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Recuperar la gestión pública del agua a través de la remunicipalización

Satoko Kishimoto, Olivier Petitjean y Emanuele Lobina

Martes 23 de febrero de 2016

La remunicipalización es una tendencia innegable. A pesar de las más de tres décadas de incansable promoción de la privatización y de las alianzas público-privadas por parte de las instituciones financieras internacionales y gobiernos nacionales, muchas ciudades, regiones y países han optado devolver estos servicios al control público. En los últimos quince años, más de 235 ciudades de 37 países han remunicipalizado sus servicios de abastecimiento de agua. [1]

En la mayoría de los países, la expansión de los sistemas de agua y saneamiento modernos se produjo gracias a la propiedad y las inversiones públicas en respuesta al aumento de la demanda y a los problemas de salud pública en las zonas urbanas. Sin embargo, en la década de 1990, muchos países privatizaron sus servicios de agua y saneamiento a consecuencia de la fuerte presión internacional en favor de la liberalización del sector de los servicios. En la actualidad es necesario realizar un esfuerzo similar a nivel público para hacer frente a nuestros urgentes desafíos hídricos, como la urbanización, el acceso al agua y el saneamiento en el sur global, el cambio climático y la preservación del agua. La experiencia mundial con la remunicipalización demuestra una vez más que un sector público colaborativo y democrático está en mejores condiciones de liderar el camino hacia un futuro hídrico sostenible.


Debate público sobre remunicipalización de la gestión del agua en Barcelona: Fotografía: Satoko Kishimoto.

Poner fin a las recomendaciones políticas irresponsables

A pesar del fracaso de las privatizaciones más paradigmáticas de la década de 1990, como las de Buenos Aires y Yakarta, las instituciones financieras internacionales siguen promoviendo la privatización del agua como solución para facilitar el acceso a agua potable en el sur.

Actualmente, en la Unión Europea se está promoviendo el mismo modelo fallido de privatización de la gestión del agua e inversión privada que en su día se recomendó en el sur, como mecanismo para, en el marco de la crisis financiera y económica, sanear la hacienda pública y financiar unos servicios de abastecimiento de agua carentes de liquidez. Ha sido el caso de Grecia, donde el intento de privatizar las empresas de abastecimiento de agua de Atenas y Tesalónica fracasó ante la oposición de la ciudadanía y varios fallos judiciales coincidentes [2]; y en otros países, como Portugal, Irlanda, España o Italia se han producido intentos similares. Recientemente, el Tribunal de Cuentas de Portugal puso al descubierto la asimetría inherente a los contratos de las alianzas público-privadas (APP) entre los municipios y las empresas privadas, que dificulta que los municipios puedan supervisar la calidad de las inversiones y evaluar las consecuencias a nivel económico [3]. De hecho, las experiencias pasadas ponen de manifiesto que, a largo plazo, dichas políticas terminan siendo menos beneficiosas para los presupuestos públicos, y conducen al deterioro de los servicios y a la pérdida de la transparencia democrática.


Movilización en contra del TTIP en Amsterdam. Fotografía de Daniel Chávez.

Rechazo a la privatización y a las APP

Debido al descontento de la ciudadanía con la privatización de la gestión del agua, las empresas privadas de agua han utilizado su propaganda de marketing para instar a la población a creer que las APP son distintas a las privatizaciones. No lo son. Una APP implica transferir el control de la gestión de los servicios al sector privado. A día de hoy, estas alianzas siguen promoviéndose de forma agresiva en el seno de los gobiernos y sus defensores han conseguido presentarlas como una solución para atraer “financiación innovadora” hacia el sector.

Las autoridades locales y los responsables políticos deben ser extremadamente cautos a la hora de valorar la opción de privatizar o formar una APP. Rescindir un contrato privado es posible pero nada fácil, acarreando grandes costes y mucho tiempo y conocimientos. Lo aconsejable en este sentido es evitar las privatizaciones y las APP desde el principio y a cambio tratar de obtener ayuda de otras autoridades locales y empresas públicas estableciendo alianzas con ellas, ya que comparten la misma misión y valores. La cooperación intermunicipal puede generar además economías de escala y mejorar así también la capacidad de estos operadores para resolver problemas.

A nivel internacional, la Alianza Global de Partenariado entre Operadores de Agua (GWOPA, por sus siglas en inglés) es una de las muchas iniciativas creadas para compartir conocimientos y compromisos a fin de ofrecer apoyo a las empresas que deseen mejorar su capacidad para ofrecer mejores servicios.

