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David contra Goliat

Pueblos que se rebelan contra el poder corporativo

Nazaret Castro (Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, nº 191, mayo de 2015)

Miércoles 10 de junio de 2015

Los transgénicos, la minería, las explotaciones petroleras o la privatización del agua provocan en América Latina la resistencia de las comunidades afectadas por proyectos que, en aras del desarrollo y el progreso, ponen en cuestión los modos de vida tradicionales. Pero, ¿qué posibilidades de éxito tienen esas luchas y hasta dónde llega su legitimidad?

Un año y medio después del inicio del acampe en Malvinas Argentinas que ha bloqueado la construcción de una planta de maíz transgénico en Córdoba, unos pocos activistas mantienen con vida el acampe que consiguió en 2013 sabotear el proyecto de la multinacional estadounidense Monsanto de convertir la provincia en “el centro estratégico de la industria maicera en la región”, como afirmaba la corporación en su página de Internet. La planta se proyectó con una vasta área de 27 hectáreas y una inversión de 1.500 millones de dólares y, según sus promotores, tendría capacidad para procesar y embolsar 60.000 toneladas de semillas de maíz transgénico al año.

Monsanto aterrizó en Malvinas Argentinas con el apoyo de los gobiernos municipal, provincial y nacional y con una doble promesa, empleo y progreso: 400 nuevos puestos de trabajo en una localidad de población mayoritariamente obrera. Pero los cordobeses no estaban conformes, así que se organizaron –Asociación Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingó Anexo, Acampantes– y transmitieron sus reclamos al gobierno municipal, al provincial, a la Casa Rosada, a la Justicia. Se les cerraron los caminos, así que decidieron acampar. Sostienen que tuvieron que hacer frente a patotas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que, dicen los activistas, no representan a los trabajadores, sino intereses espurios de los líderes gremiales. Por el momento, han tenido éxito: las obras siguen paradas.

Lo que muchos cordobeses no le perdonan a Cristina Fernández de Kirchner es que hizo públicos los planes de Monsanto para Malvinas Argentinas en Nueva York, durante una reunión del Consejo de las Américas, una organización que promueve el libre comercio en el continente. Apenas cuatro días antes había comenzado en la capital cordobesa un juicio pionero: se sentaron en el banquillo dos productores de soja y el propietario de una de las avionetas que, durante años, fumigaron con glifosato campos cercanos al barrio Ituzaingó Anexo, en las afueras de Córdoba. Hablamos, claro, de la soja transgénica que inventó Monsanto, resistente al herbicida más vendido del mundo, el Roundup, hecho a base de glifosato y agroquímicos. El juicio, que terminó con dos sentencias a tres años de prisión condicional, llegaba después de diez años de movilización de organizaciones vecinales como las Madres de Ituzaingó, con Sofía Gatica a la cabeza; ellas afirmaban que las fumigaciones con glifosato estaban detrás de las elevadas tasas de cáncer, malformaciones genéticas y muertes de recién nacidos en el área. Monsanto siempre ha defendido que “no hay evidencia” de estas relaciones; los activistas han mostrado estudios independientes que sí encuentran ese nexo.

Pareciera que el gobierno es firme en su apuesta por el modelo sojero. Con la ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina está inaugurando varios centros de investigación científica para patentar sus propias variedades de semillas [1], mientras en el Congreso está paralizado el trámite de una ley que avanzaría sobre la privatización de las semillas, lo que, entre otras cosas, redundaría en más regalías para Monsanto.

Conflictos socioambientales

El que enfrenta a estos colectivos cordobeses con la mayor multinacional semillera del globo [2] es sólo uno de los muchos conflictos socioambientales que han recrudecido con la consolidación del modelo extractivista en la región. La socióloga y escritora Maristella Svampa define el extractivismo como un modelo económico “basado en la exportación de bienes primarios a gran escala” (hidrocarburos, minería, alimentos, biocombustibles) que ha consolidado “un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas, visibles en el crecimiento económico, al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales, económicos, ambientales y político-culturales. Tal conflictividad marca la apertura de un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente, así como en la discusión sobre los modelos de desarrollo y las fronteras mismas de la democracia” [3].

