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Guatemala: ¿Elecciones o reforma integral del Estado?

Gonzalo Fernández (La Marea, 3 septiembre de 2015)

Jueves 3 de septiembre de 2015

Se mantiene en Guatemala la convocatoria de elecciones para el próximo domingo 6 de septiembre, en medio de una crisis política muy profunda en la que un sector importante de la sociedad rechaza la celebración de dichos comicios y exige una reforma integral del Estado. Esta propuesta nace del hartazgo de los y las guatemaltecas respecto de un sistema político descompuesto y corrupto, en el cual las elecciones juegan el único papel de poner cara a quien dirija y perpetúe un modelo de desarrollo que solo beneficia a élites y empresas transnacionales, y que a su vez margina, excluye y violenta a las grandes mayorías populares, principalmente a los pueblos indígenas.

Esta sensación de indignación se ha acrecentado exponencialmente en los últimos meses, desde que el pasado 16 de abril el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) imputaran a la vicepresidenta Baldetti —y posteriormente la enviaran a prisión— en una trama de defraudación aduanera conocida como La Línea, en la que también está involucrado el presidente Pérez Molina, según muestras las evidencias de los últimos días.

Este caso, junto a otros como el de la detención del presidente del Banco Central de Guatemala Julio Suárez por la comisión de fraude en los contratos de los servicios médicos otorgados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), generan en la sociedad guatemalteca una sensación de corrupción endémica, que no solo se extiende a tramas mafiosas que operan de manera sistemática e impune, sino que también alcanza a las principales estructuras de la devaluada democracia, que son incapaces de establecer unas mínimas garantías para el libre ejercicio de la voluntad popular.

Así, no solamente los dos principales puestos ejecutivos del país o el Banco Central participan de esta descomposición, sino el mismo Congreso de la República, más parecido a un mercado de intereses personales y corporativos, donde el transfuguismo es la regla y no la excepción, y en el que abundan imputados por múltiples casos de corrupción. Es este órgano, supuestamente soberano y representativo de la sociedad, quien ha estado titubeando hasta ahora con retirar la inmunidad al presidente Tito —usando el nombre de guerra de Pérez Molina durante su participación activa en el genocidio que asoló al país en el período 1960-1996—, a pesar de las numerosas solicitudes en este sentido, y pretendiendo así mantener en pie un entramado que hace aguas por todos lados.

Dicho entramado, por supuesto, ha sido avalado y consolidado durante décadas por la comunidad internacional, que ha favorecido una tipología violenta, racista y patriarcal de democracia en Guatemala, siempre que fuera funcional a una matriz productiva favorable a la explotación de los bienes naturales y a la realización de la ganancia por parte de las grandes corporaciones. Y no hablamos solo de mirar para otro lado, no, sino de actuar con connivencia con este Estado fallido en base a intereses comunes.

Precisamente desde esta connivencia entre la comunidad internacional —con la embajada norteamericana a la cabeza— y las élites guatemaltecas (entre las que destaca la patronal empresarial CACIF, que ha retirado sus ministros recientemente para no hundirse como el presidente) surge la propuesta de que algo cambie para que nada cambie; esto es, mantener la celebración de las elecciones para cambiar de caras, pero no de modelo de democracia ni de Estado. Que la rueda siga girando en las mismas condiciones, con vicepresidentas encarceladas, presidentes acorralados, la financiación de los partidos no auditada, el transfuguismo en el Congreso o la presentación de candidatos corruptos no penalizada.

Frente a este simple lavado de cara a un problema estructural, gran parte del movimiento popular se posiciona contra la celebración de las elecciones y defiende que esta es la oportunidad para abordar de una vez reformas que, a corto plazo, doten de unas mínimas garantías al sistema representativo y que, a medio plazo, incidan en una reforma integral del Estado, que permita extirpar a las redes corruptas y clientelares instaladas desde siempre para convertirlo en una estructura plurinacional, defensora de la diversidad y de la soberanía popular.


Gonzalo Fernández, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.


Ver en línea : La Marea, 3 septiembre de 2015.


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