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“Es urgente poner en marcha un Tribunal Internacional que investigue y juzgue las denuncias contra las transnacionales”

Entrevista a Juan Hernández (OMAL) en "Economía desde el otro lado" (Juanjo Basterra, 16 de diciembre de 2015).

Sábado 26 de diciembre de 2015

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro han publicado el libro "Contra la lex mercatoria. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales". Consideran necesario establecer un Tribunal Internacional que controlen a las multinacionales, para poner fin a los abusos que cometen contra las personas, los pueblos y el medio ambiente. Rechazan el TTIP y otros tratados comerciales e inversiones, porque favorecen solo al poder económico, y critican las puertas giratorias.

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Juan Hernández es profesor de la UPV-EHU e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Pedro Ramiro es coordinador de OMAL, un proyecto de investigación de la Asociación Paz con Dignidad.

Ambos llegan a una conclusión directa y amarga de que "las empresas transnacionales se escapan prácticamente de cualquier control, tanto público como ciudadano, gracias al poder económico-financiero sin precedentes que poseen, a su carácter transnacional, a su versatilidad jurídica y a las complejas complejas estructuras que utilizan para evadir las diferentes leyes y regulaciones nacionales e internacionales". Para dar ese portazo al control público y popular, los autores de este libro, publicado por la editorial Icaria, explican que las transnacionales se asientan en "los países con legislaciones más débiles en materia de impuestos, rendición de cuentas y transparencia -al igual que en términos laborales y medioambientales-, lejos del lugar donde desempeñan el grueso de sus actividades económicas y donde sus actividades pueden tener impactos adversos sobre los derechos humanos".

Entrevistamos a Juan Hernández, que analiza lo que han planteado en este nuevo libro.

PREGUNTA: ¿Los pueblos, los estados, están a merced de las transnacionales que siguen acumulando poder?

JUAN HERNÁNDEZ: Rotundamente sí. La progresiva pérdida de competencias estatales, la expansión y consolidación de las grandes corporaciones, la creación de una red formal e informal de normas y prácticas jurídico-económicas de organismos multilaterales e institucionales internacionales han servido para establecer una lex mercatoria de una gran fortaleza jurídica, que han convertido a las multinacionales en agentes clave de la economía mundial y del capitalismo global. Y han sido las principales beneficiarias de las políticas diseñadas por los estados centrales y las organizaciones internacionales, que privilegia el interés de los grandes accionistas y de los líderes empresariales en contra de los derechos de los pueblos y de las personas.

PREGUNTA: ¿Es crítico con la evolución que está jugando y teniendo la ONU?

JUAN HERNÁNDEZ: Así lo demuestra la evolución normativa que en las últimas cuatro décadas ha sufrido ese organismo. Mientras que, a principios de los años setenta del siglo pasado, la Asamblea General aplaudía puesta en pie el discurso de Salvador Allende, que afirmó que "la comunidad mundial, organizada bajo los principios de las Naciones Unidas, no acepta una interpretación del Derecho Internacional subordinada a los intereses del capitalismo", a finales de la primera década de este siglo pasaba a dar por bueno que su secretario general Ban Ki-Moon dijera que "ahora, una nueva oleada de crisis exige un sentido renovado de la misión por cumplir" y llamó a sumarse al "capitalismo inclusivo; una nueva constelación en la cooperación internacional: gobiernos, sociedad civil y sector privado trabajando juntos en pro de un bien colectivo mundial", que no es tal, sino que es beneficio para esas grandes corporaciones.

PREGUNTA: ¿Qué ejemplos puede ofrecer de ese poder?

JUAN HERNÁNDEZ: Hay muchos. En la actualidad, las empresas transnacionales tienen un poder que, en términos económicos, es mayor que el de muchos estados. Wal-Mart, Shell y Exxon Mobil, por ejemplo, tienen unos ingresos anuales superiores al Producto Interior Bruto (la riqueza de un país) de países como Austria, Sudáfrica y Venezuela. Telefónica y Repsol, por su parte, manejan unos volúmenes de ventas que duplican el PIB de Bolivia y el de Honduras, respectivamente. Y las ganancias de estas compañías, que se traducen cada año en grandes dividendos para sus accionistas y directivos, no han dejado de incrementarse, a pesar de la crisis económica.

PREGUNTA: En esa relación, también tendríamos lo que se denominan las "puertas giratorias". ¿Son parte de ese entramado de poder de las grandes corporaciones?

JUAN HERNÁNDEZ: Efectivamente. Tenemos múltiples casos de ex gobernantes pasando del sector público al privado y viceversa, condicionando las decisiones políticas al poder económico y, además, enriqueciéndose con todo ello. Solo en el Parlamento Europeo se calcula que hay 15.000 lobbistas a tiempo completo, el 70% de ellos con vínculos a las grandes multinacionales, dedicados a influir en las decisiones de las instituciones europeas.

En este caso, me gustaría destacar el rol que juegan en la construcción de subjetividad en los imaginarios colectivos, utilizando la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar su poder de comunicación y persuasión en las sociedades de consumo. Además, a través de los grandes medios de comunicación, que se han vuelto totalmente dependientes, tanto de los anunciantes como de las entidades financieras que controlan sus consejos de administración, las corporaciones transnacionales siguen construyendo el relato hegemónico que nos presenta la internacionalización empresarial y la inversión extranjera como los pilares fundamentales para la "recuperación económica y la salida de la crisis".

