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Nestlé: memoria y camino recorrido contra la impunidad

Rojo y Negro

Miércoles 23 de septiembre de 2015

El crimen de Luciano Enrique Romero Molina, sindicalista de Sinaltrainal en la compañía Nestlé en Colombia, conmovió́ al movimiento sindical y en general al movimiento popular del país. El nivel de violencia registrada en su humanidad solo es entendible al abordar históricamente los actos de violencia estatal contra los movimientos que defienden la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Pasado diez años del execrable crimen el balance de búsqueda de verdad y justicia es desmotivador, salvo algunas condenas a los autores materiales, los hechos permanecen en total impunidad en la medida que ninguna institución del Estado ha sido investigada y menos, procesados los directivos de la transnacional Nestlé.

La terquedad de Sinaltrainal y el valor de Ledys y sus hijas, sumado a la solidaridad desde los pueblos, ha permitido que lo ocurrido a Luciano se convierta en un reto de construcción colectiva de memoria en perspectiva de subvertir las estructuras que confrontó dignamente Luciano con su vida.

El Estado capitalista, como forma de organización política propia de la burguesía para defender los intereses del poder financiero tras- nacional, ha buscado consolidar un control hegemónico económica, política, socialmente y culturalmente; imponiendo con el terror de las armas un modelo de control colonial a su servicio. “La modalidad del control colonial actual varía en la región según las diferentes circunstancias geopolíticas, pero insistimos en lo siguiente: “en toda la Patria Grande, conforme al modelo de sociedad excluyente, tiene como obje- tivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo masivo de la población excluida”. El poder financiero transnacional no se equivoca en sus objetivos aunque, como se mueve ideológicamente, a veces yerra en el plano de la realidad social. Tanto en el centro como en la periferia –es decir, en ambas puntas del poder hegemónico planetario-, proyecta su modelo de sociedad excluyente”. (zaffaroni, 2015).

La estructura del aparato represivo de control prevé la violencia antisindical como elemento fundamental para la consolidación del poder financiero trasnacional, desconociendo los límites impuestos por los Derechos Humanos y de los pueblos, los derechos laborales, y por supuesto el derecho ambiental. Así esta práctica se ejecuta en Colombia como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical ejecutado por una estructura organizada de poder que garantiza impunidad para sus más altas esferas.

La dinámica represiva frente al movimiento sindical se da de manera diversa. Desde la institucionalidad del Estado a través de la estigmatización y judicialización de la actividad sindical, el desconocimiento de la progresividad de los derechos laborales, la precarización del trabajo y en síntesis la puesta del Derecho en favor de los intereses de las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras. Pasando también por actividades propias de la persecución y violencia anti- sindical que son delegadas a ejércitos paramilitares para ocultar la responsabilidad directa de empresas y por supuesto del Estado. Esto dentro del planteamiento de una nueva ejecución criminal, en donde la fuerza pública delega la represión extralegal a agentes paraestatales. Históricamente los ejecutores de los crímenes contra el movimiento sindical se han desplazado desde las centrales de inteligencia militar hacia los grupos paramilitares, lo que no es óbice para restarle responsabilidad al Estado en estos graves crímenes, y por el contrario nos obliga a realizar el análisis de las estructuras criminales de poder organizado como una misma unidad, es decir entendiendo el para- militarismo como una política de Estado que sirvió como principal ejecutor de violencia antisindical.

La práctica anteriormente descrita, entendida como un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical, es decir la violencia antisindical como crimen de lesa humanidad, responde a pulsiones propias de la necesidad de acumulación irracional de capital por empresas transnacionales en esta fase superior del colonialismo, que ya no necesitan de una ocupación territorial, sino de una sumisión de las políticas económicas y de producción al poder financiero trasnacional. En otras palabras la violencia antisindical es un elemento estructural que garantiza grandes utilidades a los conglomerados económicos, arrasando con todo lo que se contraponga a sus intereses.

Esta situación si bien se desarrolla en medio del conflicto armado, no hace parte del mismo, no obedece a sus dinámicas ni tensiones, sino que responde a intereses, generalmente transnacionales, que únicamente se benefician de él. Ligar los miles de asesinatos de que es víc- tima el movimiento sindical colombiano al conflicto ha sido más bien una estrategia de los victimarios que justifica su accionar, señalando y estigmatizando a líderes sindicales como insurgentes, y atenuando su responsabilidad.

Vincular la violencia antisindical al conflicto desconoce que nos encontramos frente a un tipo de violencia en donde el conflicto funciona como marco que facilita la ejecución e impunidad de estos crímenes. Por tanto cualquiera que sea la alternativa de reparación dirigida a las víctimas de la violencia antisindical debe ser responsable frente al papel de las más altas jerarquías de las estructuras de poder que ejecutaron estos crímenes, teniendo como elemento fundamental la concreción de los derechos de verdad, justicia, y memoria de las víctimas.


Ver en línea : Rojo y Negro / Nodo50, 22 de septiembre de 2015.


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