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Empresas transnacionales españolas: propuestas alternativas de fiscalidad

Chantall Marie Ramírez (Pueblos, nº 67, octubre 2015)

Martes 15 de diciembre de 2015

En épocas de “bonanza” pasaban desapercibidas, hoy no. La crisis económica que atraviesa España desde hace casi una década ha puesto el foco sobre cuestiones económicas y sociales que venían desarrollándose en el país mucho antes del estallido de la misma, entre ellas prácticas fiscales de grandes empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar contribuir a los presupuestos del Estado. Diferentes instituciones y voces expertas proponen alternativas que abogan por la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia.

El fraude fiscal representa uno de los mayores agujeros presupuestarios para la economía española: a través de las grietas legales dentro del sistema tributario las grandes firmas aprovechan los beneficios fiscales y, además, utilizan la ingeniería fiscal para transferir sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación y así reducir sus facturas fiscales.

En la actualidad, casos tan sonados como el Luxleaks, que muestra cómo más de 340 transnacionales han recurrido a la evasión fiscal para pagar menos impuestos y aprovechar las leyes ventajosas de Luxemburgo, o la famosa lista Falciani, que contiene 130.000 nombres de potenciales evasores con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra del banco inglés HSBC, profundizan en la necesidad de buscar nuevas alternativas a este tipo de prácticas cada vez más generalizadas.

España, uno de los países con menor presión fiscal

Otro factor que añade más leña al fuego es que diversos informes internacionales, entre ellos el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que España es uno de los países con menor presión fiscal de la zona euro, ubicándose muy por debajo del promedio. En 2013 este parámetro se situaba en España en el 32,6 por ciento frente al 40,1 de la media europea, y esto teniendo en cuenta que entre 2007 y 2013 se produjo la mayor caída de la presión fiscal de la zona, disminuyendo en un 5,4 por ciento.

En los últimos años, la excusa de los grandes déficits públicos ha sido utilizada para llevar a cabo el desmantelamiento del estado de bienestar, con privatizaciones incluidas, sin plantearse la posibilidad de desarrollar una política fiscal más justa o de eliminar la evasión y el fraude fiscal por parte de empresas transnacionales. En este contexto, destacan propuestas alternativas a la fiscalidad que hacen de la imposición a estas empresas el verdadero impulso de la economía del país y permiten el sostenimiento del estado de bienestar a través de la justicia, la equidad y la redistribución.


Ilustración: Mº José Comendeiro.

A través de la búsqueda de alternativas a la fiscalidad se puede incentivar la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia, y con ello se avanzaría en el cumplimiento del artículo 31.1 de la Constitución española de 1978: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Algunas sugerencias

La realidad golpea de frente dejando claro que el sistema fiscal español recauda poco y que se encuentra muy por debajo de la media europea. Autores como Vicenç Navarro, Juan Torres o Alberto Garzón, así como instituciones como Intermón Oxfam, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) o la OCDE, han hecho algunas recomendaciones acerca de los cambios que deberían implementarse en el sistema fiscal español para hacerlo más justo y eficiente. La primera recomendación que hacen es la de una reforma al impuesto sobre sociedades, pues a pesar de que desde 2007 el tipo nominal general de este impuesto es del 30 por ciento para las grandes empresas y del 25 para las PYMES, el tipo efectivo que soportan (es decir, lo que pagan respecto a sus beneficios) es muy inferior al nominal gracias a la aplicación de exenciones, a mecanismos de planificación fiscal y a que las empresas de mayor tamaño aprovechan todas las oportunidades para reducir la factura fiscal.

En segundo lugar, hacen referencia a la necesidad de eliminar privilegios fiscales y figuras como la de las Empresas de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE), especialmente atractiva para los extranjeros no residentes en España, ya que los beneficios de sus filiales no tributan en España, como tampoco la posterior distribución de los dividendos a sus socios (salvo que sean residentes en paraísos fiscales). El sistema fiscal español, aseguran, debe eliminar las ventajas fiscales en materia impositiva sobre la renta empresarial y la derivación de los incentivos al ámbito más transparente de la financiación y las políticas de gasto público.

Otro elemento que debe ser revisado son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). GESTHA y Oxfam coinciden en la necesidad de realizar una modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para establecer un porcentaje máximo de participación, entre un dos y un cinco por ciento, fijado así estatutariamente para evitar abusos y equiparar la tributación de los beneficios a los de las empresas.

Por otro lado, una de las grandes propuestas para el endurecimiento de las sanciones contra el fraude y el delito fiscal es la aprobación de una ley tributaria anual. Esta ley recogería y corregiría los huecos legales o de interpretación descubiertos por las administraciones tributarias y estaría abierta a un período de consulta en el que podrían participar tanto profesionales de la Administración como la sociedad civil.

Con el objeto de reducir la desigualdad económica a largo plazo, diferentes organizaciones proponen la aplicación de un impuesto al patrimonio y a las grandes fortunas. GESTHA plantea la creación de un impuesto sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), lo que podría hacer que se triplicara la recaudación.