PREGUNTA: ¿No está de acuerdo con esos pilares que nos venden los gobiernos verdad?

JUAN HERNÁNDEZ: No. Las consecuencias de la expansión global de las corporaciones transnacionales en el marco del actual modelo socioeconómico han venido siendo documentadas y sistematizadas por diferentes centros de estudios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de todo el mundo. Todos ellos evidencian que la internacionalización de los negocios de estas empresas conlleva toda una serie de graves efectos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales. Y, en contra de lo que prometen los discursos oficiales como el de la "marca España", los máximos beneficiarios del modelo no han sido las clases trabajadoras ni las mayorías sociales, sino los grandes propietarios y los máximos directivos de esas compañías.

PREGUNTA: ¿Los tratados de libre comercio e inversión, como el TTIP, entre otros, no beneficiarán a la población, a la economía de los pueblos, siguiendo esa misma lógica?

JUAN HERNÁNDEZ: Desde la perspectiva de los derechos humanos, los tratados comerciales y los acuerdos de protección de inversiones, a través de lo que se han denominado tribunales privados, desprecian tanto en su filosofía como en sus propuestas de regulación el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es -incluido el Derecho Internacional del Trabajo y el Ambiental- jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversiones, nacionales e internacionales, por su carácter imperativo y como obligaciones de toda la comunidad internacional. Por lo tanto, el TTIP, etc no deberían de estar por encima, pero el hecho de que incluyan esos tribunales internacionales de arbitraje tienen una función fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los estados receptores.

PREGUNTA: La comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström, presentó en setiembre pasado una propuesta para modificar precisamente ese mecanismo de solución de controversias, conocido por ISDS, ¿cree que soluciona ese peligro de privatizar los tribunales y ponerlos al servicio de las multinacionales?

JUAN HERNÁNDEZ: No soluciona nada. Porque los nudos sustanciales del sistema arbitral se mantienen: las modificaciones formales que se plantean son tan solo un pequeño peldaño de la larga escalera de impunidad a favor de las corporaciones transnacionales que el arbitraje destila por todas partes. Sin negar la importancia de algunas de las reformas, en esta nueva versión del arbitraje los elementos centrales de la propuesta permanecen inalterables. Porque la propuesta de la comisaría europea no menciona ni una vez los derechos humanos, laborales, medioambientales, sociales. culturales...De este modo, los jueces del citado tribunal, propuesto por Malsmtröm, deberán aplicar fundamentalmente las normas comerciales y de inversiones que el TTIP contenga. Es decir, no cruzarán el sistema internacional de derechos humanos con las reglas de comercio e inversiones,lo que implica desconocer que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es jerárquicamente superior al contenido de cualquier tratado comercial.

PREGUNTA: ¿Qué alternativas plantean en el libro, sin desvelar todos los ingredientes que lo dejaremos para su lectura?

JUAN HERNÁNDEZ: Se basan en el control. Es necesario un "código externo vinculante" cuyo contenido debería bascular, como explicamos en el libro Pedro Ramiro y yo, entre la síntesis de los establecidos en las normas ad hoc de la OIT, la OCDE (declaración tripartita) y la ONU (las normas de 2003) y los proyectos de códigos obligatorios de la década de los setenta en Naciones Unidas. También se debería añadir la responsabilidad de la empresa matriz a sus filiales, proveedoras y subcontratistas; la transferencia de tecnología, la subordinación de las multinacionales a la soberanía de los estados receptores; la noción de interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas aplicables en materia de derechos humanos; la responsabilidad civil y penal de los dirigentes; la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la doble imputación: las grandes corporaciones son penalmente responsables por los delitos y crímenes que cometen, al igual que los dirigentes que tomaron parte en sus decisiones.

PREGUNTA: ¿Cómo o quién garantiza esas medidas?

JUAN HERNÁNDEZ: Habría que poner en marcha un Tribunal Internacional encargado de aceptar, investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, así como de velar por la ejecución de las sentencias. Y, además, creemos que es imprescindible crear un centro de empresas transnacionales con el objetivo de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las multinacionales.

Es tiempo de las personas y de los pueblos, de quienes no olvidamos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el resultado de la lucha de miles de organizaciones y millones de mujeres y hombres en todo el mundo. De ahí, que todas las propuestas y alternativas que presentamos en el libro se enmarquen en la línea de establecer un marco normativo basado en la responsabilidad y ética de las generaciones presentes y futuras y en la obligación de proteger la Tierra y sus habitantes. Y, sin duda, enfrentarse a la fortaleza de la lex mercatoria y al poder de las empresas transnacionales no es sencillo, pero las posibilidades de llevar a cabo cambios que mejoren realmente la vida de la gente, que sirvan para convivir en paz con el planeta y que apuesten por una transformación radical de nuestro modelo socioeconómico pasan, inevitablemente, por ese camino. Como concluimos en el libro: en él nos seguiremos encontrando.


Ver en línea : Juanjo Basterra, "Economía desde el otro lado", 16 de diciembre de 2015.


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