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“Defendemos que el agua no es de nadie, pertenece al planeta, a otras especies, a las generaciones futuras, y es un bien público”

Entrevista de Erika González a Maude Barlow (Pueblos, nº 68, enero de 2016)

Sábado 23 de enero de 2016

Maude Barlow es una de las principales personas de referencia en la defensa del agua como derecho humano y como bien esencial para la vida. Y para ello ha desarrollado una intensa actividad, que ha sido reconocida con el Premio Right Livelihood (“Nobel Alternativo”), a través de diferentes espacios como la presidencia del Consejo de los Canadienses y el Proyecto Planeta Azul, entre otros. Hablamos con ella sobre el Oro azul.

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En su libro Oro azul (Blue gold) explica cómo el agua es un bien cada vez más inaccesible. También señala a las grandes ciudades, la deforestación y las enormes superficies de terrenos de regadío como las principales causantes del agotamiento de los recursos hídricos. Este libro se escribió en 2001, ¿considera que este análisis todavía es válido a día de hoy? ¿Cree que se ha corregido esta tendencia?

–Bueno, en primer lugar la respuesta es sí, es un análisis válido en la actualidad. Desde Oro azul he escrito otros dos libros sobre el tema del agua. El primero se titula El convenio azul. La crisis global del agua y la batalla futura por el derecho al agua, lo escribí en 2007 y describe lo mucho que ha empeorado la situación. Y el otro que acabo de escribir Futuro azul: proteger para siempre el agua, para las personas y el planeta. Así que estoy muy informada sobre lo que está pasando. De hecho, puede que en Oro azul me quedara corta, lo que ha pasado es más fuerte que lo que predije. A pesar de ser testigo de todo lo que estaba pasando, no pude prever lo rápido que se iba a producir el deterioro de los recursos hídricos. Estudios recientes demuestran que estamos duplicando el volumen de agua subterránea que extraemos, y lo estamos haciendo a una velocidad mucho mayor de la que necesita la naturaleza para reponerla. Además cada 20 años duplicamos el volumen de agua subterránea que extraemos utilizando tecnología de hace 60-70 años, así que en un periodo de tiempo muy breve estamos destruyendo nuestros ríos y sobre-explotando nuestros recursos hídricos subterráneos. En EEUU, utilizan nuevas tecnologías satelitales con las que pueden ver los acuíferos; así han identificado 37 grandes acuíferos, de los cuales 21 están en una situación de grave crisis y probablemente al menos 8 o 9 están en lo que llaman soportando una gran presión. La consecuencia es que en muchos lugares del mundo nos encontramos con crisis repentinas, como ocurre en China, donde la mitad de los ríos han desaparecido; o en África, donde 22 países sufren una crisis hídrica: o en Brasil, hasta hace poco el país con más recursos hídricos y que actualmente atraviesa una terrible sequía.

La menor disponibilidad de agua, ¿qué consecuencias tiene?

–Provoca que la lucha por el derecho humano al agua sea más extrema y más importante, porque si dispusiésemos de agua para todo el mundo, no sería tan necesario defender ese derecho; pero como se trata de un bien escaso, con una demanda que va en aumento mientras el suministro se reduce, se da una gran competencia para ver quién consigue controlar el agua. Y, desde que escribí el libro esa competencia se ha hecho cada vez mayor, más intensa.

Además hay que sumar los efectos del cambio climático.

–Desde luego. Cuando la mayoría de la gente habla sobre cambio climático y agua, especialmente ecologistas y activistas, sólo hablan del impacto que tiene el cambio climático. De lo que no se habla es de que cuando extraemos agua de las cuencas hídricas estamos creando desiertos; lo mismo ocurre cuando talamos árboles, que es la principal causa de la sequía en Brasil. Estamos haciendo que se reduzcan las precipitaciones, porque la selva genera enormes corrientes de aire llamadas “ríos voladores” que llevan consigo un gran volumen de precipitaciones, y ahora están depositando las precipitaciones en otros lugares como el polo Sur. Así que muchas de las principales fuentes de recursos hídricos, como el antiguo mar de Aral en Asia o el lago Chad en África, que eran el cuarto y sexto mayores lagos del mundo, casi han desaparecido; pero no a causa del cambio climático, sino de la sobre-extracción provocada por las actividades mineras, el sector de la energía, la producción mundial de alimentos, etc. La forma en que tratamos los recursos hídricos, cómo abusamos de ellos y el hecho de que no los protejamos es uno de los factores más importantes que contribuyen a provocar el cambio climático.

