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Herrien nazioarteko ituna, GGEEen berme

El Tratado Internacional de los Pueblos como garantía de los derechos humanos

Eneko Gastaka Urruela (Pueblos, 15 de julio de 2015)

Miércoles 15 de julio de 2015

En euskera, más abajo >>

El Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales es un documento publicado en el 2014 fruto del trabajo conjunto de movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, expertos/as, activistas y comunidades, apoyados también por las organizaciones que conforman la campaña Desmantelando el Poder Corporativo.

Tras el «triunfo histórico» –en palabras de Juan Hernández– que consiguieron estos actores presionando para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se comprometiera a elaborar en el plazo de dos años un tratado con el mismo título, han estado trabajando para sacar a la luz el presente documento. Éste responde a una acuciante necesidad social, ya que las empresas transnacionales han obtenido un enorme poder sobre los estados, instituciones internacionales e imaginario colectivo, ayudados por una arquitectura global que facilita la acción de las mismas y les permite irrumpir en las diferentes esferas con una gran impunidad.

Como se pudo ver en la decisión del Consejo, no es solamente la sociedad la que está sufriendo los efectos de esta globalización asimétrica, sino que tanto los propios estados como los organismos internacionales también están viendo cada vez más usurpadas sus capacidades de decisión, como demuestra el hecho de que llegaron a 20 los países que apoyaron esta decisión. Teniendo en cuenta la dura oposición que esta propuesta ha tenido, sobre todo entre los países de lo que en ciertos círculos de pensamiento crítico se entiende como norte global, y tal y como lo afirma el propio Juan Hernández, es de esperar que tanto empresas transnacionales como los propios países poderosos opuestos a estos cambios encabecen acciones y ataques para frenarlos.

Ante esto, parece ser de vital importancia la difusión, el debate y la profundización política de los contenidos y propuestas del Tratado de los Pueblos.

Entrando ya en su análisis, el tratado se estructura en dos apartados: diagnóstico y propuesta. En primer lugar se describe la situación global actual, caracterizada por un poder creciente de las transnacionales, que ven sus privilegios firmemente anclados y sus deberes vagamente reconocidos y aún más tenuemente controlados. Esto, como ya se ha explicado previamente, responde a la construcción de una estructura internacional que protege los intereses corporativos de las empresas y diluye sus obligaciones y responsabilidades. Dentro de este diagnóstico se pone de manifiesto también el limitado resultado que han obtenido los intentos anteriores por establecer un cierto control sobre sus actuaciones, ya que la comunidad internacional siempre ha acabado evadiendo las oportunidades de materializar las propuestas. Ejemplo de ello son el intento fallido de crear un código por parte de la Comisión de Sociedades Transnacionales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 2003, por un lado, o la falta de efectividad práctica de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos aprobado en 2011, por el otro.

Pasando ya a la segunda parte vinculada a la propuesta, ésta recoge una serie de objetivos en busca de alternativas efectivas al poder hegemónico de las transnacionales. Es importante subrayar que se hace referencia también a la definición de «globalización contra hegemónica» que propone B oaventura de Sousa, con el objetivo de crear un uso alternativo de un derecho construido desde abajo y a través de la confrontación democrática (algo básico para la democratización, según varios reconocidos autores como C. Tilly, que defienden la democracia como un proceso en el que se va avanzando, y no como un concepto estático, que es la lectura que hoy predomina en la opinión pública).

Es por ello que, además de defender la creación de mecanismos de control, normas vinculantes e instituciones judiciales o de control, se reafirma la necesidad de transformar radicalmente el Derecho Internacional, en pos de acabar con la actual «arquitectura de impunidad» que protege a las empresas y sus aliados. Tal y como se recoge en este tratado, tanto los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, culturales y medioambientales) como las libertades básicas deben prevalecer sobre los intereses de las transnacionales, de sus filiales (de hecho o de derecho) y de sus proveedores, subcontratistas y licenciatarios; además, los estados e instancias internacionales deben garantizar la efectividad de este sometimiento, algo que respalda la necesidad de reformular el Derecho Internacional.

