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­­Arcelor Mittal, radiografía del poder corporativo

Gorka Martija (La Marea, 11 de marzo de 2016)

Viernes 11 de marzo de 2016

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El pasado enero, la dirección de la planta que la transnacional siderúrgica Arcelor Mittal posee en Sestao (Bizkaia) anunció su intención de implementar lo que eufemísticamente denominó como “parada temporal indefinida”. Esta aboca a sus 335 personas empleadas a un ERE que abriga perspectivas no demasiado halagüeñas para una empresa, la Acería Compacta de Bizkaia (ACB), heredera de los antaño emblemáticos Altos Hornos, que además ocupa indirectamente a otras cerca de 300 personas vía industria auxiliar. La parada, finalmente, entró en vigor el 4 de febrero. Y las movilizaciones no se han hecho esperar.

El cierre de la planta supone un impacto devastador en una zona ya muy golpeada desde los años ochenta por sucesivas oleadas de desindustrialización. El resultado: altas tasas de paro, destrucción del tejido productivo e insuficiencia de las iniciativas públicas destinadas a favorecer alternativas productivas de revitalización de la zona. Al fin y al cabo, este no deja de ser otro caso paradigmático de lo que representa la lógica de las empresas transnacionales en un contexto de globalización neoliberal, deslocalización y competencia a la baja entre territorios por unas condiciones laborales cada vez más precarias.

China como vía de expiación

No es casualidad que de los dos motivos principales esgrimidos para justificar la parada, solo uno haya ocupado la mayoría de los titulares. Se trata de la llamada “sobrecapacidad global”: desde China se estaría supuestamente inundando el mercado europeo del acero con productos por debajo de su coste de fabricación. El discurso oficial trata de centrar el foco en esta práctica habitual, conocida como dumping, tratando de convertir a China en un chivo expiatorio que difumine otras cuestiones centrales que, esas sí, implican responsabilidades políticas y revelaciones sobre la forma en que se manejan las empresas transnacionales aquí y en el resto del mundo. Siendo innegable la existencia de un problema de competitividad de sectores industriales europeos respecto a China, la realidad es más compleja que esta explicación unívoca.

Lo cierto es que, además de la amenaza china, la empresa esgrime otra fuente de falta de competitividad: el coste energético, cuestión que está siendo soslayada en los análisis institucionales. Y es que ACB es una acería eléctrica, lo que supone que, dada la situación de oligopolio efectivo existente en el mercado eléctrico estatal, los precios de la tarifa resulten sustancialmente elevados. En realidad, lo abusivo de la tarifa eléctrica es una realidad que padece diariamente la gran mayoría de la ciudadanía.

En este caso, estos impactos suponen una merma en la capacidad de producir a precios competitivos por parte de la empresa. Por ello, la plantilla de ACB se concentró el pasado 15 de febrero frente a la sede central de Iberdrola en Bilbao, demandando una bajada del precio de la energía para la industria. Estamos, pues, ante una manifestación de las consecuencias del control oligopólico de un sector estratégico de la economía por parte de unos pocos conglomerados transnacionales. Pero resulta más conveniente poner el acento sobre el dumping chino que atacar a Iberdrola, emblema de la marca España.

Por otra parte, la misma empresa que dispara contra las dificultades de competir con el gigante asiático y reclama protección para la industria siderúrgica europea, cuenta con filiales implantadas en ese mismo país. De hecho, una de las tres plantas que tiene Arcelor Mittal en China produce bobinas laminadas en caliente, producto que se fabricaba en Sestao. Es decir, transnacionales como la que nos ocupa son firmes defensoras de un marco de desregulación y desprotección —es lo que hemos llamado la arquitectura de la impunidad— que les proporciona ingentes beneficios vía deslocalización. Precisamente, China es un destino emergente para las empresas que pretenden imbuirse en este tipo de procesos, que conllevan la pérdida de puestos de trabajo en Europa y su traslado a países en los que los derechos laborales se atienen a normativas flagrantemente menos garantistas.

De hecho, desde hace tiempo, existe la sospecha de que se está gestando el clima propicio para una futura deslocalización de la planta de Sestao. Otra opción que se maneja, dentro de la incertidumbre reinante en medios sindicales, es que se trate de una estrategia de chantaje para forzar a las autoridades a favorecer a la multinacional, a través de subvenciones u otras medidas de apoyo. Ya entre 2007 y 2011 el Gobierno vasco y la BBK mostraron sus sospechas de que la dirección de Arcelor Mittal desviaba deliberadamente la producción a otras plantas —como a día de hoy, en plena parada, está haciéndolo hacia Avilés y Marsella— y amplificaba artificialmente la caída de beneficios de ACB, preparando la salida pública de su accionariado.

