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Su factura de gas subirá en enero... gracias al Castor

Fuente: Diagonal

Jueves 17 de diciembre de 2015

¿Recuerdan el Castor, aquel almacén de gas subterráneo que se construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona pese a la oposición frontal de las organizaciones ecologistas, que advertían de su peligrosidad desde años antes de su construcción? ¿Recuerdan los centenares de terremotos que comenzaron a producirse desde el mismo momento en que empezó a inyectarse gas en el subsuelo marino? ¿Recuerdan que, cuando las autoridades políticas no tuvieron más remedio que reconocer que los temblores estaban provocados por la inyección de gas, el almacén fue cerrado en julio de 2014? ¿Recuerdan que, a pesar de todo, el Gobierno acordó entregar a la compañía que lo gestionaba, Escal UGS –participada al 66,6% por ACS, de Florentino Pérez–, una indemnización por la renuncia a la concesión de 1.350 millones de euros? ¿Recuerdan que ese dinero se pagó apresuradamente a la compañía en noviembre de 2014, gracias al Real Decreto-Ley 13/2014 publicado en octubre, a pesar de los tres recursos de inconstitucionalidad presentados en su contra?

 

Pues a partir del 1 de enero la factura de gas de todos los hogares se engrosará con el pago de la deuda generada por esta “compensación” económica a la compañía, una deuda que crecerá, según las organizaciones ecologistas, hasta los 4.700 millones de euros los próximos 30 años, sin contar con los costes de mantenimiento que se abonan a Enagas, la empresa que desde el cierre está encargada del mantenimiento de las instalaciones.

Por ello, más de una veintena de organizaciones ecologistas y sociales han lanzado hoy una campaña, #NoPagoCastor, por la que hacen un llamamiento al no pago de la deuda del proyecto, considerada ilegítima, "así como para que las instalaciones sean desmanteladas, puesto que ya se han demostrado como peligrosas e incluso innecesarias. De hecho, estas organizaciones recuerdan que el Proyecto Castor tiene una causa abierta en el juzgado nº 4 de Vinarós, donde se están juzgando delitos de prevaricación ambiental, contra el medio ambiente y contra los recursos naturales, delitos por los que se hallan imputadas 18 personas: responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión, además de varios directivos de Escal UGS.

Además, el propio Parlamento Europeo aprobó en abril una resolución que “insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1.300 millones euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa". El texto aprobado por los parlamentarios pedía también a la Comisión "que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo e investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida".

Por ello, las organizaciones ecologistas, que llevan años denunciando la opacidad del proyecto, los riesgos asociados y las irregularidades administrativas, exigen con la campaña #NoPagoCastor "que se congele la ejecución del pago en las facturas como mínimo hasta que no finalicen los distintos procesos judiciales, y que se depuren realmente las responsabilidades”.


Ver en línea : Diagonal, 16 de diciembre de 2015.


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