Hace poco asistí a una conferencia estupenda en la Universidad de Tufts (Boston), en la que se hablaba de que una de las principales soluciones para el cambio climático es la regeneración de suelos y recursos hídricos a través de la recuperación y la restauración de los ecosistemas. Si se recupera todo eso, plantando árboles, recuperando los humedales y plantando de nuevo los pastos, es posible retener las aguas pluviales y devolverlas a los arroyos utilizando técnicas antiguas como pequeñas presas, no grandes presas; haciendo todo eso es posible recuperar las cuencas hídricas y, cuando eso ocurra, volverá a llover. Me gustaría que cuando se reúna la COP21 debatan sobre esto, porque todo el mundo lo analiza en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo repercuten en el agua, que lo hacen, pero hay otra versión del asunto que estoy deseando compartir con todo el mundo.

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Usted ha vinculado los conflictos políticos y sociales con el agua, con la lucha por el control de los recursos hídricos. ¿Podría explicarnos el vínculo entre ambos?

–La lucha entre los intereses privados y el interés público se está produciendo de distintas maneras. Es importante reconocer que los intereses privados, los think tanks y las empresas se dieron cuenta antes que la mayoría de la gente de que se avecinaba una crisis hídrica, y pasaron a la acción y empezaron a hacerse con el control de los recursos hídricos. Uno de los mecanismos que utilizaron fueron los servicios de abastecimiento de agua, en manos de empresas como Vivendi y Thames Water en Inglaterra; cuestión que debemos agradecer a Margaret Thatcher, que fue la primera en poner en marcha esta privatización. Estas empresas han llegado a muchas partes del mundo y se han hecho cargo de los servicios de abastecimiento de agua y de tratamiento de aguas residuales con ánimo de lucrarse. Eso sí, en todos los lugares donde se ha privatizado la gestión del agua, ésta ha sido polémica. Las últimas estadísticas señalan que, en los últimos 15 años, 235 municipios que vivieron la experiencia de la privatización de estos servicios han vuelto a optar por un sistema público, como es el caso de Berlín o Paris y de algunas ciudades estadounidenses como Atlanta o Hamilton, vieron que la privatización era un error y la revirtieron, y una de las razones por las que los acuerdos de libre comercio son tan peligrosos es que dificultarían mucho estos procesos de remunicipalización, porque las empresas pueden denunciar para exigir una indemnización si optas por volver a un sistema de gestión pública una vez que éste se ha privatizado.

Otro de los mecanismos es el sector del agua embotellada. Se trata de una industria enorme, que destruye las fuentes de agua locales y genera inmensas cantidades de basura plástica, pero permite a empresas privadas ser propietarias de los recursos hídricos, controlarlos. En el caso de Nestlé su Director General Peter Brabeck trabaja además como consultor jefe para el Banco Mundial en temas relacionados con políticas hídricas; y, en calidad de consultor, aconseja al Banco Mundial que se privaticen los servicios de abastecimiento de agua en el sur global para después, como Director General de Nestlé, enriquecerse comercializando su marca Pure Life a las personas que no pueden permitirse pagar esos servicios privatizados.

Es decir que ha tenido un papel clave la comercialización del recurso, ¿no?

