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Indemnizan a las comunidades afectadas por una presa de Unión Fenosa en Colombia

Fuente: El Espectador

Domingo 29 de noviembre de 2015

La Corte Constitucional de Colombia les dio la razón a las comunidades negras que viven en la cuenca del río Anchicayá (nace en Cali y desemboca en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca) y ratificó la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, que ordena a la Empresa Eléctrica del Pacífico (EPSA) pagarles una multimillonaria indemnización, que rodea los 160.000 millones de pesos. El motivo de la sanción fue el desastre ambiental que provocó la compañía en junio de 2001, cuando abrió las compuertas de su represa y descargó sedimentos al afluente, matando los peces y cultivos a su alrededor, que era su principal fuente de sustento. Entonces, la empresa estaba gestionada por Unión Fenosa (vendió esta filial en el año 2009).

Esta decisión, casi 15 años después del desastre ambiental, es el resultado de una larga batalla jurídica que iniciaron las comunidades en 2002, cuando presentaron una acción de grupo contra la empresa de energía, para que los repararan por los daños y las pérdidas durante el desastre ambiental. Luego de siete años de diligencias, las pruebas que recaudaron los expertos terminaron por convencer al juez primero administrativo de Buenaventura del daño que causó la compañía eléctrica.

Fue así como el 20 de mayo de 2009, después de un amplio debate, el funcionario dictó sentencia y condenó a EPSA a indemnizar a los habitantes del Anchicayá. En su momento fijó la sanción económica en casi 160.000 millones de pesos. Cómo era de esperar, la compañía eléctrica apeló y el caso llegó al Tribunal Administrativo del Valle, donde pidió anular los estudios que ratificaban el daño ambiental y, de paso, la providencia. Una vez más, la electrificadora fue vencida. El 7 de septiembre de ese año, los magistrados ratificaron la decisión de primera instancia.

Las tutelas

Ante la nueva derrota, los abogados de EPSA optaron por dos estrategias jurídicas al tiempo. La primera fue llevar el caso al Consejo de Estado y el 2 de febrero de 2010 pidieron al alto tribunal administrativo revisar la decisión. La segunda fue la tutela, que radicaron una semana después ante el mismo Consejo de Estado, en la que decía que se le habían vulnerado sus derechos al debido proceso, al haber hecho una interpretación errada del estudio que sirvió como evidencia para probar el daño a la comunidad.

La primera decisión se conoció el 20 de mayo de ese año y EPSA perdía de nuevo. La sección cuarta del Consejo de Estado rechazó la acción de tutela, al considerar que no estaba probado que existiera un perjuicio irremediable que justificara el recurso. De nuevo sus abogados insistieron y el 9 diciembre de 2010, la sección quinta del propio Consejo de Estado ratificó la decisión de la sección cuarta. En esta oportunidad, los magistrados indicaron que la empresa eléctrica había tenido todas las oportunidades procesales para cuestionar el estudio.

A empezar de cero

Para finales de 2010, todo indicaba que estaba despejado el camino para que las comunidades del Anchicayá recibieran su indemnización. Ya existían las decisiones de primera y segunda instancia de los despachos administrativos del Valle del Cauca y una tutela rechazada por el Consejo de Estado en las dos instancias, todas a su favor. Sin embargo, el 25 de febrero de 2011, todo volvió a quedar en el aire cuando una sala de selección de la Corte Constitucional eligió la tutela de EPSA para revisión.

Un año después (2012), justo cuando el Consejo de Estado aceptó el recurso de revisión de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle (que ordenaba la indemnización), las comunidades negras recibieron un baldado de agua fría. En abril de ese año, los magistrados de la Corte Constitucional, que revisaron la tutela de EPSA, contrario a lo que se esperaba, le concedieron el amparo a la electrificadora, anulando 10 años de proceso.

Los magistrados, a través de la sentencia T-274, declararon ilegales los estudios que tasaban los perjuicios de las comunidades y revocaron el fallo que ordenaba la indemnización. Además, ordenaron repetir la prueba reina que se recaudó en 2002. Se trataba nada menos que de los estudios que hizo la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Valle, justo después de ocurrido el desastre ambiental, y que establecía cuánto se les debía pagar a los afectados.

Con el fallo, la indemnización quedaba en el aire. De paso la orden obligó al Consejo de Estado a frenar y a archivar el proceso de revisión del fallo del Tribunal Administrativo del Valle, que para ese momento había quedado nulo.

La reacción de la comunidad

Esa decisión generó la reacción de la Procuraduría, la Defensoría, ONG internacionales y hasta la ONU, a través de seis de sus relatores especiales, que se pronunciaron frente a la injusticia del fallo. Por su parte, el abogado Germán Ospina, apoderado de las comunidades, radicó en septiembre de ese mismo año un recurso de nulidad ante la propia Corte Constitucional, que fue aceptado por una sala integrada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt y Mauricio González Cuervo.

Tres años después de estar el caso en revisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional les dio la razón a las comunidades del Anchicayá y a su abogado. El fallo, emitido el pasado 5 de noviembre, no sólo dejó en firme de nuevo la sentencia que ordena la indemnización. Además, ordenó reactivar la revisión del fallo en el Consejo de Estado.

“A pesar de lo que está ocurriendo, para nosotros la decisión representa que se puede creer en la justicia. Para las comunidades, una recompensa a su paciencia, a su perseverancia y, sobre todo, es una reivindicación para una comunidad que ha sido oprimida históricamente”, dije Germán Ospina, apoderado de las comunidades.

Con la nueva decisión, la espera de las comunidades parece llegar a su fin. Aunque EPSA ha negociado directamente con algunas comunidades, una gran mayoría siguen esperando la indemnización. Solo falta la revisión de la sentencia en el Consejo de Estado, que sería el último paso para que se les pueda pagar a los afectados por la tragedia ambiental del 2001 y que, ahora sí, este proceso llegue a su fin.


Ver en línea : El Espectador, 20 de noviembre de 2015.


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