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Juicio a los impuestos

Claire Provost

Miércoles 11 de mayo de 2016

Los gobiernos deben poder cambiar sus sistemas fiscales para garantizar que las multinacionales contribuyan en su justa proporción y para asegurar que los servicios públicos críticos estén bien financiados. Los Estados también deben poder reconsiderar y revocar recortes de impuestos concedidos anteriormente a las multinacionales, si aquellos no se ajustan ya a las prioridades nacionales.

Pero la capacidad de los Estados para cambiar las leyes tributarias y aplicar políticas fiscales progresivas es limitada en virtud de los acuerdos de comercio e inversiones. En los "tribunales para empresas” que se están desarrollando rápidamente, conocidos formalmente como “sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados” (o ISDS por sus siglas en inglés), los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados directamente en tribunales internacionales.

Este sistema se ha vuelto cada vez más controvertido gracias a las negociaciones sobre la propuesta de acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Europa y los Estados Unidos. Pero el acceso a sistemas ISDS ya está consagrado en otros miles de acuerdos de libre comercio e inversiones en todo el mundo.

Debido a que el control sobre los impuestos se considera la esencia de la soberanía de un país, muchos Estados han incluido cláusulas de excepción fiscal en los tratados de comercio e inversiones para limitar la capacidad de litigar en relación con esas controversias por parte de las empresas y de otros inversores. Pero un número creciente de casos inversionista-Estado han cuestionado de hecho decisiones gubernamentales en materia tributaria: desde la revocación de exenciones fiscales previamente concedidas a multinacionales a la aprobación de mayores impuestos sobre los beneficios del petróleo y la minería.

El análisis de los datos y documentos de cientos de casos ISDS iniciados hasta ahora revela que los inversores extranjeros ya han demandado al menos a 24 países, desde la India a Rumania, por disputas tributarias, incluyendo varios casos donde las empresas han utilizado este sistema para cuestionar con éxito, y disminuir, su contribución fiscal.

Cómo los acuerdos comerciales inhiben la justicia fiscal

El sistema ISDS fue creado hace medio siglo y fue diseñado originariamente teniendo en mente las disputas simples entre inversores y Estados. Por ejemplo: un Estado físicamente ocupa la fábrica de una empresa, la nacionaliza, y la empresa utiliza el ISDS para asegurarse una compensación. Sin embargo, en los últimos quince años las grandes empresas multinacionales y sus equipos de abogados corporativos han forzado cada vez más los límites de este sistema, cuestionando una amplia gama de medidas tomadas por los Estados, incluidas las regulaciones medioambientales y de sanidad [1].

Diversos países de África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur han sido demandados por inversores extranjeros por conflictos tributarios, en cuyas demandas las empresas cuestionan medidas fiscales que van desde el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el impuesto de sociedades hasta los aranceles o los impuestos sobre beneficios extraordinarios. Por ejemplo, Canadá fue demandado por una empresa maderera de Estados Unidos en un litigio sobre incentivos fiscales por sus operaciones en Ontario [2]. Ucrania ha sido demandada por sus planes de aumentar las contribuciones sobre el gas producido en el país [3]

A pesar del hecho de que los Estados ya están siendo juzgados en casos ISDS, los votantes, los ciudadanos y los contribuyentes comunes tienen muy poco acceso a la información sobre muchos de estos litigios. La mayoría de las audiencias se llevan a cabo a puerta cerrada y la documentación de los casos rara vez se hace pública.

El análisis de los datos disponibles y de los documentos de casos archivados sugiere que al menos 24 países ya han sido demandados por los inversores extranjeros en más de 40 litigios diferentes relacionados con la fiscalidad. Las verdaderas cifras es probable que sean aún más altas.

Los Estados no siempre son democráticos ni siempre actúan en bien del interés público. Pero la amenaza es clara: una amplia gama de medidas fiscales de los Estados han sido cuestionadas por empresas gigantes a través del sistema de arbitraje internacional ISDS. El poder que este mecanismo otorga a las corporaciones para poner en cuestión las políticas fiscales progresistas debe preocupar a los ciudadanos de todos los países que han firmado tratados de comercio e inversiones.