–Hay varios países que participan en lo que se llama “comercialización del agua”, que consiste en que, en lugar de una licencia a una empresa, concederle derechos sobre el agua y permitirle comerciar con ellos, con la idea de que puedan conservar el agua y sacar beneficios, y de esta manera ahorrar agua. Pero en los lugares donde se ha probado este sistema, como Australia y Chile, lo que ocurre es que el agua se convierte en una propiedad que pasa cada vez más a manos de grandes empresas de la agroindustria o del sector de la minería. En Chile se les permite que posean el agua, muchas empresas mineras van y “compran” el agua pública, convirtiéndose en propietarias, mientras los pueblos indígenas y las comunidades locales pierden su derecho al agua. En Australia comercian con los derechos sobre el agua entre sectores agrícolas y los precios subieron tanto que nadie podía permitirse comprar agua, ni siquiera el Gobierno cuanto intentó salvar algunos ríos. La última que voy a mencionar son los acaparamientos de tierra y de agua; los grandes inversores de los agronegocios llegan a África, por ejemplo, y compran grandes superficies de tierra con arrendamientos a 50, 60 o 70 años. Eso es lo que se denomina acaparamiento de tierra. Pero lo que yo digo es que también se dan los acaparamientos de agua.

Pero en 2010 las Naciones Unidas declaró que el agua es un derecho humano universal. ¿No habría que cambiar muchas cosas para que esa declaración sea una realidad, para garantizar que pueda ejercitarse en la práctica?

–Esta declaración ha sido un avance importantísimo. Yo he estado muy implicada en el proceso, estaba allí el día de la votación y pensé que íbamos a perder, pero 122 países votaron a favor y 41 se abstuvieron; ninguno votó en contra, ni siquiera Canadá que estaba en contra del derecho humano al agua; ninguno tuvo valor para votar en contra. Para nosotras fue un avance importantísimo llegar a ese punto. Todo el mundo me preguntaba, “entonces, ¿esperas que mañana las cosas hayan mejorado?” y yo les contestaba, “¡por supuesto que no!”. Pero ahora la humanidad ha dado un paso adelante y ha decidido que nadie debería ver como su hijo o hija se muere por una porque no tiene acceso a agua potable. Nadie debería tener que pasar por eso, es esencialmente injusto.

Desde entonces Naciones Unidas ha declarado el derecho humano al agua de distintas maneras, a través del Consejo de Derechos Humanos, a través del proceso Río +20, etc. Además, varios países han modificado sus Constituciones para incluir el derecho humano al agua y al saneamiento, o bien han introducido nuevas leyes para garantizar este derecho. Y, por último, ha habido varios casos judiciales en los que la gente, las comunidades, han acudido a los tribunales amparándose en este derecho. Uno de estos casos es el del pueblo bosquimano del desierto del Kalahari en Botsuana, que fue expulsado de sus tierras para extraer diamantes en ellas; así que destruyeron sus pozos, su única fuente de agua, y dijeron que cualquiera que llevase agua a estas personas sería arrestado. Estaban intentando matarles, de hecho mucha gente murió. Fueron a los tribunales y recuperaron su derecho a volver al desierto, pero no su derecho al agua. Esto sucedió sólo un par de semanas antes de la resolución de Naciones Unidas. Entonces, armados con las dos resoluciones, la de la Asamblea General y la del Consejo de Derechos Humanos, volvieron a los juzgados, y el Tribunal Supremo de Botsuana les dijo: “sí, tenéis razón; si Naciones Unidas dice que el agua es vuestro derecho humano, quiénes somos nosotros para ponerlo en duda”. Fue un caso muy importante, y ahora la gente sabe que existe esta declaración de las Naciones Unidas, ya que cuando se adoptó hace cinco años no recibió la atención mediática que merecía. Ahora podemos ampararnos en esta resolución, la gente lo sabe y lo está utilizando.

¿Cuáles son las obligaciones de los Gobiernos para implementar estos derechos?

