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“Esta herramienta no tiene como objetivo destruir el mundo corporativo, sino mejorar el respeto a los derechos humanos”

Entrevista de Eneko Calle y Javier González (Pueblos) a Luis Espinosa Salas (Mision de Ecuador ante la ONU)

Jueves 11 de febrero de 2016

Luis Espinosa Salas es consejero en la Misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Participó en Bilbao en el curso “Construyendo alternativas al poder de las transnacionales” organizado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), en el que presentó el proceso de construcción de un instrumento vinculante que incluya normas que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de las empresas transnacionales.


Fotografía de Maddi Goikoetxea.

Actualmente estás trabajando, junto con otros agentes sociales e institucionales, en la elaboración de un Tratado Internacional que regule la acción de las empresas transnacionales en otros países, principalmente en relación con las violaciones de Derechos Humanos. ¿Cómo surge este proceso?

Cuando hablamos del origen del proceso debemos destacar que muchos de los que no están de acuerdo con esta iniciativa tratan de hacerla ver como una iniciativa coyuntural y esa no es la realidad. Hace más de 40 años ya hubo intentos de introducir estos temas de diferentes formas y momentos. En 1972 el presidente chileno Salvador Allende hizo una declaración en la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Santiago de Chile en la que manifestó que “hay que tener mucho cuidado con las empresas transnacionales porque son una fuerza sin control y pueden suponer una amenaza”. En 1974 una de las primeras respuestas de las Naciones Unidas ONU a ese llamado de atención, y creciente poder corporativo, fue crear una Comisión y Centro de empresas transnacionales, que tras 20 años de trabajo acumulado, en 1994, se incorporó a otros departamentos de la ONU. Los años 70 además, estuvieron marcados por una cultura geopolítica complemente diferente a la actual, estábamos en plena guerra fría, y por ello hubo muchas otras iniciativas que fracasaron en el intento de generar evaluaciones internacionales para las empresas transnacionales.

Finalmente, en 2005, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, nombra a un representante especial, el profesor John Ruggie, para elaborar una propuesta para la regulación de las empresas transnacionales y los derechos humanos. Este informe fue presentado en 2008 y establecía un marco que regula el comportamiento de las empresas transnacionales respecto de los derechos humanos y que es conocido como “Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”. Estos principios fueron endosados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. Cabe señalar que estos principios no son vinculantes y ese vacío fue señalado por Ecuador en el Consejo, añadiendo que aunque sí suponían un avance, era necesario seguir buscando un instrumento internacional jurídicamente vinculante con mayor fuerza de cumplimiento; ésta necesidad también fue manifestada en 2013 en el Consejo, en una declaración conjunta de 85 países, efectuada por Ecuador. Así pues, en 2014, Ecuador junto con Sudáfrica, el otro gran actor de esta iniciativa, presentan una resolución en el Consejo de Derechos Humanos con el fin, ahora sí, de generar un mandato del Consejo que permita emprender la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante. No obstante, al tratarse de una resolución, cuya naturaleza de compromiso es más fuerte que una declaración, no se contó con los mismos apoyos que la declaración del 2013. La resolución, conocida como 26/9 fue adoptada con 20 votos a favor, 13 en contra y 14 abstenciones. Entre las abstenciones hay varios países del Sur Global, que según las conversaciones que mantuvimos con algunos de sus representantes, fueron invitados a “reflexionar” sobre las posibles consecuencias negativas que el apoyo a esta iniciativa podría tener en sus inversiones, comercio y cooperación técnica. Esta “invitación”, claro está, surgió de los países del norte.

Además de actores gubernamentales está participando la sociedad civil en la negociación del tratado. ¿Qué papel está jugando?

Claro. Cuando se habla de la ONU a veces se piensa que los debates son cerrados o circunscritos únicamente a los actores estatales. En este caso la resolución 26/9 tiene varios componentes que me parece interesante compartirlos con ustedes. El primero, la resolución 26/9 establece la constitución de un grupo de trabajo de composición abierta, sin límite en cuanto a la participación de los estados miembros de la ONU y de otros actores relevantes que pudieran participar en el proceso. Así mismo, la resolución 26/9 reconoce que este grupo de trabajo debe estar asesorado por un grupo de expertos en diferentes ámbitos, como el económico y jurídico, por ejemplo. Y en cuanto al proceso indica que el grupo de trabajo debe tener dos primeras sesiones (la primera se celebró en Ginebra en julio del 2015) para debatir el contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del instrumento vinculante que se pretende elaborar; y una tercera sesión en la que la presidenta relatora presentará un primer texto que sistematice las discusiones mantenidas en las dos primeras sesiones, así como algunas conclusiones y lineamientos para comenzar las negociaciones sustantivas.

