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5 miembros del Consejo de Estado son además consejeros de grandes empresas o bufetes

Fuente: infoLibre

Lunes 13 de julio de 2015

El Gobierno recurre a este órgano para que se pronuncie sobre las leyes que está elaborando. Tres de ellos son exministros de Aznar: Isabel Tocino, Ana Palacio y José María Michavila. Entre las grandes firmas que se ’sientan’ en el Consejo de Estado figuran Repsol, Banco Santander, BBVA, Enagas o Ence.

Lo público y lo privado comparten asiento en el Consejo de Estado, el órgano consultivo al que recurre el Gobierno para que informe sobre anteproyectos de leyes en elaboración y otro tipo de asuntos en los que considere necesario un estudio previo antes de tomar una decisión definitiva. Cuando el pleno de esta institución se pronuncia, entre los que deciden en favor del interés general hay cinco consejeros con fuertes vinculaciones con el sector privado. La galería de cargos que acumulan es amplia: desde empresas del Ibex 35 –BBVA, Santander, Repsol, Enagás– a grandes bufetes de abogados.

Si las empresas en las que participan son conocidas, más conocidos son casi todos sus nombres. Integran el grupo de "consejeros electivos", la cuota de los Gobiernos de turno en el Consejo de Estado, esos que nombran por razón de confianza. Un grupo de nueve a día de hoy –el máximo es diez– en el que destacan exministros de José María Aznar como Isabel Tocino (Medio Ambiente), Ana Palacio (Exteriores) o José María Michavila (Justicia). Todos ellos fueron nombrados el 23 de marzo de 2012 por el Consejo de Ministros, el mismo día que el Ejecutivo de Mariano Rajoy elegía a José Manuel Romay Beccaria presidente de este órgano consultivo. Hombre de su máxima confianza –en él depositó la tesorería del PP tras el escándalo protagonizado por Luis Bárcenas– también había integrado los equipos de Gobierno de Aznar.

El grupo de consejeros electivos con intereses en el sector privado se completa con el abogado Manuel José Silva Sánchez y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, según información del Registro Mercantil consultada por este diario.

Las retribuciones de los consejeros electivos se limitan a las dietas por asistencia a plenos: un máximo mensual de 974 euros, que no se percibe si no hay sesión plenaria o no se asiste. En este caso, el valor de formar parte de este grupo de altos cargos del Consejo de Estado está en la información que se maneja más allá de la retribución económica. "Hay gente que pagaría por integrar este órgano consultivo", bromea un diputado.

¿Está garantizada la independencia?

Pese a que la legislación actual no establece que este tipo de compatibilidades sean ilegales, expertos en transparencia y sector público consultados por infoLibre ponen el foco en la necesidad de abrir un debate al respecto en un momento en el que la desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones se ha agrandado a raíz de los escándalos de corrupción protagonizados por los grandes partidos. ¿Cómo se garantiza que los consejeros no manejen información privilegiada que puedan usar después para tomar decisiones en su esfera privada? Esa es una de las preguntas clave que se plantean.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, sólo el presidente y los consejeros permanentes "tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter general para los altos cargos de la Administración del Estado". La misma ley también establece que el presidente y los consejeros de Estado –este precepto sí afecta a todos, también a los electivos– "tendrán la obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido, o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran participado ellos mismos o personas de su familia dentro del segundo grado civil por consanguinidad o afinidad".

A continuación, se repasa de forma detallada los vínculos de estos cinco consejeros con el sector privado. Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con todos ellos, bien a través de los despachos de abogados en los que participan o de las empresas.


Isabel Tocino

El mismo día que Ana Palacio y José María Michavila llegaron a Consejo de Ministros, en marzo de 2012, a Isabel Tocino le renovaron por otro mandato de cuatro años (el máximo de permanencia es de ocho años).

En la actualidad, esta consejera de Estado compagina su asistencia a los plenos de este órgano consultivo del Gobierno con funciones en cuatro empresas: Naturhouse, Ence Energía y Celulosa, Enagas y el Banco Santander, según información del Registro Mercantil.