Según el Atlas Global de Justicia Ambiental (EJOLT, en su sigla en inglés) lanzado en 2014 [4], esta nueva conflictividad social se debe a la demanda creciente de energía y recursos naturales; el Atlas ha contabilizado y documentado 300 en América Latina; sobre todo, en Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30). La mayor parte de los mismos tiene que ver con el agua, la minería, la deforestación y los residuos tóxicos, y afecta sobre todo a las comunidades más vulnerables: periferias urbanas y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. “Cada día surgen nuevos proyectos extractivos, y cada día se articulan nuevas luchas en defensa del territorio”, sostiene Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) con sede en Santiago de Chile. Para Cuenca, el modelo extractivista que se ha consolidado en la región supone “una nueva forma de colonialismo”, en la que “las garantías a las inversiones de las transnacionales son en desmedro de los derechos de la ciudadanía, y especialmente de las comunidades más vulnerables”.

El EJOLT muestra tendencias preocupantes, como la creciente impunidad de las empresas y la persecución de los líderes comunitarios. Pero hay señales para la esperanza: como enfatiza Cuenca, también es creciente la “toma de conciencia” sobre el impacto socioambiental de este modelo de desarrollo, y la capacidad de organización de las resistencias. Según el EJOLT, en un 17% de los casos, las organizaciones sociales tienen éxito: han logrado paralizar un proyecto o ganar un juicio.

Arquitectura de la impunidad

Lo que organizaciones sociales como el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), el OLCA o Censat Agua Viva en Colombia ponen de relieve es que las violaciones de derechos humanos a las que se ven expuestas estas comunidades –despojadas de sus tierras o del acceso al agua limpia, perseguidas y amenazadas y, en países como Colombia, víctimas de la violencia de los grupos paramilitares– no son excepciones, sino un modo de proceder habitual y sistemático de estas corporaciones, que actúan con impunidad gracias a los favorables marcos legales que les proporcionan tanto en los países donde tienen su sede (ver recuadro) como en los países de destino de sus inversiones, en competición constante por atraer inversiones extranjeras directas (IED).

“Son empresas fraudulentas que, además de violar los derechos humanos de quienes resisten estos proyectos, reacomodan legislaciones, marcos regulatorios e inclusive la legislación sobre delitos contra la salud pública y el ambiente”, subraya el doctor Mauricio Berger, investigador del CONICET sobre conflictos ambientales en América Latina. Pone como ejemplo de la acción de lobby de las empresas la reforma del Código Penal argentino: el artículo 204 del anteproyecto pierde el principio precautorio, pues, donde antes se hablaba de “poner en peligro la salud humana”, ahora se habrá de demostrar que haya “grave peligro para la salud humana” [5].

Hay una realidad incuestionable: los ricos son cada vez más ricos, y utilizan ese poder económico para influir en el poder político. A través del lobbying han consolidado la Lex Mercatoria, un Derecho Comercial Global muy favorable a los intereses de las transnacionales, mientras que la legislación internacional de derechos humanos no cuenta con mecanismos de efectivo cumplimiento [6]. Las corporaciones disuelven sus responsabilidades en códigos de conducta voluntarios y acuerdos no vinculantes, como el Pacto Global de la ONU, que siguen la senda de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En la práctica, la falta de mecanismos efectivos de punición permite la vulneración sistemática de los derechos de las comunidades afectadas por los megaproyectos extractivos, una situación que, en países como Colombia, se torna sangrienta: “La mayor parte de las multinacionales en Colombia comete crímenes de lesa humanidad como una práctica habitual. Son per se organizaciones criminales, que se basan en la información de los servicios de inteligencia, utilizan sistemáticamente el soborno y la coacción e imponen su modelo económico con el apoyo de las bacrim [los grupos paramilitares]”, asegura Pedro Ramiro, coordinador del OMAL, que ha investigado los impactos de Repsol y Unión Fenosa en Colombia. Y ahí están las cifras: la organización Somos Defensores registró en 2013 un total de 366 agresiones, incluyendo 78 homicidios; fueron asesinados 17 líderes comunales, 15 campesinos, 14 indígenas, 6 líderes de víctimas y 5 comunitarios, 5 de restitución de tierras y 5 dirigentes sindicales.