En cuanto a la participación, debo hacer un reconocimiento y agradecimiento a la sociedad civil porque ha sido la clave para que Ecuador y Sudáfrica sigamos adelante con esta iniciativa. Actualmente hay más de 1.200 organizaciones sociales articuladas en lo que se llama la “Alianza para el tratado” y que además de apoyarnos, han hecho aportaciones sustancales a la materia que estamos debatiendo y que a muchos países les ha permitido tener diferentes visiones sobre cómo encarar este proceso de negociación. Cabe señalar que Ecuador está respetando los procedimientos de participación de la sociedad civil, en el sentido de que éstas deben estar registradas como organización en el Consejo Económico y Social de NNUU. Este procedimiento es importante para que no haya ninguna afectación a la transparencia del proceso facilitando así el posicionamiento de diferentes voces y propuestas en este debate. Y en este sentido, hay que subrayar la labor de la presidenta del grupo, la embajadora de Ecuador María Fernanda Espinosa, por el liderazgo durante este proceso que ha sido reconocido incluso por aquellos que se oponían al mismo.


Fotografía de Lur Errekondo.

¿Se ha mantenido contacto o se ha intentado implicar en el proceso a otros actores, como la Organización Mundial del Comercio (OMC)?

Estamos en un mundo en el que la perspectiva social, humana y de los derechos humanos ha sido relegada a un segundo plano. No negamos que las economías nacionales vivan de las inversiones y el comercio y que éstas sean una fuente de empleo, pero la filosofía desde la que nosotros vemos las cosas es que los derechos humanos y el respeto a la persona deben primar por encima de todo eso. En este sentido, el contacto con la OMC ha sido limitado porque su perspectiva es más de tipo económico y eso ha resultado incompatible en muchas ocasiones con la necesidad de reforzar el sistema de derechos humanos. Así mismo, no tener todavía un documento con los lineamientos de este proceso genera todavía algunas dudas e inquietudes en cuanto a la intencionalidad del mismo. Por eso esperamos que con un documento que recoja las principales conclusiones del proceso se involucren nuevos actores.

En un proceso tan complejo como este, ¿cuáles están siendo los principales obstáculos que se están encontrando en el camino?

Hasta el momento uno de los mayores obstáculos es la poca voluntad política que muchos actores están demostrando en el momento de vincularse a las negociaciones. Cuando hay países que no entienden el sistema de la ONU como un órgano para el diálogo, la negociación y el encuentro entre diferentes culturas, se generan conflictos y confrontaciones como los que estamos evidenciando en el ejercicio de la presidencia ecuatoriana del grupo de trabajo. Hay partes que abiertamente nos han dicho que no están dispuestas a sentarse a negociar y tienen sus razones, y son razones que como Ecuador acatamos, porque respetamos el derecho soberano de todos los estados. Pero sí nos llama la atención que eso se haga en un foro en el que aparentemente todos deberíamos estar llamados a generar debate, discusión e inclusive, a presentar las ideas de contraposición a propuestas que puede ser que no nos gusten. Este es uno de los mayores retos que tenemos.

El segundo reto es que muchas de estas voces opositoras están generando temores en otros estados sobre las consecuencias negativas que un tratado de este tipo podría tener en las inversiones, el comercio y la cooperación técnica. Por lo tanto, constantemente debemos matizar que estas inversiones en realidad no dependen de un instrumento internacional sino que dependen de factores económicos, de mercado. Por eso esta herramienta no tiene como objetivo destruir el mundo corporativo, sino mejorar el sistema internacional de respeto a los derechos humanos y en nuestra opinión, esa es una tarea que nos debe interesar a todos y todas.

¿Cuáles serían los beneficios de este tratado?

Hay varios beneficios. El primero es llenar un vacío que existe en la normativa internacional obligatoria para que las empresas transnacionales tengan un marco universal regulado que las obligue a respetar los derechos humanos. Esto generaría certeza regulatoria en el momento de efectuar inversiones y negocios. El segundo, es compensar el absoluto desbalance que existe entre los derechos que sí tienen las empresas transnacionales y las obligaciones que no tienen. Las multinacionales gozan de derechos jurídicos y económicos, así como políticos, porque ejercen influencia política sobre sus gobiernos cuanto éstas se ven en problemas. En cambio, si lo comparamos con las posibilidades legales que tienen aquellos que han sido afectados por acciones malintencionadas de empresas, nos encontramos ante una pelea de “David contra Goliat”.