Su vinculación con el Ibex 35 le viene por sus funciones en Enagas y el Banco Santander. A la principal compañía gasista de España llegó en mayo de 2014, cuando fue nombrada consejera. Su relación con la entidad financiera viene de lejos, desde 2007. A día de hoy, es vocal de la comisión ejecutiva, nombramiento registrado en mayo de 2013.

Según figura en la página web de la firma y en el registro mercantil, también forma parte del consejo de administración de la papelera Ence.

La exministra de Medio Ambiente fue nombrada consejera de Naturhouse Heatlh SA en noviembre de 2014. Una firma que, según su página web, está dedicada "al sector de la dietética y nutrición". Con más de 20 años de historia Naturhouse cuenta hoy con casi 2.000 centros repartidos por 26 países del mundo.

Pero el Consejo de Estado y estas cuatro empresas no son la única actividad de esta exdirigente del Partido Popular. Según la web corporativa del Banco Santander, Tocino, doctora en Derecho, es "profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.


José María Michavila

Conocido por haber representado los intereses legales de conocidos cantantes como Shakira y Alejandro Sanz, el exministro de Justicia se dedica al ejercicio de la abogacía, donde ejerce las especialidades de Derecho Bancario y Administrativo, según refleja su perfil en la página web de MA Abogados, el bufete del que es socio fundador.

La información que obra en poder del Registro Mercantil le sitúa, además, como consejero delegado en MDEF Partners SL y presidente de MDEF Private Investments Office.

La primera de estas firmas, constituida en Madrid el 30 de julio de 2008, con un capital de 889.999 euros, tiene por objeto social "la prestación de servicios en lo que se conoce como family office o multifamily office". En definitiva, la administración de patrimonios familiares. Su nombramiento como consejero delegado se inscribió el 2 de enero de 2014.

La segunda empresa, MDEF Private Investments Office, fue constituida en junio de 2011 con un capital de 88.000 euros y se dedica, igualmente, a la administración de patrimonios.

Ese mismo año, en noviembre, se constituyó en Madrid el Grupo MA Abogados Estudio Jurídico SL, con un capital de 30.000 euros. Michavila es consejero de este bufete, cuyo consejo de administración está presidido por otro exministro de Aznar: Ángel Acebes.

Desde 2010, Michavila figura como administrador único de una firma de nombre similar a la anterior: Estudio Jurídico M.A. SLP. De hecho, las iniciales "MA" se corresponden con los apellidos de los dos ex ministros del PP.

Según figura en el Registro Mercantil, el pasado mes de febrero, Michavila cesó en su cargo de Wolters Kluwer Formación SA. Se trata de un puesto al que llegó en 2010 como presidente del consejo asesor. Esta empresa es la editora de publicaciones como ’La ley’, ’Especial Directivo’ o ’Estrategia Financiera’.

¿Quiénes son los clientes de Michavila en sus diferentes empresas? Esa información no es pública y, por tanto, tampoco se puede saber en qué medida esos clientes se ven afectados por las leyes sobre las que se pronuncia en el Consejo de Estado?


Ana Palacio

Además de coincidir con Tocino en el Consejo de Estado, la exministra de Exteriores lo hace en Enagas, donde es consejera desde mayo de 2014.

También figura como consejera en Pharma Mar SA, donde fue nombrada por primera vez en agosto de 2009. Perteneciente al Grupo Zeltia, es una farmacéutica especializada en el tratamiento del cáncer "mediante el descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de fármacos innovadores de origen marino", según consta en su página web.

Además, hasta abril de 2014 fue consejera en Hidroeléctrica del Cantábrico SA, empresa a cuyo consejo de administración había llegado en 2012. Esto implica que durante dos años, la exministra, que también ejerce la abogacía en el bufete Palacio & Asociados, compatibilizó sus funciones en el Consejo de Estado con tres consejos de administración de grandes empresas.


Manuel José Silva Sánchez

Exdiputado de CiU en el Congreso de los Diputados, llegó por primera vez al Consejo de Estado en septiembre de 2009. Licenciado en Derecho, Manuel José Silva Sánchez es abogado del Estado. En el Registro Mercantil figura como secretario no consejero de varias empresas. Ninguna de ellas está integrada en el Ibex 35.

En la actualidad, es socio del conocido despacho de abogados Roca Junyent y, según la página web del bufete, está especializado en las áreas de Derecho Público e Infraestructuras. Se incorporó en 2011.