Además de lo citado, hay ciertos aspectos más concretos que merece la pena subrayar, ya que suponen un cambio importante en los avances hacia una sociedad internacional más justa y solidaria. Se ponen en tela de juicio y se formulan medidas de control ante aspectos como la especulación, que a pesar de los efectos devastadores que ha tenido en la consecución de la crisis de 2008, sigue siendo el pan de cada día en muchas transacciones a nivel global. Se enfatiza también la responsabilidad solidaria que tienen las empresas transnacionales, apelando al sentido de la famosa frase cinematográfica de que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». En este sentido, las obligaciones de las transnacionales deberían, además de cumplir los Derechos Humanos, tener en cuenta los derechos de las mujeres (sistemáticamente pisoteados hoy en día en cuanto a condiciones laborales, violencia y discriminación se refiere), así como los de los pueblos originarios (reforzados por el Convenio nº 169 de la OIT) o la misma naturaleza, y asegurar que exista una compensación de daños efectiva y lo más inmediata posible que como mínimo cubra todos los perjuicios causados.

Una vez trabajadas las obligaciones y medidas que deberían cumplir las transnacionales, el tratado tipifica los crímenes que hoy en día éstas cometen sin que haya medidas judiciales en respuesta. Según el mismo, se producen crímenes internacionales cuando una empresa transnacional, un estado o una institución económico-financiera incumple alguno(s) de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos, culturales o ecológicos, ya sea directamente o mediante la relación con el actor que lo cometa. Este apartado en concreto es sumamente interesante porque define que estos crímenes serán a nivel internacional cuando esté en juego la seguridad colectiva o algún bien jurídico fundamental de la comunidad internacional. Esto va más allá de la concepción actual de los crímenes internacionales, ya que los tribunales internacionales de hoy en día (Tribunal Internacional de Justicia en La Haya o el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, además de los creados ad hoc para dirimir crímenes concretos como el de Ruanda o la antigua Yugoslavia) tienen competencia únicamente en lo que a estados se refiere (TIJ) o comprenden una lectura bastante limitada de la tipología de los crímenes. Se dividen tres tipos de crímenes por los que los actores mencionados deberían ser juzgados: crímenes económicos contra la humanidad (teniendo en cuenta tanto la Carta de DDHH, el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el ius cogens de las Naciones Unidas), crímenes corporativos (corrupción, blanqueamiento de dinero, fraude fiscal...) y crímenes ecológicos. Todo ello supondría, como ya hemos visto, una parte importante de la formulación de un Derecho Internacional alternativo.

En definitiva, el Tratado de los Pueblos es un paso indispensable dentro de este gran desafío, ya que sirve de punto de partida para la coordinación en red de los movimientos sociales. Esta articulación es imprescindible, junto con la idea de «globalización contra hegemónica», ya que ha sido precisamente la globalización neoliberal que hemos vivido durante los últimos años la que ha servido como herramienta para perpetuar y acentuar las desigualdades y opresiones existentes, valiéndose de la desactivación de los movimientos que hagan frente a esta dinámica.
Ante la actitud permisiva y facilitadora por parte de estados y actores internacionales institucionalizados hacia esta tendencia, la alternativa más clara es la movilización y el empoderamiento político-jurídico de la sociedad que vienen recogidos en el documento. Es por ello que aunque deban implicarse estados e instancias internacionales, como ya hemos reconocido, son los movimientos sociales los que tienen que tomar el testigo del desarrollo normativo de las diferentes medidas aquí mencionadas, ya que son ellos los que hoy en día pueden aportar las proposiciones más importantes y establecer el control más efectivo en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos.


Eneko Gastaka Urruela es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.


Herrien nazioarteko ituna, GGEEen berme

Herrien nazioarteko ituna, enpresa transnazionalen kontrolerako 2014an argitaratutako dokumentua da, gizarte mugimenduen, jatorrizko herrien, sindikalisten, adituen, ekintzaileen eta komunitateen lanaren ondorioz, baita Botere korporatiboa suntsitzen kanpainia osatzen duten erakundeen babesarekin ere. NBEko Giza Eskubideen Kontseiluak bi urteko epean izenburu berdineko itun bat sortzeko hitza eman zezan egindako presioen ondoren, Juan Hernández-en hitzetan «garaipen historikoa» izan dena, aipatutako aktoreek lanean jardun dute honako dokumentua argitara emateko. Honek premiazko behar sozial bati erantzuten dio, enpresa transnazionalek estatuen, nazioarteko erakundeen eta pentsamendu kolektiboaren gaineko botere izugarria lortu baitute, euren jarduera eta ekintzen inpunitatea ahalbidetzen dituen arkitektura global batez lagundurik.