La remunicipalización es una solución viable

Si los servicios de abastecimiento de agua de su ciudad ya están privatizados, la remunicipalización es una solución factible y viable para poner fin a un contrato económico y socialmente insostenible. De nuevo, subrayamos que el proceso de remunicipalización no es fácil y que, aunque las negociaciones con el contratista privado se desarrollen sin obstáculos, hay una serie de pasos que no se deben ignorar: las cuestiones técnicas, como el traspaso de los sistemas de contabilidad e información; la transición del personal trabajador; la recuperación de los conocimientos institucionales y la necesidad de crear una nueva cultura entre gerentes, personal técnico especializado; etc.

Según nuestras investigaciones, las razones para iniciar la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de agua son universales. Éstas son algunas de las consecuencias de la privatización del agua y que han dado lugar a la necesidad de su remunicipalización: un desempeño deficiente, falta de inversión, controversia sobre los gastos de funcionamiento y aumento de los precios, el incremento de las facturas del agua, problemas de supervisión, falta de transparencia financiera y reducciones de personal, entre otros.

La ciudad de Rennes, en Francia, se ha visto afectada por el incremento del precio del agua que, unido a un descenso de la calidad de la misma a causa de la falta de inversión en el mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento, hizo que el 30% de sus habitantes recibiese un suministro de agua potable de calidad insuficiente. También en Berlín se registraron incrementos de las tarifas de agua e incumplimientos de las obligaciones de inversión [4]; y en Alemania, las autoridades públicas no podían ni supervisar ni influir sobre las empresas privadas. En algunos países del sur, como Bolivia, Argentina, India (Latur) o Mali, los incrementos de las tarifas y las cuotas de conexión posteriores a las privatizaciones también encarecieron el servicio hasta ponerlo fuera del alcance económico de la mayor parte de la población [5].

Ahorro de costes

La remunicipalización está impulsada por el deseo de garantizar el control local de unos recursos esenciales, así como de reducir los costes. Una encuesta realizada en 18 pequeñas comunidades estadounidenses reveló que recuperar la gestión pública de dichos servicios supone un ahorro de costes medio del 21%. En una gran ciudad como Houston (2,7 millones de personas) los costes se redujeron en un 17%, lo que equivale a 2 millones de dólares anuales. Esto fue posible gracias a la mayor eficiencia de la gestión pública y a que se puso fin a la externalización, reduciendo los costes de supervisión a los contratistas externos. También se redujeron los costes de forma similar en Hamilton, Canadá (1,2 millones de dólares canadienses), así como en Grenoble (40 millones de euros) y París (35 millones de euros en el primer año de funcionamiento) en Francia [6]. En muchos casos, ese ahorro de fondos públicos permitió incrementar las inversiones destinadas a mejorar las redes de abastecimiento o reducir la factura de agua de los consumidores y consumidoras, como es el caso de París.

Las empresas privadas suelen utilizar a sus propias filiales para externalizar estos servicios e inflar su precio. Una pequeña localidad española, Arenys de Munt [7], averiguó que la anterior empresa concesionaria de los servicios de abastecimiento de agua cobraba por ampliar la red de suministro municipal tarifas cuatro veces superiores a las que el municipio estableció posteriormente. La experiencia de la provincia de Buenos Aires [8], con 2,5 millones de habitantes, es igualmente dramática. La recién creada empresa pública ABSA trabajó con la Cooperativa de Trabajadores 5 de Septiembre S.A. con el objetivo de mejorar el funcionamiento, y juntas lograron reducir el 75% de los costes técnicos, en comparación con el periodo de gestión privada, además de recuperar las plantas de abastecimiento y tratamiento de aguas residuales.

Oposición y nuevas amenazas

No obstante, la remunicipalización de la gestión del agua debe enfrentarse a una serie de desafíos, entre los que destaca el caso de las ciudades que rescindieron un contrato privado antes de su vencimiento. En la mayoría de los casos esto generó conflictos con los contratistas privados dando lugar a contenciosos judiciales, porque tanto el derecho mercantil como las legislaciones nacionales ofrecen una gran protección a esas empresas privadas. Por ello, muchos municipios franceses han esperado al vencimiento de los contratos para evitar el pago de indemnizaciones y mientras tanto, el municipio puede diseñar el nuevo modelo público.

Por otro lado, los mecanismos de arbitraje entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés) presentes en muchos tratados bilaterales de inversión también suponen una grave amenaza para los procesos de remunicipalización. Estos mecanismos facultan a los inversores para llevar a los estados ante tribunales internacionales de arbitraje, un instrumento cada vez más utilizado por las empresas para maximizar sus indemnizaciones. El espacio político para las autoridades locales que desean revertir la privatización está desapareciendo frente a la excesiva protección que se ofrece a los inversores y que socava la democracia.