–Deberíamos empezar a reflexionar sobre la capacidad para utilizar el derecho humano al agua en contra de los abusos del sector de la minería, del sector energético, del fracking, de la agroindustria, de cualquier actividad industrial o extractiva que esté destruyendo los recursos hídricos locales. Los Gobiernos tienen tres obligaciones en este sentido: la primera es hacer efectivo el derecho humano al agua, de modo que cualquier persona debe tener garantizado el acceso a agua y saneamiento, sino inmediatamente, si que debe haber un plan para lograrlo. La segunda es que no pueden arrebatar ese derecho a nadie que ya lo ejerza, como ha pasado en Detroit, donde han cortado el agua a decenas de miles de personas, al igual que en España, Italia y Grecia. Cuando fui a Detroit y vi lo que estaba pasando, conseguimos que fuese allí Catarina de Alburquerque, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, que junto con el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación llevaron a cabo una investigación de alto nivel y convocaron una rueda de prensa en la que denunciaron que en Detroit se estaban vulnerando los derechos humanos al agua, a la alimentación y a la vivienda. Fue maravilloso, había medios de comunicación de todo el mundo. Y la tercera obligación es impedir que los recursos hídricos sufran daños por parte de terceros. Así pues, en virtud del derecho humano al agua, no debería permitirse a ninguna empresa verter los deshechos contaminantes de una mina de oro en los flujos de agua y destruirlos. Tenemos que empezar también a hacer uso del derecho humano al agua de esta manera, y no tanto desde un punto de vista individualista y occidental de los derechos humanos, sino en términos colectivos, como un derecho de los pueblos a proteger sus recursos, al consentimiento previo, libre e informado y hacer valer sus derechos culturales sobre el agua. Éste es un elemento importante de la cuestión.

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Pero, ¿cómo podemos hacer efectivo el derecho humano al agua cuando los Gobiernos firman tratados de libre comercio como el CETA, el TTIP, TISA, etc., que van en contra de este derecho?

–Tuve la oportunidad de debatir con la Canciller Merkel en mayo, antes de la reunión del G7 en Alemania, y le planteé exactamente ese mismo argumento. Ella estaba diciendo que en el marco del G7 debatirían sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en los que estaban trabajando en ese momento, sobre el derecho humano al agua, sobre el cambio climático, sobre el empoderamiento de las mujeres…. y yo le dije, “Canciller, con todo el respeto, no pueden cumplir nada de eso mientras sigan promoviendo políticas macroeconómicas como el TTIP, el CETA o el TISA. Porque estos acuerdos están por encima de cualquier cosa que quiera hacer en el ámbito de los derechos humanos, el cambio climático o el empoderamiento de la mujer”. Está muy bien hablar sobre estas cuestiones, ¿pero de qué sirve si todas sus políticas, las que de verdad son efectivas, van en contra de todo eso? Ninguno de los acuerdos y declaraciones sobre medio ambiente o derechos humanos que firman nuestros Gobiernos cuenta con un mecanismo de aplicación.

Y respecto a los tratados de libre comercio existe un precedente en nuestro país (Canadá) en el que una empresa estadounidense de papel y celulosa que se fue por su propio pie llevándose los puestos de trabajo. Pero después se dieron la vuelta y dijeron: “reclamamos nuestros derechos sobre el agua, somos propietarios de esos derechos”; y entonces, cuando el jefe de Gobierno de Terranova les dijo “ese agua es nuestra”, iniciaron un proceso de litigio utilizando un mecanismo de arbitraje inversor-Estado (ISDS) en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN – NAFTA). Finalmente ganaron el proceso llevándose 130 millones de dólares. Así que es importante que lo entendamos bien: si los denominados derechos de los inversores en lugares como África se aprovechasen de ese concepto no sólo tendrían un acuerdo de arrendamiento, sino que serían propietarios del suelo y del agua. En mi opinión, ese precedente que se ha sentado en Canadá es uno de los más peligrosos del mundo.

La ONU no cuenta con ningún mecanismo para hacer valer el derecho humano al agua, son acuerdos de buena voluntad, éticos, sin embargo un tratado de libre comercio o un tratado de inversión sí son efectivos, pueden doblegarte. Por eso debemos entender el profundo y total desequilibrio de estos acuerdos. Y no se puede tener todo: no se pueden garantizar los derechos humanos y a la vez habilitar a grandes empresas como Swiss y Biolia para que puedan demandar a cualquier Gobierno que quiera recuperar la gestión pública del agua.

