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Las empresas españolas se beben los fondos de la cooperación

Lluís Basteiro i Bertolí

Martes 26 de enero de 2016

Diciembre de 2007, Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, la del famoso “por qué no te callas” de Juan Carlos I de Borbón a Hugo Chávez. Sin embargo, la cumbre realmente resulta mucho más relevante por el sorpresivo anuncio de Rodríguez Zapatero: un fondo de cooperación de 1.500 millones de dólares, a ejecutarse en cuatro años, para contribuir a resolver el problema del acceso al agua y al saneamiento en América Latina y el Caribe. Probablemente, el instrumento de cooperación más potente manejado nunca por la cooperación española.


Ilustración: Mª José Comendeiro.

Más allá de unas ciertas dudas iniciales sobre cómo se va a gestionar el Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento (FCAS) desde la Agencia Española de Cooperación internacional al Desarrollo (AECID), las ONGD y las administraciones públicas de la región se empiezan a posicionar para participar en la concreción y ejecución del FCAS. ¿Sólo se movilizan ellas? No, el sector empresarial percibe rápidamente la oportunidad, y se empieza a mover de forma sigilosa. O quizás no tan sigilosa.

La “privatización” de la cooperación

De hecho, el contexto le beneficia. Justo en los años posteriores al anuncio, y en un momento de súbito recorte de fondos de cooperación oficial, desde la AECID se empieza a abanicar el nuevo mantra de la cooperación: las alianzas público-privadas.

Explicado brevemente el sector empresarial aportará recursos técnicos, económicos y de conocimiento, a la cooperación internacional. Lo que en realidad se ha traducido en que, también brevemente, el sector empresarial se ha llevado fondos públicos. Justo al revés de lo que debía ser. Sin duda, uno de los casos más llamativos fue cuando la AECID otorgó, en 2011, 150.000 euros a Repsol-YPF para realizar proyectos en comunidades amazónicas ecuatorianas ubicadas en su área de intervención. Esto son las alianzas público-privadas.

El contexto beneficia así al sector empresarial para que se lleve su porción de la tarta. La contracción de la economía española fuerza a muchas empresas a tener que buscar nuevos mercados, y empuja a que la cooperación española pase a tener un nuevo eje de trabajo, la internacionalización de la empresa española. Son los momentos de la marca España, y de la mutación de los controvertidos Fondos de Ayuda al Desarrollo en el Fondo de Promoción al Desarrollo (FONPRODE) y en los explícitos Fondos de Internacionalización de la Empresa, en manos del Ministerio de Economía y Competitividad, por si acaso.

Un paréntesis. Para entender aún más la privatización de la cooperación y su rol como agente de internacionalización de la empresa española. El FONPRODE, herramienta ya de por sí controvertida por el hecho de estar gestionada financieramente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por su creciente carácter reembolsable, queda bajo la tuición de COFIDES (cuyas siglas responden al eufemismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo). Y COFIDES, sociedad de capital mixto adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, está en un 39% en manos de la banca española; concretamente del BBVA, Banc de Sabadell y Banco de Santander. Evidentemente, para que el FONPRODE sea atractivo para dicha banca, resulta necesario que se introduzcan algunas reformas “menores”, como que determinados informes no sean públicos, que se elimine el techo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) reembolsable, que se flexibilicen las condiciones para dar crédito, y que el FONPRODE pueda promover abiertamente la internacionalización de la empresa española. Y aun así, se le sigue llamando cooperación al desarrollo.

Regresemos al FCAS. Desde el Ministerio de Industria y Comercio se considera como inconcebible que, ante la crisis económica que afrontan las empresas españolas, éstas no vayan a adjudicarse fondos del FCAS, y así se lo transmite a la AECID, quien diligentemente incorpora dicho Ministerio al Comité Ejecutivo del FCAS. Además, cuatro empresas españolas, como Aqualia y la asociación de consultorías Tecniberia, se integran al reducido Grupo de Trabajo del FCAS, y diez empresas lo hacen al Consejo Asesor; entre ellas, lógicamente, la omnipresente Aguas de Barcelona (AgBar). Volveremos más adelante con AgBar, ya que tendrá la habilidad de conseguir que el FCAS le adjudique 18 millones de euros a su filial en Cartagena de Indias (Colombia).

