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Remunicipalización: la recuperación pública de la gestión del agua en el Estado español

Luis Babiano y Moises Subirana

Miércoles 6 de abril de 2016

El debate entre la gestión pública y la privada del agua no sólo se centra en la batalla ideológica de las distintas opciones políticas, sino que también tiene un componente técnico. Según el informe de fiscalización del Sector Público Local de 2011 [1], realizado por el Tribunal de Cuentas, en los municipios de menos de 20.000 habitantes –el 95% del total de municipios españoles– la gestión pública directa de servicios básicos como el abastecimiento domiciliario de agua potable, la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos tienen un coste menor que con la externalización de dichos servicios.

Los resultados del informe del Tribunal de Cuentas están en línea con los obtenidos en otro estudio realizado por la Universidad de Granada [2]. Su conclusión, tras comparar empresas públicas y privadas de agua en Andalucía, es que las empresas públicas son más eficientes que las privadas en la prestación del servicio, y considera que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración.


Encuentro a favor de la gestión pública del agua en el barrio de Gracia (Barcelona). Fotografía de Luis Babiano.

A la vista de estos resultados, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no sea la eficiencia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en el Estado español en los últimos años. La privatización –y la falta de transparencia en la gestión– se ve favorecida por la falta de recursos municipales, por los programas de austeridad y de reforma de la administración local impuestos por el gobierno central y por la debilidad de la regulación. Por otro lado, se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora [3].

Así, se ha privatizado la gestión del agua en una parte considerable del territorio. Actualmente, la gestión privada, a través de empresas mixtas o privadas, abastece ya al 55% del total de la población española [4]. A su vez, esa gestión privada está controlada en un 87% por dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR) –perteneciente al grupo Suez Environnement– y Aqualia –perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas–. Así pues, en la práctica, se puede decir que se está gestionando un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio donde no hay competencia. Tras varias décadas de importante actividad del sector privado en la prestación del servicio de agua es posible constatar algunas de sus consecuencias como, por ejemplo, que las empresas privadas acuden a donde hay oportunidad de negocio y los criterios sociales pasan a un tercer plano, se introducen nuevos costes, la gestión del agua se concentra en pocas empresas privadas, se precarizan las condiciones laborales del personal contratado, etc.

Los efectos no deseados de la privatización han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín se haya remunicipalizado recientemente el servicio. En el Estado español, la remunicipalización es también un hecho. Se pueden citar, en este sentido, casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria), Ermua (Bizkaia), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna, siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a toda la ciudadanía.

Algunos ejemplos de tendencia

En la sociedad Aguas del Huesna se encuentra quizá el origen del movimiento remunicipalizador en España. Son 22 municipios sevillanos, con unos 300.000 habitantes en su conjunto, que decidieron dar marcha atrás en el proceso privatizador que se les había planteado para asegurarse el suministro del agua en 1994. Aquella privatización acabó en un mejunje de sobrecostes en las inversiones proyectadas y de incumplimientos que en 2007 derivó en un expediente de rescate de la concesión y en la puesta en marcha de una empresa pública que se encarga de abastecer agua a esos municipios. El mayor tiene 50.000 habitantes; el menor, apenas 300.

La burbuja hídrica es causa y efecto, a veces, de la corrupción. En Torrelavega (con 54.827 habitantes), el llamado ‘escándalo del agua’ surgió al detectar los técnicos municipales irregularidades en la gestión de la empresa mixta, concretamente durante los ejercicios de 1999 y 2000. En 2011 quedó resuelto el proceso administrativo, con el respaldo judiciala la decisión del pleno de la Corporación de rescindir el contrato entre el Ayuntamiento y Aqualia (FCC), la empresa privada que tenía entonces el 51% de las acciones de la sociedad responsable de la gestión del agua en el municipio (Aquator). Los delitos que se imputan tienen que ver con la presunta manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales para distintos trabajos y el desvío de compras de carbón activo para otros municipios, principalmente. En la actualidad la empresa pública de Torrelavega ha acometido importantes obras de agua y presenta beneficios.

Otro caso muy conocido es el de Medina Sidonia (11.781 habitantes), Cádiz, municipio que en 2003 decidió crear su propia empresa pública — hoy denominada Medina Global— para gestionar el abastecimiento del agua, el factor precio fue importante. Pero desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes de agua, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La decisión de remunicipalizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio. En la actualidad Medina está intentando remunicipalizar también los servicios de recogida de residuos.

El modelo de Medina Sidonia también ha inspirado a ciudades como Lucena (42.560 habitantes) o Córdoba, que recientemente ha remunicipalizado el servicio y aplica los valores del derecho humano al agua siguiendo las recomendaciones de la ONU. Un modelo de gestión público que en un solo año ha acometido obras que eran vitales para garantizar el acceso al agua a la ciudadanía y que a día de hoy presenta superávit.

Barreras para la remunicipalización

Muchos ayuntamientos, a pesar de tener un deseo de poder volver a lo público, se encuentran con escasas posibilidades para hacerlo. Hasta ahora, las privatizaciones han tenido un claro objetivo: la financiación extraordinaria que consiguen con ello las administraciones y restar gasto corriente a sus partidas presupuestarias. En esos mismos argumentos se encuentran ahora los problemas para desprivatizar la gestión del agua, con las arcas municipales padeciendo la crisis con una reducción de ingresos. El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional e incluso pagar una indemnización por lucro cesante. Y eso lo hace muy difícil.

Además, las concesiones se hacen a 20 o 30 años vista, lo que encarece todavía más cualquier proceso. Muchos ayuntamientos son tan conscientes de la imposibilidad de rescatar concesiones de agua que lo único que reclaman es una guía para controlar a la empresa concesionaria, ya que la opacidad es total. Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con personal cualificado para auditar a estas empresas, el primer paso en la hoja de ruta de la remunicipalización. El intento de incrementar una plantilla municipal dedicada al control de esta serie de servicios también se imposibilita por el marco restrictivo impulsado por el Gobierno central, que te impide contratar personal dentro del ayuntamiento.

No obstante, creemos que en un corto tiempo encontraremos varias ciudades remunicipalizadas, porque es la tendencia que se está dando en todo el mundo.


Luis Babiano (AEOPAS) y Moisés Subirana (Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y de la Plataforma Agua es Vida)

- Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


Ver en línea : Pueblos, nº 68, primer trimestre de 2016.


Notas

[1Tribunal de Cuentas (2013): “Informe nº 1.010 de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011”, consultado el 13 de mayo de 2015.

[2García-Rubio, M.A., González-Gómez, F. y Guardiola, J.: “La gestión del servicio de abastecimiento de agua en las ciudades. ¿Empresa pública o privada?”. Comunicación presentada al XVI Encuentro de Economía Pública (2009), Granada.

[3Biswas, A.K. (2006): "Water management for major urban centres". International Journal of Water Resources Development.

[4González-Gómez, F.; García-Rubio, M.A.; y González-Martínez, J. (2014): Beyond the public-private controversy in urban water management in Spain.


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