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La banca pública en España: diagnóstico y propuestas de actuación

Fernando Heredia García (Pueblos, nº 67, octubre 2015)

Lunes 14 de diciembre de 2015

A la hora de abordar cualquier debate de índole económica, pocos conceptos han sido, y de hecho son, más controvertidos y discutidos que el de banca pública. Es innegable que sea así debido a la elevada carga ideológica que intrínsecamente posee, como ocurre con muchos otros conceptos económicos. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista en el que actualmente vivimos: el crédito es un pilar fundamental dentro del proceso de acumulación capitalista. Y esta reciente crisis financiera ha servido para demostrar, una vez más, que quien controla el sistema financiero es capaz de controlar el resto de la economía.

Las personas extranjeras se encuentran entre los grupos sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segundo nivel en relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles barreras de hecho, como el desconocimiento del idioma del Estado en el que viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de las personas extranjeras en situación irregular. Muchas veces son víctimas de violaciones que no denuncian por miedo a sufrir represalias o a ser deportados. Además, la pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas nacionalidades o rasgos étnicos.

Como suele ocurrir en todas las etapas económicamente difíciles, ahora se han puesto de relieve deficiencias estructurales que ya existían anteriormente. Entre ellas está la mayoritaria apropiación en manos privadas del sistema crediticio a nivel internacional, constituyendo ésta la principal vía de financiación de cualquier actividad económica. Eso ha provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto de sectores, con la evidente paralización de las demás actividades a nivel general. Además, el dejar en manos privadas la capacidad de otorgar créditos al resto de la economía ha favorecido la agrupación de entidades financieras en grandes corporaciones con sobrada capacidad para imponer sus propios intereses. Finalmente, este exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha provocado que se eleve a la categoría de dogma la afirmación del too big to fail (demasiado grandes para caer).

En consecuencia, resulta bastante evidente que es pertinente otorgar más importancia y visibilidad al debate acerca de la conveniencia de una banca pública capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca privada.


Ilustración: Mº José Comendeiro.

¿Qué se entiende por banca pública?

Es oportuno aclarar que, en general, la terminología acerca de la banca pública en la literatura económica es notablemente confusa. Por ello, aquí se adoptará por válida la definición que realiza el economista Alberto Montero en el Diccionario crítico de empresas transnacionales, donde afirma que la banca pública es “una institución crediticia en la que el control y la gestión están en manos de alguna administración pública o del Estado” [1].

Una vez aclarado, se pueden enunciar dos condiciones esenciales que toda entidad de banca pública debe poseer para ser denominada como tal. Primero, debe tener la posibilidad de captar fondos del público en general (en este caso, fundamentalmente ciudadanía y empresas), así como otorgar créditos a los agentes económicos que lo demanden. En segundo lugar, un poder público debe ser el encargado de controlar y gestionar las operaciones bancarias, independientemente de la naturaleza público-privada de los fondos constituyentes de dicha entidad.

Llegados a este punto, sería interesante analizar el recorrido histórico reciente que han experimentado las cajas de ahorros en España. No obstante, en este artículo este asunto se dejará de lado para así poder detallar con mayor énfasis los motivos acerca de por qué es pertinente impulsar la creación de una banca pública en España, así como las principales vías sobre las que se puede actuar.

Razones y vías de actuación

En la historia de la banca pública española, las últimas décadas no han sido muy favorables. De hecho, desde finales de los años 80 se han producido dos fenómenos de gran magnitud en el sistema financiero español: grandes privatizaciones (siendo la de Argentaria la más importante) y desregulación de dicho sistema financiero, con el consiguiente aumento de la concentración de una gran cuota de mercado en manos de pocas entidades. Desde diversos organismos oficiales [2] se ha alertado repetidamente de la nefasta situación del sector financiero español en términos de competitividad y concentración bancaria.

Así las cosas, existen diversos casos de éxito que demuestran que la inclusión de entidades públicas bancarias puede ser muy beneficiosa para el resto de agentes económicos. Basta citar ejemplos como el de los Landesbank en Alemania, responsables de la casi totalidad del crédito a las pequeñas y medianas empresas alemanas desde hace varias décadas; el Bank of North Dakota, al que se le atribuye por parte de diversos autores gran protagonismo en el histórico superávit presupuestario experimentado por dicho estado norteamericano; y el BNDES [3] en Brasil, criticriticado duramente por su participación en proyectos poco respetuosos con el medio ambiente pero con un papel básico a la hora de otorgar financiación a agentes económicos sin posibilidad de acceso a las vías tradicionales de financiación.

En este contexto, se expone a continuación una batería de razones, clasificadas en tres ámbitos (económico, social y democrático), con las que se pretende responder a la cuestión de por qué sería necesaria una banca pública en España.

Razones económicas:

1) Contar con una banca pública reduciría las dificultades con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias contracíclicas. En la última crisis financiera, uno de los grandes obstáculos que han existido para reactivar el crédito ha sido la desconfianza hacia los bancos. Si existe una banca pública fuerte no hay lugar para una crisis de confianza bancaria, al estar sus activos respaldados mediante garantías y recursos públicos.

2) Se reduce el riesgo sistémico impulsado por la visión cortoplacista de las inversiones bancarias privadas. En un contexto de creciente financiarización, la presión por la constante valorización de las inversiones accionariales condiciona a los bancos a emplear sus fondos en operaciones especulativas, lo cual incrementa el riesgo sistémico, lo cual aumenta a su vez la posibilidad de una nueva crisis financiera a corto plazo.

3) Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) ha expresado recientemente su adhesión al movimiento de banca pública [4]. La concesión de créditos a un menor interés, con elevados periodos de carencia o ligados a los resultados empresariales, son experiencias que ya se han puesto en práctica en otros países con resultados muy exitosos para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

4) La concentración de poder por parte de unas pocas firmas en un determinado mercado es uno de los peores indicadores económicos a la luz de la experiencia histórica. De esta forma, la instauración de una banca pública potente se posicionaría como contrapeso a la banca privada. Además, la reducción del nivel de concentración de capital favorecería una distribución de la renta más equitativa en tanto que es posible reutilizar los propios fondos captados por las entidades de banca pública en la concesión de créditos a familias y empresas.

Razones democráticas:

1) Una banca pública facilitaría la democratización de la economía. Mediante la instauración de una banca pública con participación de los distintos colectivos que conforman la ciudadanía se promueve una mayor transparencia y eficiencia en la práctica bancaria, así como un mayor acceso al crédito de sectores vulnerables. Sería carente de toda lógica que una entidad bancaria pública, de la que dependen los fondos de una parte de la ciudadanía, careciese de una representación directa ciudadana. Por ello, funcionando bajo la consecución de metas sociales en detrimento de objetivos puramente financieros, se aporta un contrapeso fundamental para incrementar el nivel de democracia en la economía.

Razones sociales:

1) Al crear una banca pública donde el crédito tenga una clara utilidad social, se hace frente de manera directa a la marginación financiera tanto de familias como de pequeñas y medianas empresas. De hecho, los efectos colaterales de una situación de marginación financiera sobrepasan cualquier ámbito puramente económico.

2) La banca pública puede garantizar proyectos sociales. Se torna indispensable recuperar los criterios de rentabilidad social y medioambiental a la hora de priorizar la consecución de proyectos por parte de la banca pública, entendiendo así a la banca pública como un posible agente de transformación de la realidad social y ciudadana.

Una propuesta concreta de actuación

Para avanzar hacia una banca pública sería necesario avanzar en cinco ejes fundamentales:

1) Nacionalización de cajas de ahorros y bancos rescatados con fondos públicos . Toda la ayuda ofrecida a la banca privada por parte del sector público se convertiría inmediatamente en acciones, convirtiendo a dichas entidades salvadas de la quiebra con recursos públicos en el primer pilar para una banca pública potente y con presencia nacional.

2) Auditoría pública de las cuentas de las entidades financieras rescatadas , para establecer un plan de saneamiento mucho más efectivo que el realizado hasta la fecha. Dicha auditoría sería realizada por técnicos de la administración pública no vinculados a ninguna entidad financiera privada.

3) Una banca pública bajo una lógica de funcionamiento y rentabilidad social frente a objetivos exclusivamente financieros, con un modelo de gestión que excluya cualquier tipo de operación especulativa, así como la operativa en paraísos fiscales.

4) La participación y rendimiento público de cuentas como elementos cruciales de funcionamiento. Es fundamental la inclusión de colectivos de todas las capas sociales en el proceso de toma de decisiones de dicha entidad, con una gestión de fondos públicos que sea totalmente transparente para la ciudadanía.

5) Introducción de criterios socioecológicos como elementos decisivos a la hora de otorgar financiación. Entre los medios de actuación para conseguirlo, avanzamos los siguientes: conversión en acciones de las ayudas públicas destinadas a la banca; obligación por ley de rendir cuentas anual y públicamente; elección transparente y con representación ciudadana de los miembros del consejo de administración; cese y prohibición inmediata de operaciones en paraísos fiscales; creación de un parque inmobiliario público, continuidad de la obra social de las anteriores cajas de ahorros, y, por último, comprensión de la banca pública como mecanismo clave de la política económica nacional.

Al existir un ente financiero público, el gobierno cuenta con una herramienta potentísima de política económica. De hecho, mediante dicha banca pública se pueden articular de forma muy efectiva los objetivos de desarrollo económico de una determinada región o colectivo social gracias al control integral de dicha entidad. Del mismo modo, la gestión y recaudación fiscal ve reducida considerablemente su coste al ser llevada a cabo por una entidad pública y no vía bancos privados.

Es importante detallar que el espíritu de dicha propuesta se basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente el crediticio, como un servicio de primera necesidad y no al servicio de intereses especulativos. Así, se realiza bajo una visión de la banca pública como un elemento de cambio fundamental a la hora de transitar hacia un modelo económico y social más sostenible en toda su amplitud. En otras palabras: se apuesta por un determinada banca pública desde la que no se promueva la continuación del actual modelo de crecimiento que perpetúe la coexistencia de efectos negativos sobre infinidad de ámbitos como el ecológico o el social, por citar sólo algunos.


Fernando Heredia García es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad y del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).


Ver en línea : Pueblos, nº 67, cuarto trimestre de 2015.


Notas

[1Montero Soler, Alberto (2012): “Banca pública”, en Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 47-49.

[2“La concentración bancaria en España alcanza su máxima cota histórica”, Cinco Días, 27 de enero de 2013.

[3Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

[4Copyme se adhiere al manifiesto de Bankia Pública. http://bancapublica.info/copyme-se-adhiere-al-manifiesto-debankia-publica/


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