A partir de ese momento, se multiplican los eventos y actos donde la oficina del FCAS reúne y explica a las empresas españoles asistentes cómo participar de la ejecución, acabando en un ruego más o menos velado para que se presenten a las licitaciones, concursos y adjudicaciones directas. De hecho, el FCAS se dirige por carta a Tecniberia, en 2010, y le “insiste en que las empresas de consultoría e ingeniería de Tecniberia han de animarse a presentar ofertas (…) y que el sistema de contratación será el negociado sin publicidad”. En todo momento se trata de fondos públicos de cooperación, conviene no olvidarlo.

Por último, toda esta estructura ejecutiva del FCAS es España, queda bajo la gestión financiera del ICO, quien circunscribe su gestión del mismo a su línea de internacionalización. ¿Y por qué el ICO gestiona el FCAS? La AECID aduce que le falta capacidad operativa para gestionar el FCAS, y que necesita apoyarse en algún organismo con capacidad y experiencia. Pero el ICO no sabe de cooperación. Sabe sobre dar créditos, básicamente.

También el brazo operativo del FCAS en América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sabe dar créditos. Y sabe para qué los quiere dar. De hecho, en la década dorada de la privatización del agua, a partir de mediados de los 90, el BID condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado. Aunque no sirvió de mucho, ya que el 62% de los procesos de privatización en América de Sur acabaacabaron siendo fallidos, y de éstos, el 57% retornó a la órbita pública. Llegados a este punto, conviene recordar que entre AgBar y Proactiva Medio Ambiente, una filial de Fomento de Contratas y Construcciones, la casa matriz de Aqualia, ambas presentes en órganos asesores y ejecutivos del FCAS, han participado de algo más del 40% de las privatizaciones de operadores de agua que se han realizado en Sudamérica. En definitiva, aunque al FCAS se le pide que apoye la gestión pública del agua, se rodea de actores que están por la gestión privada del agua.

Un segundo paréntesis. Desde algunos sectores, se observa con preocupación cómo la gestión del FCAS queda en manos del ICO y del BID, bancos que dan créditos. ¿No será que el FCAS es ayuda reembolsable? No, no lo es. Pero sí que convive alegremente con fondos reembolsables. De hecho, el principal interés del BID para hacerse cargo del tramo multilateral del FCAS, es que éste va a servir para apalancar algunos créditos. Es decir, va a actuar de tramo no reembolsable para créditos concedidos por el BID. Así, a mediados de 2011, cerca del final teórico de la ejecución del FCAS (aunque en realidad no se está ni a la mitad), por cada euro que aporta el FCAS al BID, éste viabiliza 59 céntimos en créditos. No, el FCAS no es reembolsable, pero es una figura fundamental para que el BID coloque sus créditos en la región, aumentando así la deuda externa.


Ilustración: Mª José Comendeiro.

Fondos públicos de cooperación para empresas privadas

Hasta aquí, se puede decir que todo no son más que indicios, más o menos justificados, hacia donde puede derivar la ejecución del FCAS. En algunos países, como Bolivia o Nicaragua, las administraciones públicas muestran un rol relevante, velando para que el FCAS se mantenga en la órbita de la gestión pública. Pero ello no impide que las empresas españolas se lleven importantes contratos. IMESAPI, filial de la constructora ACS de Florentino Pérez, consigue 20 millones de dólares para la construcción de alcantarillado en Bolivia. Allí mismo, TRAGSA, una empresa pública española, algo más de 15 millones. De nuevo, conviene recordar que se trata de fondos públicos de cooperación. Las ONGD españolas, muchas de ellas con experiencia en el sector del agua, reciben del FCAS 0 euros. En Bolivia y en toda América Latina.

Colombia y Haití son casos aparte. Allí los fondos de cooperación no sólo van a las arcas de empresas españolas, sino que además sirven para fortalecer la privatización y la gestión privada del agua, contradiciendo uno de los principios del FCAS, la gestión pública.