Kontseiluaren erabakiak agerian utzi zuen moduan, ez da gizartea globalizazio asimetriko honen ondorio kaltegarrian jasan behar dituen bakarra, bai estatuak baita nazioarteko organismoak ere euren erabakitzeko ahalmenak galduz joan baitira. Honen froga modura, 20 izan ziren gorago azaldu den erabakia babestu zuten herrialdeak. Kontuan hartzen baldin badugu ekimenak izan duen oposizioa, batez ere pentsamendu kritikoaren zenbait esferatan iparralde global modura ulertzen denaren barruko herrialdeen artean, eta Juan Hernández-ek beraren hitzetan, espero da aldaketa hauen aurkako herrialde boteretsuek eta enpresa transnazionalek eurak gelditzeko ekintzak eta erasoak burutzea.

Honen aurrean, berebiziko garrantzia du Herrien ituna osatzen duten eduki eta proposamenak hedatzea, eztabaidatzea eta politikoki sakontzea.

Ituna aztertzeari ekiten badiogu, ikus daiteke bi atal nagusitan banatu egiten dela: diagnostikoa eta proposamena. Lehen zatian gaur egungo egoera globala deskribatu egiten da, non ETNen botere hazkor bat nabarmen atzeman daitekeen, euren pribilegioak era zurrunean egonkortuta dituztelarik, baina betebeharrak lausoki onartuak eta are apalago kontrolatuak. Honakoa, aurretik esan den bezala, enpresen interesak babesten eta haien betebeharrak eta erantzukizunak ezerezten dituen nazioarteko egitura baten eraikuntzaren ondorio da. Diagnostiko honen bidez ere aurreko saiakeren porrota azpimarratu egin nahi da, edo behintzat jakitera eman, nazioarteko komunitateak ez baitu emaitza eraginkorrik lortu ETNen ekintzen gaineko kontrola ezartzeko saiakeretan, eta proposamenak aurrera eramateko aukerak ekiditen amaitu duelako beti. Honen adibide modura NBEren Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren barruko Sozietate Transnazionalen Komisioak kode bat sortzeko alferrikako saiakera dugu, 2003 urtekoa, edota 2011an onartu egin zen Enpresa eta Giza Eskubideen Printzipio Gidariak dokumentuaren eraginkortasun praktiko falta.

Proposamenari lotutako bigarren atalaren harira, ETNen botere hegemonikoari aurre egingo dioten alternatiba eraginkorrak bilatzeko bidean kontuan hartu beharreko zenbait helburu bildu egiten dira. Azpimarratzekoa da ere Boaventura de Sousa-k egindako «globalizazio kontrahegemonikoa» kontzeptuaren definizio proposamenari ere egiten zaiola erreferentzia, azpitik eta konfrontazio demokratikoaren bidez (demokratizaziorako oinarrizkoa, C. Tilly bezalako zenbait autore famatuen arabera, demokrazia prozesu baten gisa definitzen dutenak, eta ez kontzeptu estatiko modura gaur egungo iritzi publikoan nagusi den bezala) eraikitako Zuzenbide baten erabilera alternatiboa sustatzeko xedearekin.

Horrela, kontrol mekanismoen, arau lotesleen eta erakunde judizial edo kontrolatzaileen sorrera defendatzeaz gain, Nazioarteko Zuzenbidea erradikalki birformulatzeko beharra ere nabarmentzen da, egun enpresak eta euren aliatuak babesten dituen «inpunitate arkitektura» deuseztatzeko bidetik. Itun honetan irakurri daitekeen bezala, ETNen, euren filialen (izatezkoak edo eskubidezkoak) eta hornitzaile, azpikontratista eta lizentzia-hartzaileen interesen gainetik egon behar dute bai giza eskubideek (zibilak, politikoak, ekonomikoak, kulturalak eta ingurumenekoak) baita oinarrizko askatasunek. Gainera, estatuek eta nazioarteko instantziek menpekotasun hau eraginkorra izatea bermatu behar dute, Nazioarteko Zuzenbidea moldatzeko beharra berriz ere azpimarratzen delarik.