El problema de fondo es el aumento sin límites de un poder corporativo que actúa con total libertad e impunidad [7]. Algunas corporaciones tienen más poder que muchos Estados: según el informe Estado del poder 2014, realizado por la red de investigadores Transnational Institute (TNI), 40 de las 100 mayores economías del mundo son corporaciones. Los primeros lugares los ocupan Walmart, Royal Dutch Shell y ExxonMobil; de hecho, las corporaciones de petróleo y gas siguen ocupando siete de los diez primeros puestos del ranking. Más preocupante es la concentración del capital: el estudio de TNI concluye que el 1% de las empresas transnacionales –en su mayoría, entidades financieras– controla el 40% de los negocios mundiales. Una situación de oligopolio de la que no escapa, por ejemplo, un sector tan vital como el de la alimentación.

Poner límites a esa impunidad creciente es el principal objetivo de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (conocida en inglés como Stop Impunity). Creada en 2012 con el apoyo de más de 600 organizaciones sociales y redes de 95 países, ha sido clave para que llegue a Naciones Unidas la propuesta de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con el apoyo explícito de Ecuador y Sudáfrica y el rechazo frontal de Estados Unidos y de la Unión Europea, el Consejo General de la ONU aprobó la iniciativa en junio de 2014 y se marcó un plazo de dos años para constituir un grupo de trabajo en esa línea. El tratado que proponen las organizaciones sociales [8] incluye un posicionamiento claro contra la privatización de los bienes comunes y las patentes de recursos básicos y de uso común, como las semillas y las plantas medicinales, y ofrece alternativas a la lógica del gran capital, como la promoción de la agroecología y la gestión comunitaria de los bienes comunes.

Disputa por una nueva conciencia

Un interrogante clave es hasta qué punto un grupo de personas tiene derecho a obstaculizar proyectos que redundarían, según argumentan las empresas y los gobiernos, en beneficio de toda la nación. Es decir, el interés de las comunidades afectadas versus el interés general. Para Mauricio Berger, la cuestión es otra: “No se trata sólo de una comunidad de afectados que rechaza ser zona de sacrificio, sino de una red de funcionarios públicos, académicos, activistas, profesionales y organismos que intentan hacer una valla de contención frente al avasallamiento de las corporaciones sobre una muy débil institucionalidad ambiental que resguarde derechos, que sostenga garantías para las poblaciones afectadas y para toda la biodiversidad”. Porque, subraya: “Aunque el Estado es, en general, connivente con los intereses de las empresas, siempre hay fallos judiciales en sentido contrario y funcionarios luchando por lo público. Al menos existe el conflicto: sin eso, sería el poder omnímodo de las transnacionales”. Y en este sentido la disputa por el conocimiento, en las universidades y en los medios de comunicación, es una cuestión clave.

Para el antropólogo colombiano Arturo Escobar, vivimos en un momento de transición, “entre un mundo definido en términos de modernidad y sus corolarios (el desarrollo y la modernización) […] y una nueva realidad (global) que es aún difícil de asir” [9]. El modelo extractivista se sostiene sobre el concepto de desarrollo, que es, dice Escobar, “un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural”. Al otro extremo, aunque no exento de tensiones y contradicciones, el post-desarrollo “significa la creación de un espacio/tiempo colectivo” que busca un nuevo principio organizador de la vida que no sea la idea del progreso y el crecimiento económico hasta el infinito.