Otro de los retos a los que se viene enfrentando el sistema tributario español desde su modernización es a la lucha contra la economía sumergida. En este contexto, Oxfam propone que las medidas que se tomen sean tanto en procedimiento como en cuantía a tributar, de manera que se incentive el cumplimiento voluntario y la formalización también en la seguridad social.

Los técnicos de GESTHA consideran que el mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra este tipo de fraude, ya que sólo reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida (hasta situarla al nivel de la media de la UE) se obtendrían más de 38.500 millones de euros adicionales cada año, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.

Un problema mundial

Es indudable que la evasión y la elusión fiscal son un problema de alcance mundial, cuyas repercusiones en el conjunto de la economía han quedado patentes a raíz de la crisis actual. Las estructuras complejas que tienen las corporaciones transnacionales posibilitan que tengan a su disposición una serie de técnicas que permiten trasladar beneficios de una filial a otra, con el objetivo de favorecerse de cada legislación.

A nivel internacional, las propuestas giran en torno a la necesidad de desarrollar un impuesto a las transacciones financieras, medida defendida en los últimos años por ATTAC. Por su parte, las transacciones en España (al igual que en muchos otros países) están exentas de IVA, por lo que el Estado deja de recaudar 2.500 millones de euros anuales (30.000 millones en la UE). En un informe propuesto por la Comisión Europea, dada la diferente naturaleza que presentan los activos financieros gravados, se propone aplicar un tipo impositivo mínimo del 0,01 por ciento en la compraventa, cesión, celebración o modificación de los contratos de derivados y un gravamen del 0,1 para el resto de instrumentos.

La existencia de estas normas fiscales ha favorecido la expansión de las políticas de precios de transferencia en los grupos transnacionales, lo que está provocando una reacción impositiva de las administraciones. Es importante que, de forma conjunta, los gobiernos a nivel global reaccionen implantando medidas antiabuso o de control de las compañías extranjeras.

En el entorno de la UE se debe, por un lado, incrementar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio, aumentando la participación de las administraciones tributarias autonómicas, y, por otro, crear consorcios tributarios y ampliar la información sobre transacciones internacionales de capital.

La OCDE apunta que es necesario, en términos de precios de transferencia, mejorar las normas para poner más énfasis en la creación de valor por parte de grupos muy integrados, abordando el uso de intangibles, riesgos, capital y otras transacciones de alto riesgo para desviar los beneficios. Asimismo, recomienda que se utilice el principio de los precios de mercado para los precios de transferencia y para determinar si una transacción es “abusiva” con respecto a dichos principios.

Contra los paraísos fiscales

Otro factor esencial a nivel internacional es la lucha contra los paraísos fiscales, que actúan en un ambiente de secretismo e impunidad con un impacto enormemente perjudicial, debilitando las instituciones dentro de los países y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Entre las medidas a tomar estaría, en primer lugar, la de buscar una definición más objetiva y completa del término “paraíso fiscal”, ya que el estándar utilizado por la OCDE se ha mostrado insuficiente. En segundo lugar, la de actuar contra el uso abusivo de los trusts [1]: sin un registro público (disponible para las autoridades fiscales de otros países) es prácticamente imposible obtener información acerca de los activos depositados. A nivel europeo esta armonización de registros conduciría a establecer un registro de sociedades y trusts que permitiría conocer a los beneficiarios reales de toda entidad creada.

Como tercera medida, organizaciones como Oxfam apuestan por crear una lista negra europea de paraísos fiscales con carácter vinculante y, a partir de ahí, desarrollar una estrategia coherente para luchar contra ellos. Por último, habría que mejorar la transparencia sobre la información financiera de las grandes empresas, especialmente de las multinacionales. Las empresas deben facilitar de forma pública y accesible la lista de todas las filiales y los países en los que operan.

Sin lugar a dudas, la crisis económica y financiera desatada en 2008 -y los enormes déficits presupuestarios que ha generado- han supuesto el empuje necesario para que diseñar un sistema fiscal cimentado en bases que puedan sostenerse a largo plazo vuelva a estar dentro de las prioridades del país. Recuperar la capacidad recaudatoria del Estado para mantener el nivel de gasto público actual e incluso aumentarlo para mejorar las prestaciones y la cobertura del estado de bienestar es imprescindible, no obstante, es necesario hacerlo mediante un sistema impositivo que sea progresivo y recaiga sobre todos y todas: empresas e individuos, en función de su capacidad y de su actividad económica real.

Para ser socialmente responsable se debe ser fiscalmente responsable, por eso el Estado debe poner en marcha leyes que obliguen a las grandes empresas a pagar lo que corresponde y a cerrar los resquicios del sistema fiscal internacional de los que éstas se aprovechan. Por su parte, las grandes firmas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales: sólo un trabajo conjunto permitirá una mayor recaudación y justicia fiscal en el futuro.

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Chantall Marie Ramírez es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad y del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).


Ver en línea : Pueblos, nº 67, cuarto trimestre de 2015.


Notas

[1Mecanismo de origen anglosajón empleado durante décadas con distintos propósitos; un contrato privado por el cual una persona transfiere un bien o derecho a otra persona de su confianza con el fin de que lo controle y administre en beneficio de terceras personas, normalmente familiares o allegadas.


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