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Los países ricos boicotean el mandato de Naciones Unidas para obligar a las multinacionales a respetar los derechos humanos

Fuente: La Celosía

Lunes 20 de julio de 2015

Las dos reuniones celebradas en Ginebra por el grupo intergubernamental para consensuar el alcance de la norma legal muestran una división total entre países ricos y los que más sufren de las malas prácticas de algunas multinacionales. El Gobierno de España ni siquiera mandó un representante, dejando claro que no tiene interés en que se ate en corto a nivel internacional a las multinacionales en el respeto a los derechos humanos. La oposición frontal de Estados Unidos y las trabas puestas por la Unión Europea indican que se conforman con las guías voluntarias adoptadas hace 4 años.

El año pasado, en el mes de junio, se aprobó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la 26/9, para la creación de un grupo intergubernamental (IGWG) de trabajo con participación abierta (open-ended), también a organizaciones no gubernamentales e instituciones de defensa de los derechos humanos, con el mandato de elaborar unas normas vinculantes en el derecho internacional que regulen la actividad de las empresas multinacionales en el respeto a los derechos humanos. La semana pasada se produjeron las dos primeras sesiones del grupo de trabajo, que de acuerdo con la resolución 26/9 debían ser dedicadas a una deliberación constructiva sobre el contenido, alcance, naturaleza y forma de la futura norma internacional. Sin embargo, el fracaso ha sido total.

Ya se sabía de la oposición total de Estados Unidos a establecer un instrumento legal de alcance internacional, pero se confiaba en que el bloque de países de la Unión Europea participara en los debates de forma constructiva a pesar de haber votado en contra de la resolución. Sin embargo no fue así. Para empezar solamente acudieron a las reuniones de Ginebra, 9 de los 28 países (España estuvo ausente), y el bloque de la UE ya comenzó entorpeciendo las conversaciones con la petición de que el alcance de lo que se acuerde en el futuro afecte a “todas las empresas” y no solamente a las multinacionales. Como la propuesta no encontró el apoyo mayoritario, por la sola razón de avanzar con más rapidez, el bloque de países de la UE decidió retirarse de los debates. Parece obvio que el hecho de condicionar el debate a la aceptación preliminar de esa condición, que podía haberse debatido en otra sesión, es una clara señal de buscarse una coartada para no continuar.

El hecho de que lo consensuado en Ginebra la semana pasada no tenga el apoyo de los países que albergan la sede de las multinacionales, como Estados Unidos, los países miembros de la UE, Japón, y dos potencias, Australia y Canadá, de las empresas mineras, que son las que generan mayores violaciones del derecho medioambiental, indica que no se cumpliría nada de lo que surgiera en el futuro.

La opinión pública europea, representada por muchas organizaciones civiles no comprende que sus gobiernos no quieran instrumentos legales vinculantes para frenar los abusos de sus multinacionales, y más aún cuando se está negociando al mismo tiempo un tratado comercial con Estados Unidos en el que se quiere conceder una jurisdicción particular a los conflictos con las multinacionales.

Ayer, una carta abierta de tres representantes de organizaciones civiles que participaron en las sesiones públicas de Ginebra apelaban al bloque de la UE a comprometerse con los derechos humanos. Jerome Chaplier, coordinador de la European Coalition for Corporate Justice, Paul de Clerck, coordinador de Friends of the Earth Europe Economic Justice Programme y Karim Lahidji, presidenta de la International Federation for Human Rights, señalaban en la citada carta que “la UE necesita comprometerse constructivamente y de buena fe en el proceso del Tratado para conseguir un avance histórico de los derechos humanos y acabar con la impunidad corporativa”.

De momento, habrá que ser más exigentes con la aplicación de la Guía de Principios sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs, por sus siglas en inglés) aprobados en Naciones Unidas hace cuatro años y que han forzado a las grandes multinacionales a mejorar sus prácticas, so pena de sufrir un deterioro de su reputación. Es obvio que los principios de adaptación voluntaria que se encuentran en la guía, en algún momento tendrán que ser inscritos en una ley de obligado cumplimiento, pero parece que todavía queda un largo trecho para el Tratado. Lo que sí se espera de los Gobiernos de los países de la UE, empezando por el de Mariano Rajoy, es que justifiquen ante la opinión pública las razones de un ‘pragmatismo’, que les lleva incluso a menospreciar con su ausencia una reunión relevante como la reciente de Ginebra.


Ver en línea : La Celosía, 17 de julio de 2015.


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