En Colombia, la filial de AgBar en Cartagena de Indias, Aguas de Cartagena (ACUACAR), recibe del FCAS, este 2015, 7 millones de dólares de fondos públicos de cooperación dirigidos a mejorar la rentabilidad de la privatización, financiar el aumento de producción y personas usuarias, y por tanto, mejorar su cuenta de resultados. La AECID se escuda en que los recursos se entregan al municipio de Cartagena de Indias. Pero ACUACAR es una empresa mixta entre el municipio y AgBar. De hecho, la ejecución del proyecto va a cargo de ACUACAR, quien se asigna un 2% para gastos de gestión. Con esos fondos, la empresa debe ampliar la capacidad de la planta de potabilización El Bosque, para aumentar la continuidad del servicio y el abastecimiento en 23 barrios y corregimientos. Todas ellas son intervenciones comprometidas anteriormente en la zona de explotación de ACUACAR (en el caso de la planta, en parte debido a problemas de mantenimiento no resueltos por la propia empresa), pero que se materializan con financiación pública de cooperación.

Sin embargo, no es la primera vez que el FCAS aporta fondos a AgBar. El año 2009, pese a las objeciones de diversas ONGD, se entregan a ACUACAR 11 millones de dólares (aunque finalmente se devuelven cerca de 7 por no haberlos ejecutado) para mejorar la planta de Albornoz y la distribución de agua a los barrios Mandela y Herrera, cubriendo inversiones que ya estaban comprometidas por ACUACAR.

Otro caso muy similar, siempre en Colombia, son los 8 millones de dólares entregados a Metroagua, el operador privatizado de Sta. Marta. Metroagua es una filial del Canal de Isabel II, el operador público de agua de Madrid, constantemente envuelto en noticias de privatización, y que fuera de su área de concesión en Madrid, actúa como una auténtica multinacional. Los fondos aportados por el FCAS a Metroagua son para el colector Bastidas de aguas pluviales, incluido en el programa de obras de Metroagua. Obras comprometidas por Metroagua, sí, pero que acaban siendo financiadas por fondos públicos de cooperación.

Haití también es un país con elementos de análisis interesantes. Entre los objetivos del FCAS figura, de forma explícita, “reforzar el sistema institucional para una adecuada gestión del sector del agua que favorezca una gestión pública, transparente y participativa del recurso” [1]. Sin embargo, los recursos delegados por el FCAS al BID en Haití tienen otro objetivo: realizar una reforma del sector del agua, introduciendo la “participación del sector privado en la gestión operativa del sector” [2]. Aunque la contradicción es notoria, se resuelve fácilmente hacia los intereses de las multinacionales. Lyonnaise des Eaux y AgBar, ambas controladas por el gigante del sector, la francesa Suez, obtienen cerca de 13 millones de dólares para reformar el sector del agua.

Pero en Haití, el FCAS reparte también muchos más recursos a empresas españolas: 14 millones de dólares al consorcio formado por INCATEMA y Metroagua (exacto, la misma que aparece dos párrafos antes, que ya se ha llevado ocho millones de dólares en Colombia), 5 millones para el consorcio formado por SGS, Euroestudios y SERS, 3 millones a la ingeniería EPTISA. Es decir, más allá de la pertinencia y calidad de sus trabajos, lo que es indiscutible es que el FCAS se convierte en una estupenda herramienta de internacionalización de la empresa española, de algo que no se puede considerar AOD, y de promoción del BID. Qué lejos quedan las expectativas que nacieron aquel diciembre de 2007.


Lluís Basteiro i Bertolí es miembro de Ingeniería sin Fronteras de Cataluña.

- Artículo publicado en el nº 68 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2016.


Ver en línea : Pueblos, nº 68, primer trimestre de 2016.


Notas

[1Real Decreto 1460/2009, de 28/09, sobre organización y funcionamiento del FCAS.Artículo 4, Objetivos del Fondo y principios que lo inspiran

[2Ficha del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Puerto Príncipe, ver aquí >>


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