Esandakoaz gain, badaude irakurketa bat merezi duten bestelako aspektu konkretuagoak ere, gizarte justuago eta solidarioago baterako aurrerabidean aldaketa garrantzitsuak suposatzen baitute. Espekulazioa bezalako arloen aurreko kontrolerako neurriak formulatu egiten dira, mota horretako ekintzak zalantzan jartzeaz gain, 2008ko krisiaren eztandan eragin erabat suntsitzaileak izan dituzten arren oraindik ere maila globaleko transakzio askotan paper garrantzitsua betetzen dutelarik. Enpresa transnazionalen erantzukizun solidarioa ere agerian uzten du itunak, zinearen munduan famatu egin den esaldi baten esanahiari dei eginaz: «botere handi batek erantzukizun handia du berekin». Honi jarraituz, Giza Eskubideak betetzeaz gain, ETNen betebeharrek emakumeen eskubideak (gaur egun sistematikoki zapalduta daudenak lan baldintzei, biolentziari eta diskriminazioari dagokionez), jatorrizko herrienak (LNEren 169. Hitzarmena-k indartuta) edo ingurumenarenak berarenak kontuan hartu behar dituzte, eta eragindako kalte guztiak gutxienez estaliko dituen indemnizazio eraginkor eta ahalik eta azkarrena bermatu.

ETNen betebeharrak eta inplementatu beharreko neurriak landu ondoren, Herrien nazioarteko ituna-k aktore hauek burutzen dituzten krimenak sailkatu egiten ditu, erantzun moduan neurri judizialak egon daitezen sustatzeko. Itunaren arabera, nazioarteko krimenak enpresa transnazional, estatu edo erakunde ekonomiko-finantziero batek dauden eskubide zibil, politiko, sozioekonomiko, kultural edo ekologikoren bat edo batzuk urratzen dituenean ematen da, bai era zuzenean baita erruduna den aktorearekiko harremanaren ondorioz. Atal hau bereziki interesgarria da, aitortu egiten baitu krimen hauek internazionalak izango direla nazioarteko komunitatearen segurtasun kolektiboa edota oinarrizko ondasun juridikoren bat arriskuan dagoenean. Honakoa gaur egungo nazioarteko krimenen ikuspegitik haratago doa, existitzen diren nazioarteko auzitegiek (Hagako Nazioarteko Justizia Auzitegia edota Nazioarteko Auzitegi Penala, adibidez, krimen zehatzak epaitzeko ad hoc sortutakoez gain, hala nola Ruanda edo antzinako Yugoslavia-ko kasuetan) estatuen gaineko konpetentzia hutsak dituztelako (NJA) edo krimenen tipologiaren irakurketa nahiko mugatua jarraitzen dutelako. Hiru krimen mota bereizi egiten dira itunean: gizateriaren kontrako krimen ekonomikoak (GGEEen Gutuna, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Ituna eta NBEren ius cogens kontuan hartuz), krimen korporatiboak (ustelkeria, dirua zuritzea, iruzur fiskala…) eta krimen ekologikoak. Horrek guztiak, behin baino gehiagotan aipatu dugun moduan, Nazioarteko Zuzenbide alternatiboaren sorreraren zati garrantzitsu bat hartuko luke.

Azken finean, Herrien ituna erronka handi honetan erabat beharrezkoa den pausua da, gizarte mugimenduen saretzerako abiapuntu gisa balio duelako. Honako koordinazio eta artikulazioa, «globalizazio kontrahegemonikoa» ideiarekin batera, ezinbestekoak dira azken urteotan bizi izan dugun (eta bizitzen jarraitzen dugun) globalizazio neoliberalak, haren kontrako mugimenduen desaktibazioa baliatuz, eragindako eta sakondutako ezberdintasun eta opresioei aurre egiteko.

Estatuek eta erakundetutako nazioarteko aktoreek joera honen aurrean izan duten jarrera permisibo eta pasiboa ikusita, soluziobiderik argienak dokumentu honetan jasota dauden gizartearen mobilizazioa eta boteretze politiko-juridikoa dira. Horregatik, nahiz eta estatu eta nazioarteko aktoreak konprometitu behar diren, jada onartua izan den bezala, gizarte mugimenduek hartu behar dute neurri hauen garapen normatiboaren lekukoa, eurak direlako proposamen garrantzitsuenak plazaratu ditzaketenak eta giza eskubideen errespetua bermatzeko kontrol eraginkorrena ezar dezaketenak.


Eneko Gastaka Urruela es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.


Ver en línea : Pueblos - revista de Información y Debate, 15 de julio de 2015.


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