Se da la circunstancia de que es hermano del catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, cuyo bufete, Molins-Silva, tiene un acuerdo de colaboración con Roca Junyent. En base a este acuerdo, en abril de 2013, Jesús María Silva y Miquel Roca fueron elegidos por el rey Juan Carlos para la defensa de su hija Cristina, implicada en el caso Nóos. Fue el monarca el que llamó personalmente a Roca, al que le une una larga amistad, para que se encargara del caso.

Pocos meses después del inicio de los trabajos de defensa de la hija del rey, se dispararon los rumores de roces entre Miquel Roca y Jesús María Silva. Y el nombre de este consejero de Estado apareció como factor de equilibrio. Se comentaba que tenía acceso al fiscal general del Estado, por entonces Eduardo Torres-Dulce, y que eso pudo reconducir la relación entre los abogados de Cristina de Borbón.


Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona

Este abogado fue ministro durante los Gobiernos de UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. En la actualidad, y según figura en el Registro Mercantil, Ortega compatibiliza su actividad de consejero electivo en el Consejo de Estado con su presencia en diferentes consejos de empresas privadas.

El principal cargo que ocupa es el de consejero en Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, una de las principales empresas del grupo Repsol, con un capital de más de 330 millones de euros. El mes pasado se inscribió en el Registro la renovación de su puesto como consejero de dicha empresa, en cuyo órgano de administración entró en junio de 2010.

Además, está presente en varias sociedades del BBVA que gestionan planes de pensiones. Según la información de esta entidad financiera, integrada en el Ibex 35, Ortega y Díez Ambrona es defensor del partícipe.

"El defensor del partícipe tratará las reclamaciones que realicen los partícipes y beneficiarios a la entidad gestora o depositaria, o a la propia entidad promotora de los planes de pensiones", asegura el banco en su portal corporativo.

Hasta octubre de 2013 y desde enero de 2002, este abogado fue administrador único de la empresa Campofrío. Su nombramiento en el Consejo de Ministros como consejero electivo fue publicado en el BOE el 23 de diciembre de 2009, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Zapatero, en su calidad de exjefe del Ejecutivo, es consejero nato de este órgano consultivo.

La información depositada en el Registro Mercantil también ubica a Ortega y Díaz Ambrona como administrador único de la empresa Talanquera Inmuebles y Explotaciones SL, dedicada a la explotación del patrimonio inmobiliario familiar.


¿Conflicto de intereses?

¿Qué opinan los expertos sobre esta doble faceta, pública y privada, de algunos miembros del Consejo de Estado? Desde Transparencia Internacional, Jesús Lizcano aboga por un mayor control y transparencia en estos cargos y que se estudien a fondo las compatibilidades.

Por su parte, Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, define al Consejo de Estado como "un gran desconocido". "No se sabe lo que pasa dentro", añade.

"Está fallando la Oficina de Conflictos de Intereses, no tiene capacidad de control", dice Villoria sobre este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A su juicio, en algunos de los casos expuestos en este reportaje han tenido que existir "conflictos de intereses", que han tenido que llevar a algunos de los consejeros a abstenerse de votar o a inhibirse.

Este catedrático pone también el foco en cómo el Consejo de Estado acaba siendo el refugio de expresidentes y ex altos cargos, un modelo que, sostiene, se repite en los consejos autonómicos.

Villoria cita como antecedente el caso del expresidente José María Aznar, que dejó su puesto de consejero nato tras una polémica con sus actividades privadas.

En junio de 2006, el presidente de FAES anunció que iba a abandonar sus responsabilidades como consejero de Estado por resultar incompatible con su presencia en el consejo de administración de News Corporation, grupo de comunicación de Rupert Murdoch.

La polémica estaba en que al ingresar en este órgano, en abril 2005, Aznar se declaró libre de incompatibilidades y después se supo que la firma Famaztella, perteneciente a la familia Aznar-Botella, ingresó 10.000 euros mensuales, desde septiembre de 2004, en concepto de servicios de asesoría a la firma de Murdoch.

El régimen de incompatibilidades para los consejeros natos es diferente al de los electivos.


Ver en línea : InfoLibre, 12 de julio de 2015.


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