Poder político y Gobierno vasco

Uno de los pilares fundamentales del poder corporativo deriva de los cauces establecidos desde el poder político para favorecer a las multinacionales. Ya hemos señalado un ejemplo al referenciar el rol del oligopolio eléctrico en el desencadenamiento de esta crisis. En este sentido, podemos apostar a que desde las instancias políticas (estatales o autonómicas) no se va a ejercer presión alguna, más allá de lo meramente declarativo, para tratar de alinear a Iberdrola con el criterio del interés general. Y tampoco veremos a Arcelor Mittal quejarse de la exigua legislación impositiva imperante para las trasnacionales en el paraíso fiscal en el que tiene su sede central: Luxemburgo.

Respecto al Gobierno vasco, desde el Departamento de Industria se cargan las tintas sobre el dumping chino y sobre la ineficaz interlocución del Gobierno español con las instituciones europeas. Aquí, lo primero que hay que resaltar es la contradicción que supone hablar de la necesidad de defender una serie de intereses en la Unión Europea cuando se apoyan los mimbres generales de la política comercial de la UE. Efectivamente, desde el Gobierno vasco no emana cuestionamiento crítico alguno respecto a lo que la Unión defiende al negociar acuerdos comerciales y de inversión con terceros; tampoco al respecto de lo que se promueve en foros como la OMC. Y es que es justamente este marco de desregulación neoliberal el germen de la deslocalización, de la pérdida de puestos de trabajo en Europa y de la generación de situaciones de explotación aguda en el Sur global. Por tanto, no cabe defender la necesidad de actuar en Europa de manera más enérgica si no es para cuestionar el rol de la UE en la conformación de esta arquitectura de la impunidad, responsable de la situación en que se encuentra ACB.

En 2011, el Gobierno vasco (a través de SOCADE) y BBK vendieron sus acciones en ACB, que llegaron a ascender al 20% del total de la estructura de propiedad de la empresa. Esta operación se realizó bajo el compromiso de la multinacional, que quedó entonces como la única accionista, de mantener la producción de la planta durante un mínimo de 5 años, hasta abril de 2016. Así, en la práctica, fruto de la salida de los poderes públicos del accionariado de la compañía, se perdió una notable capacidad de participación en sus decisiones estratégicas.

En paralelo, fue aumentando exponencialmente el margen de Arcelor Mittal para parar la producción y diseñar sus propias alternativas. Evidentemente, estas se plantean desde el punto de vista exclusivo de la satisfacción de su interés corporativo, no de las necesidades de la población del territorio que se va a ver afectado. Y es que uno de los elementos que caracteriza a los conglomerados transnacionales es su dependencia de una sede matriz que planifica la estrategia general de manera centralizada. Así ha ocurrido en ACB: desde la toma de control por parte de Arcelor Mittal, las principales direcciones se han centralizado en Luxemburgo. La ausencia de un contrapeso público vinculado a la defensa del interés general en el accionariado de ACB, por tanto, abre el camino para la implementación de decisiones traumáticas por parte de la transnacional. El control público/social vuelve a plantearse como una necesidad acuciante en el manejo de la economía.

Alternativas al poder corporativo

El reto que plantea la situación de ACB Sestao nos conduce una vez más a la necesidad de repensar el modelo desde lógicas situadas a tres niveles: resistencia, regulación y alternativas. Desde el punto de vista de la resistencia, se han comenzado a articular dinámicas sociales y sindicales de oposición a la estrategia de la transnacional y de lucha por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Dinámicas que involucran al comité de empresa, a los sindicatos de clase que operan en Euskal Herria, y que se amplían al conjunto del tejido sociopolítico de la margen izquierda y de Bizkaia, tratando de trascender los muros de la planta y de generar redes de complicidad y articulación que amplifiquen el conflicto.

En cuanto a la regulación, parece necesario recuperar parcelas de poder y capacidad de regulación desde lo público, en el territorio, en los Estados y a nivel global; reequilibrando así las fuerzas frente a un poder corporativo con capacidad económica y política para deslocalizar, cerrar plantas en un lugar e instalarse en otro con condiciones laborales, fiscales o ambientales más laxas. Y, finalmente, es fundamental pensar en modelos alternativos de sistema y de empresa, que establezcan relaciones sociales y productivas ajenas a las lógicas transnacionales que a día de hoy hegemonizan nuestras vidas, de las que Arcelor Mittal y ACB Sestao constituyen un sangrante ejemplo.


Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.


Ver en línea : La Marea, 11 de marzo de 2016.


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