Otro beneficio es que este tratado podría ser una posibilidad para que los países que tienen normativas débiles puedan regular de manera más efectiva las acciones de las e.t., amparados en una normativa internacional. En este sentido, quisiera recordar que el objetivo de este tratado es que aquellas transnacionales que infrinjan o cometan una acción indebida, se sometan a una regulación que permita que las víctimas de tales actos no queden desamparadas y sin justicia; además, se busca que esa normativa internacional obligue a las corporaciones a regresar a los cauces del respeto a las normas y a los derechos humanos. Casos como el colapso del centro comercial de Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron más de 1.000 personas, la mayoría de ellas mujeres que trabajaban en fábricas textiles de grandes marcas internacionales, cuyos familiares supervivientes tras una larga movilización consiguieron una compensación insignificante por parte de las multinacionales, son casos que nos deberían indignar y nos deberían llamar a la reflexión sobre el interés de reforzar el sistema de respeto a los derechos humanos.

El Gobierno de Ecuador ha tenido una actitud “fiscalizadora”, en el buen sentido de la palabra, con las empresas transnacionales con presencia en el país, ¿cómo es la relación actual con estas transnacionales que están operando en Ecuador?

La primera cosa que hay que tener en consideración es que desde el año 2007 empezó una nueva filosofía gubernamental en Ecuador liderada por el presidente Rafael Correa. Una filosofía que puso al ser humano como la base, el centro de atención por encima de cualquier otra consideración y que fue reflejada en la constitución del año 2008. Ésta ha sido la primera Constitución en el mundo y hasta el momento la única, que le concede derechos a la naturaleza y surge como un reconocimiento a toda la cultura ancestral de Ecuador.

Entre las varias medidas que ha tomado este Gobierno en el transcurso de estos últimos años está el debate de la deuda y la calificación de una parte de la deuda externa como ilegitima. La recalificación de esta deuda, que estaba sujeta a una gran especulación financiera, supuso un ahorro económico para el Estado y facilitó la inversión social. Según el Atlas de las desigualdades en Ecuador, publicación realizada conjuntamente con una decena de agencias de Naciones Unidas, la inversión que el Gobierno actual ha hecho en salud, en educación y en vivienda en los últimos 8 años, excede toda la inversión en conjunto que se ha hecho en los pasados 30 años. Por otro lado, en cuanto a las multinacionales, también se han tomado medidas, por ejemplo, con el sector petrolero. En este campo la situación era que por cada dólar que ingresaba la empresa por la producción de petróleo en territorio ecuatoriano, las petroleras entregaban sólo 10 o 15 centavos a su propietario, el Estado ecuatoriano, y el resto era una ganancia para dichas empresas. Y de esos 10 a 15 centavos, cero iban a las comunidades aledañas que eran las que al final deberían de alguna forma ser también beneficiarias de esa riqueza que está subyacente en las tierras que ocupan. El presidente Correa revirtió la proporción y esos ingresos adicionales se destinaron a inversión social.

Pero lo que debemos señalar aquí es que a nadie se le ha expulsado del territorio y no se ha nacionalizado nada. Es decir, el Estado reconoce el valor que tiene el sector privado en los procesos productivos para la economía nacional y en la generación de empleos. Y eso no está en duda. En este sentido, el propósito de un tratado vinculante es que el mundo corporativo tenga reglas claras de funcionamiento.

Para finalizar, ¿qué mensaje o llamamiento harías a la sociedad civil?

Hago un llamamiento para que tanto la sociedad civil como los representantes gubernamentales se involucren en el proceso. Consideramos que la sociedad civil debe seguir jugando un papel protagónico para concienciar a aquellos que hasta el momento han sido reacios a sentarse en la mesa de las negociaciones, de manera que flexibilicen sus posiciones y de manera democrática sean parte de los debates. También sabemos que muchos de los países que se oponen a esta iniciativa lo que han hecho es expresar las voces de sus ejecutivos, de sus gobiernos, pero sabemos también que esas voces no necesariamente coinciden con la voz de otras instancias como los parlamentos, y menos aún con la voz de sus sociedades. Por eso creo que es el momento de reforzar las acciones que permitan que más gobiernos se involucren en la negociación, porque es la manera democrática en la que Ecuador y otros países contribuimos al funcionamiento de los sistemas multilaterales.


Ver en línea : Pueblos, 10 de febrero de 2016.


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