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Gobiernos y movimientos, desencuentros y reencuentros

Gorka Martija y Beatriz Plaza (Diagonal, nº 254, septiembre de 2015)

Lunes 28 de septiembre de 2015

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La relación entre los gobiernos y los movimientos sociales sigue siendo un tema estratégico de análisis, especialmente en América Latina con la llegada a las instituciones de gobiernos de corte transformador o “progresista”. Estos comparten un horizonte de superación de “la larga noche neoliberal”, incluso algunos proponen constitucional y políticamente escenarios de superación del sistema capitalista a partir de enfoques como el Buen Vivir o el Socialismo del siglo XXI. Dichos marcos de referencia son también compartidos por muchos movimientos sociales, lo que da lugar a una relativa comunión de intereses en tres ámbitos específicos: la recuperación del Estado como actor político y económico, la redistribución de recursos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad como prioridad, y la implementación de una articulación regional alternativa desde las lógicas de soberanía y antiimperialismo, que se enfrenta directamente a la arquitectura colonial actual y a las empresas transnacionales.

Respecto a la recuperación del rol del Estado, cabe destacar iniciativas como la promulgación del decreto de nacionalización de los hidrocarburos por parte del Gobierno de Bolivia, hecha pública el 1 de mayo de 2006 (con la carga de simbolismo que ello comporta), y que respondía a una histórica demanda de los movimientos sociales y sindicales bolivianos en el marco de un programa político compartido que hace de la soberanía nacional un eje nuclear. En realidad, la nacionalización ha sido un instrumento utilizado por la práctica totalidad de gobiernos progresistas para tratar de limitar el peso preeminente que en la estructura productiva latinoamericana tienen las empresas transnacionales. En cuanto a las estrategias de redistribución de la riqueza, cabe destacar ejemplos como el Sistema Nacional de Misiones en Venezuela, iniciado en 2003, que incluye programas de alfabetización, cobertura médica gratuita y el establecimiento de precios subsidiados para la adquisición de productos alimenticios, o la institucionalización de políticas sociales en Ecuador como el Bono de Desarrollo Humano.

En cuanto a las estrategias de integración regional, encaminadas a dotar de sustantividad propia a una región caracterizada por la dependencia y el expolio de los recursos naturales por parte de las transnacionales, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es la organización que mayor impulso crítico con el modelo capitalista incorpora en su formulación, con un Consejo de Movimientos Sociales que supone la institucionalización formal de la necesidad de un diálogo entre gobiernos y movimientos. Así, esta iniciativa ha generado dinámicas contrahegemónicas directamente enfrentadas a la realidad de un panorama dominado por las transnacionales, con las empresas y proyectos grannacionales formulados expresamente como contraposición a aquellas. En este sentido, por su importancia, cabe destacar el proyecto del Banco del ALBA. Es importante reconocer que se vienen produciendo notables desencuentros entre algunos gobiernos pos-neoliberales y parte de los movimientos sociales. Especialmente en la fase actual de crisis global, en la que los precios de las commodities (petróleo, gas, minería, alimentación, etc.), sustento de la economía y del presupuesto del Estado, han bajado notablemente. Así, la nueva coyuntura ha agudizado estos desencuentros que, a pesar de su complejidad y del necesario análisis país a país, podríamos resumir fundamentalmente en dos.

En primer lugar, el debate sobre los ritmos y contenidos de las transformaciones en la matriz productiva para la superación del modelo primario-exportador. Mientras que, para unos, los gobiernos progresistas no han sino reforzado esta estructura económica dependiente y con alto impacto ecológico y social, facilitando incluso una mayor participación de las transnacionales, otros consideran que los ritmos de transformación son los adecuados en un período histórico muy corto (de ocho a 15 años) para países empobrecidos del Sur con escaso peso en el escenario político y económico global, que enfrentan a su vez estrategias golpistas por parte de las derechas.

A la vez, en segundo término, se ha generado un desencuentro en torno a los espacios de diálogo e interlocución entre gobiernos y movimientos. De esta forma, mientras que para algunos gobiernos ciertos movimientos podrían estar “haciendo el juego a la derecha” a través de una crítica rotunda y no estratégica sobre la acción de dichas instituciones, para estas organizaciones sociales se está incrementando la represión y la criminalización de la protesta rompiendo los puentes entre gobiernos y sociedad civil organizada. En este complejo contexto resulta imprescindible continuar con la apuesta por el diálogo entre gobiernos y movimientos sociales en pos de objetivos comunes, aunque partiendo de identidades y capacidades diferentes. Es importante, en este sentido, evitar regresiones que redefinan de nuevo el tablero político en favor de las élites, a la vez que se avanza, de manera gradual pero estratégica, hacia cambios estructurales que no sólo redistribuyan y regulen, sino que alteren el modelo de propiedad, la consideración de sujetos estratégicos y, en definitiva, la lógica de funcionamiento económico para la sostenibilidad de la vida frente a la del capital. Para ello, tanto gobiernos como movimientos deben asumir el desafío de la política, reconociendo mutuamente sus capacidades y limitaciones, buscando espacios de diálogo y complicidad. Es necesario, hay mucho en juego, y parece la mejor vía para enfrentar el poder de las grandes corporaciones.


Tres historias de resistencia

En Bolivia, el movimiento indígena se ha alzado contra la firma de un convenio acordado entre el Gobierno de Evo Morales y la empresa italiana Geodata, que implica la investigación previa para la construcción de una represa en el paso estrecho de El Bala, en el río Beni. En caso de ejecutarse, el proyecto supondrá la inundación de dos parques naturales y el desplazamiento de varias comunidades.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó una marcha nacional en agosto para reclamar al Gobierno de Correa medidas que avancen en la consolidación del plan para el Buen Vivir, centrando sus demandas en promover un cambio en las políticas extractivistas desde las cuales se respete la conservación de la tierra.

En Brasil, la reciente propuesta entre empresarios chinos y el Gobierno para la construcción de una línea de ferrocarril bioceánica al oeste del Estado de Acre ha puesto en alerta al movimiento campesino e indígena. Dicho proyecto tiene como objetivo unir a productores de materias primas brasileños con consumidores asiáticos a través de Perú, con un trazado que afectará directamente a un parque nacional en el que habitan diferentes comunidades indígenas, además de ser una de las áreas más ricas en petróleo.


Gorka Martija y Beatriz Plaza (@BeaPlazaE), del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.


Ver en línea : Diagonal, nº 254, 24 de septiembre-7 de octubre de 2015.


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