Si la realidad “había sido colonizada por el discurso del desarrollo”, estos nuevos movimientos sociales vendrían a descolonizar las mentes y traer semillas de otros mundos posibles que ya existen en las lógicas no capitalistas de las comunidades indígenas y campesinas. La propuesta de Escobar es “pensar más allá del Tercer Mundo”, es decir, más allá de la colonialidad y de una modernidad que ha silenciado prácticas y visiones que no eran funcionales a las estructuras del poder capitalista; y eso supone, entre otras cosas, que los pueblos latinoamericanos se reapropien de sus recursos, de sus economías, de sus formas de estar en el mundo.


Ottawa y las mineras canadienses

La responsabilidad del “Estado de residencia”

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha mapeado más de 200 conflictos en la región; y entre el 70 y el 90% de las empresas que están detrás de esos proyectos son canadienses. La pregunta es, entonces, qué responsabilidad le cabe al país norteamericano en esos conflictos, por acción u omisión. Un grupo de organizaciones latinoamericanas –entre ellas, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia– conformaron en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina y estudiaron el impacto de 22 proyectos de mineras canadienses en 9 países latinoamericanos; presentaron los resultados de su investigación en el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina [10], presentado en abril de 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entre esos impactos, el informe enumera destrucción de ecosistemas, desplazamientos forzados, militarización de los territorios y destrucción de las economías y culturas locales. Las organizaciones responsables del informe afirman que Ottawa brinda a sus empresas apoyo económico, político y diplomático, y pone obstáculos a la investigación de denuncias contra estas empresas; además, en 2009 Canadá implantó una legislación que reserva a las mineras apenas códigos éticos de carácter voluntario. Por eso piden responsabilidades al “Estado de residencia”, esto es, quieren que las corporaciones sean procesadas en el país de origen por acciones realizadas en otros países. Es la primera vez que la CIDH aborda la cuestión, tan espinosa como urgente, de la responsabilidad del “Estado de residencia”.

“Es un debate necesario, pero muy complicado, por las aristas que implica la extraterritorialidad, pero también por la responsabilidad que cabe imputar al resto de entidades privadas que forman parte de la cadena de producción, empezando por los bancos que financian esos proyectos”, explica Marcelo Saguier, investigador del Área Internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). “Además, en las legislaciones de los países no suelen estar tipificadas muchas situaciones que tienen que ver con la vulneración de los derechos ambientales o colectivos de las comunidades afectadas”, añade Saguier.


Nazaret Castro es periodista, residente en Buenos Aires/San Pablo. Autora de la investigación «Cara y cruz de las multinacionales en América Latina», publicada por Fronterad, y cofundadora del proyecto Carro de Combate.


Ver en línea : Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, nº 191, mayo de 2015.


Notas

[1La planta de Malvinas Argentinas, la quinta en el país, se anunciaba junto con la inauguración de dos centros de investigación, uno en Tucumán y el otro en la misma Córdoba. Argentina profundiza una tendencia de los últimos años: repatriación de científicos y, con ayuda de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está creando sus propias semillas. Lo dijo con desparpajo la Presidenta el mismo día que anunció la planta de Malvinas Argentinas: “Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes”. Véase Marcos Piña, “Monsanto y el acuerdo con Cristina Fernández”, www.rebelion.org/noticia.php?id=167488

[2Y también la más odiada: hay hasta un Día de Acción Global contra Monsanto, que en octubre de 2013 unificó las protestas de 400 ciudades en 52 países del mundo.

[3Véase Maristella Svampa, “El Consenso de los Commodities”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2013.

[4EJOLT es un proyecto internacional coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Joan Martínez Alier, uno de los referentes de la Ecología Política. Véase www.ejolt.org

[5Véase al respecto Carlos A. Luisoni, Los nuevos delitos ambientales en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Disponible en www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2014/05/doctrina1.5.14.pdf

[6Véase Aurélien Bernier, “¿Impunidad para las multinacionales?”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2015.

[8El documento completo en español está disponible en: http://omal.info/IMG/pdf/tratado_de_los_pueblos_-_castellano.pdf

[9Arturo Escobar, Una minga para el post-desarrollo, Desde Abajo, Bogotá, 2012. Las citas siguientes se refieren a la misma obra.


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