Las empresas transnacionales, los Gobiernos y los organismos internacionales han creado una narrativa sobre los aspectos positivos de la mercantilización del agua. ¿Cree usted que es necesario construir otros lenguajes para hablar del agua como un bien común de la humanidad y del planeta? ¿Cuáles son las principales ideas de este concepto del “agua como bien común”?

–El sector empresarial ha creado una narrativa basada en decir que el agua es escasa y que la única manera de ahorrar agua es ponerle precio, sacarla al mercado y que todo el mundo pague, y es así como ahorraremos agua e incluso la preservaremos. Pero en realidad no se refieren a todo el mundo, no se refieren a las empresas ni al sector del agua embotellada; cuando dicen “todo el mundo” se refieren a ti y a mí. Hablan de la ciudadanía y las familias. Eso es en lo que creen, e incluso si no lo creen de verdad, se enriquecen con ello. Peter Brabeck llegó a decir que no creía que el agua fuese un derecho; después cambió de opinión porque recibió muchísimas críticas y entonces dijo “vale, reservaremos el 1,5% de los recursos hídricos mundiales para las personas pobres y el resto lo pondremos en el mercado”.

Bien, nuestra narrativa es: éste es el mecanismo que utilizan las empresas para controlar los recursos hídricos, para poder distribuirlos como quieran y a quien quieran, y cobrar lo que quieran, pero así morirían millones y millones de personas. Defendemos que el agua no es de nadie, pertenece al planeta, a otras especies, a las generaciones futuras, y es un bien público. Es decir, es un patrimonio común que debe ser custodiado enérgicamente, no un bien con el que cualquiera pueda hacer lo que le dé la gana. Y tenemos que establecer directrices y normativas que regulen el acceso al agua.

Nadie, ninguna empresa, pública o privada, debe tener acceso a los recursos hídricos a menos que pueda garantizar la sostenibilidad de dichos recursos en el futuro. Y los Gobiernos tienen la función de garantizar la equidad, la justicia y la sostenibilidad, y eso debe ser una prioridad en todo lo que hagamos. En mi nuevo libro insto a adoptar una nueva ética del agua, y con esto me refiero a que en todas las políticas, normativas y prácticas, debemos plantearnos esta pregunta: ¿qué impacto va a tener esto en los recursos hídricos? Y si el impacto no es positivo, entonces no debe hacerse. En el caso del fracking es posible que el gas natural sea mejor que el petróleo, pero es muy destructivo para los recursos hídricos. Los biocombustibles pueden mejorar la calidad del aire, pero son malos para los recursos hídricos, consumen mucha agua. La producción de alimentos y su mercado mundial están destruyendo sistemas hídricos en todo el mundo, y es el sector que más agua consume; necesitamos que la producción de alimentos sea local, sostenible y orgánica, eso es lo más importante para ahorrar agua. Por eso todos estos acuerdos de libre comercio nos llevan en la dirección contraria. Son la antítesis de lo que deberíamos estar haciendo. Así que sí, tenemos una narrativa muy clara: que el agua es un derecho humano, un bien público; y debemos pensar que el agua no existe sólo para nosotros, ni siquiera en calidad de bien público o patrimonio común. Los ríos tienen derecho a fluir, las especies tienen derecho a evolucionar, etc., estos son derechos fundamentales y debemos reescribir nuestras leyes para reconocerlos. Y también hablar de la necesidad de ver el agua como un elemento pacificador, en lugar de una fuente de división y violencia; debemos reflexionar y pensar que quizá el agua es un regalo de la naturaleza para enseñarnos cómo convivir.


Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

Traducido por Ruth Pérez Lázaro.

- Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


Ver en línea : Pueblos, nº 68, primer trimestre de 2016.


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