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Lucha contra el TTIP, el CETA y el ISDS: lecciones de Canadá

Maude Barlow

Viernes 6 de noviembre de 2015

En 1989, Canadá y Estados Unidos firmaron el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos (CUSTA). En 1994, ambos países y México firmaron el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Ambos acuerdos marcan la pauta de la nueva generación de acuerdos comerciales bilaterales y regionales y han creado un modelo que sigue siendo aceptado con fuerza por la mayor parte de los gobiernos. Con el CUSTA, Canadá perdió gran parte de sus plantas de fabricación cuando las empresas estadounidenses cerraron sus fábricas en Canadá para transferirlas a otros países. Canadá cedió también el control regulador de sus reservas energéticas.

El NAFTA introdujo una nueva disposición, la resolución de litigios inversor-Estado (ISDS), según la cual las empresas de estos tres países pueden demandar a sus gobiernos mutuos por cambios en la legislación, políticas o prácticas que puedan dañar los resultados financieros de las empresas. El legado del NAFTA está vivo y bien presente en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos y en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá. Aunque ambos acuerdos promueven el comercio de formas nuevas y diversas, ambos incluyen disposiciones para el ISDS que son especialmente polémicas en Europa. Como resultado del NAFTA, Canadá es el país del mundo desarrollado más afectado por las disputas inversor-Estado y los canadienses tienen una historia importante que compartir con los europeos en su lucha contra el TTIP y el CETA.

El objetivo de este informe es servir de advertencia a los europeos que se preocupan por la salud de sus ciudadanos, la resiliencia de sus comunidades, el destino de sus servicios públicos y la protección de sus recursos naturales.

¿Qué son el TTIP y el CETA?

El TTIP se propone como un acuerdo comercial y de inversión entre la UE y EE. UU. para abrir estos mercados a sus sectores corporativos mutuos, incluyendo los sectores farmacéutico, energético y agrícola. Las negociaciones han tenido lugar principalmente a puerta cerrada con información escasa y esporádica al público. El CETA es el equivalente canadiense pero va mucho más lejos en el proceso de negociación.

En septiembre de 2014, el Primer Ministro canadiense, Stephen Harper, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el entonces Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, firmaron una declaración conjunta para “celebrar” la conclusión de las conversaciones sobre el CETA. Desde entonces, sigue habiendo una oposición clara tanto en Canadá como en Europa y el acuerdo está lejos de considerarse finalizado. Esta era la primera vez que se hacía público de forma oficial el texto del acuerdo. Sus defensores afirman que el TTIP y el CETA harán “crecer” las economías tanto de la UE como norteamericana, creando puestos de trabajo y riqueza para norteamericanos y europeos.

La experiencia del NAFTA, sin embargo, muestra que las beneficiadas han sido casi exclusivamente las grandes empresas. Aunque los salarios de los Directores Generales y los beneficios empresariales se han disparado en Canadá desde 1994, los ingresos de las familias y de los trabajadores se han mantenido en el mismo nivel y la deuda de las familias ha ascendido a niveles históricos.

El TTIP y el CETA, como casi todos los acuerdos comerciales modernos, tratan de acabar con las “barreras comerciales no arancelarias”. Entre ellas se incluyen normas y regulaciones que pueden diferir sustancialmente entre países y referentes a aspectos como la seguridad alimentaria, los servicios financieros, la legislación medioambiental y la legislación laboral. Las corporaciones transnacionales quieren igualdad de condiciones al cruzar fronteras y luchan por competir con un mínimo común denominador.

Las normas sobre seguridad alimentaria, seguridad social y medio ambiente en Canadá fueron todas armonizadas desde arriba tras el NAFTA. Un importante informe concluyó que el NAFTA facilitaba la expansión del cultivo a gran escala destinado a la exportación que utiliza pesticidas y transgénicos, animaba el auge de minería dañina para el medio ambiente en México, debilitaba la capacidad de Canadá de regular su propio sector energético, obligaba a Canadá al envío de grandes cantidades de combustibles fósiles a EE. UU. y debilitaba las protecciones medioambientales en Norteamérica poniendo a disposición de las empresas nuevas herramientas para hacer frente a las nuevas normas medioambientales.

Con el CETA y el TTIP, por primera vez, los gobiernos subnacionales (municipios, provincias y estados) estarán sujetos a compromisos de abastecimiento que les impiden favorecer a las empresas locales y contribuir al desarrollo económico local. Según un análisis del Centro Canadiense para Políticas Alternativas, esto restringirá sustancialmente en la gran mayoría de los gobiernos locales de Norteamérica y Europa el uso de fondos públicos como catalizador de otros objetivos sociales, véase la creación de puestos de trabajo, el apoyo a los agricultores locales y la solución de la crisis medioambiental.

- Leer el informe completo aquí >>


Ver en línea : The Council of Canadians, octubre de 2015.


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