La remunicipalización también puede llevarse a cabo mediante la recompra de las acciones a las empresas privadas. Berlín es un claro ejemplo de los elevados costes que tuvo que soportar el gobierno estatal para volver a comprar esas acciones (1.300 millones de euros en total). Del mismo modo, el estado de Selangor en Malasia tuvo que desembolsar 1.900 millones de euros para readquirir las acciones de cuatro empresas concesionarias privadas [9]. En estos casos, los gobiernos locales evitaron batallas legales pero impusieron a las y los contribuyentes una pesada carga económica durante décadas, ya que tuvieron que pedir préstamos para recomprar estos activos. La ciudadanía de Berlín por su parte ya ha financiado, a través de sus facturas de agua, gran parte de los servicios y activos, además de los generosos beneficios obtenidos por las empresas durante la época de la privatización. Ahora, se ven obligados a pagar la deuda de las autoridades locales tras la remunicipalización. En estos casos, y a pesar del cambio en la tenencia, las empresas públicas pueden verse obligadas a mantener su ánimo de lucro y tienen poco espacio para crear una nueva cultura y valores del servicio público.

Movilización ciudadana

Muchos de los éxitos de los procesos de remunicipalización no habrían sido posibles sin la incansable movilización de una ciudadanía comprometida. En Yakarta la población realizó un ejercicio de análisis de los problemas planteados por la privatización a pesar de que durante años su acceso a la información era limitada. La ciudadanía de Berlín tuvo que organizar un referéndum sólo para exigir la divulgación pública de los contratos privados que eran secretos. La presión ciudadana contribuyó a cambiar la postura de las autoridades locales respecto a la privatización en Hamilton (Canadá), Stuttgart (Alemania), Arenys de Munt (España), Stockton (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Grenoble, Rennes y Montpellier (Francia). El papel de la ciudadanía y los movimientos sociales demuestra que, en último término, en los procesos de remunicipalización está en juego mucho más que un simple traspaso de propiedad de lo privado a lo público. El objetivo de la remunicipalización es fortalecer y mejorar los servicios públicos: servicios más transparentes, con mayor rendición de cuentas, más eficientes y centrados en las necesidades de la población a largo plazo. El hecho de que la ciudadanía esté dispuesta a luchar por la remunicipalización y en contra de la privatización también se debe a que las personas consideran que el sector público está más capacitado para lograr la consecución de objetivos sociales y medioambientales más amplios. Además, la gestión pública tiene más posibilidades para hacer frente a problemas básicos como la asequibilidad y la equidad, la adaptación al cambio climático, la preservación del agua y la protección de los ecosistemas, frente a unas empresas privadas que dan prioridad a los aspectos económicos. Así pues, parece evidente que no podemos permitirnos seguir dependiendo de “soluciones” privadas a los problemas del agua.


Satoko Kishimoto es el coordinador de ReclaimingPublic Water Network y del Water Justice Project, pertenecientes al Transnational Institute (TNI). Emanuele Lobina es profesor en la Unidad de Investigación Internacional sobre Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich (Reino Unido). Olivier Petitjean es el actual redactor jefe del Observatorio de Multinacionales, una página web de investigación sobre empresas transnacionales francesas.

Traducido por Ruth Pérez Lázaro.

- Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


Ver en línea : Pueblos, nº 68, primer trimestre de 2016.


Notas

[1Kishimoto, S.; Lobina, E. y Petitjean, O. (2015): Our Public Water Future: Global Experience with Remunicipalisation.

[2The Press Project (2014): Privatisation of Athens Water Utility ruled unconstitutional. www.thepressproject.net/article/62834/Privatization-of-Athens-Water-Utility-ruled-unconstitutional.

[3Tribunal de Contas (2014): Regulação de PPP no Sector das Águas. www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2014/2s/audit-dgtcrel003-2014-2s.shtm.
Encontrará este caso en el sistema de seguimiento de remunicipalizaciones: www.remunicipalisation.org/#case_Berlin.

[4Encontrará este caso en el sistema de seguimiento de remunicipalizaciones: www.remunicipalisation.org/#case_Berlin.

[6Pigeon, M. (2012): “Une eau publique pour Paris: Symbolism and success in the heartland of private water”. In Pigeon, M., McDonald, D. A., Hoedeman, O. and Kishimoto, S. (eds.), Remunicipalisation: Putting water back into public hands. Amsterdam: TNI; Pigeon, M. (2012): “Who takes the risks? Water remunicipalisation in Hamilton”, Canada. In Pigeon, M., McDonald, D. A., Hoedeman, O. and Kishimoto, S. (eds.), Remunicipalisation: Putting water back into public hands. Amsterdam: TNI.

[7Para obtener más información: http://remunicipalisation.org/#case_Arenys%20de%20Munt

[9Para obtener más información: http://remunicipalisation.org/#case_Selangor%20State.


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