobre los dos centros por un año más, aunque su intención era firmar un amplio contrato de 5 años que finalmente no se concretó.

Los centros son parte importante del negocio de Broadspectrum. Si bien este cayó de 2014 a 2015 un 2%, a finales del año pasado le reportó 285 millones de dólares netos.