Queriendo atraer la inversión extranjera, muchos países en desarrollo han ofrecido enormes incentivos fiscales a las compañías multinacionales. Los gobiernos deben ser capaces de revisar y reconsiderar sus leyes tributarias y los incentivos fiscales que eventualmente han concedido a los inversores extranjeros en el pasado. El coste de las exenciones fiscales en los países en desarrollo alcanza la cantidad de 138.000 millones de dólares anuales y la revocación de las mismas podría proporcionar la muy necesaria financiación de la asistencia sanitaria y de otros servicios públicos críticos [4].

En Sierra Leona, las estimaciones sugieren que el país pierde hasta 199 millones de dólares de potenciales ingresos anuales por culpa de los incentivos fiscales, más de tres veces su presupuesto anual de sanidad [5].

La posibilidad de verse envueltos en un caso de arbitraje internacional puede ser un poderoso elemento disuasorio para los Estados que estén pensando emprender acciones contra las multinacionales. Estos casos pueden prolongarse durante años y son extremadamente caros [6]. Incluso si un Estado se defiende con éxito, a menudo termina, pese a todo, haciendo frente a facturas legales de millones de dólares [7]. El único camino seguro es no desafiar nunca a las corporaciones multinacionales, una peligrosa posibilidad de cara al interés público, que podría frustrar la necesaria acción progresista en pro de la justicia fiscal.

Los países que han firmado tratados de comercio e inversiones "deben tener mucho cuidado en el diseño y la aplicación de políticas fiscales", se advertía en un informe de 2006 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En él se decía que los Estados deben firmar estos tratados, pero que "deben darse cuenta de la importancia de esta cuestión y de las dificultades económicas que podrían resultar de las sentencias materiales de arbitraje en contra de ellos, en cuyas sentencias se encuentre [sic] que un tratamiento fiscal injusto y desigual... equivale a una expropiación indirecta". [8].

"Los Estados se enfrentan a dificultades reales para determinar, por adelantado, si van a ser objeto de una reclamación exitosa por inversiones en relación con sus políticas fiscales, debido al Estado incierto de la ley", declaró Mathew Davie, un abogado de arbitraje en Nueva Zelanda, en un artículo del Journal of International Dispute Settlement (Revista de Resolución de Litigios Internacionales) de 2015. "Para agravar aún más las cosas, una serie de sentencias de los tribunales de inversiones han puesto en cuestión la eficacia de las cláusulas de excepción tributaria para evitar las demandas por inversiones basadas en la fiscalidad" [9]. [9]


Extracto del artículo de Claire Provost (TNI / Global Justice Now / ATTAC España) publicado en CTXT, Contexto y Acción.


Ver en línea : CTXT.es, 4 de mayo de 2016.


Notas

[1Ver, por ejemplo: Vattenfall vs Alemania (2009), Centro de políticas de inversión de UNCTAD, Base de datos de arreglo de diferencias en materia de inversiones. Y Phillip Morris vs Uruguay (2010)

[2Longyear vs Canadá, Centro de políticas de inversión de UNCTAD, Base de datos de arreglo de diferencias en materia de inversiones.

[3Ukraine faces trio of claims over gas reforms, Global Arbitration Review, 16 de febrero de 2015.

[6Matthew Hodgson, Investment Treaty Arbitration: How much does it cost? How long does it take? Allen & Overy, 18 de febrero de 2014.

[7Los inversores exitosos en sus demandas tienen más posibilidades de recuperar costes (53%), que los Estados exitosos (38%), según una investigación del bufete de abogados Allen & Overy. Investment Treaty Arbitration: How much does it cost? How long does it take? 18 de febrero de 2014.

[9Matthew Davie, Taxation-Based Investment Treaty Claims, Journal of International Dispute Settlement, 11 de febrero de 2015.


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