Portada del sitio > La hidroeléctrica Xalalá, las demandas Q’eqchi’ y la consulta en (...)

Twitter

Vimeo >>

La hidroeléctrica Xalalá, las demandas Q’eqchi’ y la consulta en Guatemala

Rachel Sieder

Viernes 22 de mayo de 2015

Uno de los temas más urgentes a lo largo y ancho de América Latina son los conflictos socio-ambientales donde los mega-proyectos amenazan los derechos colectivos y formas de vida de distintos pueblos indígenas. Dichos conflictos se han multiplicado en años recientes, y plantean grandes desafíos para la gobernabilidad y la justicia social. El auge de la minería, la explotación de los recursos hídricos, y la agro-industria para biocombustibles frecuentemente se desarrolla en tierras ancestrales de los pueblos indígenas.

Mientras tanto, el derecho internacional afirma el derecho de los pueblos indígenas a esferas de gobierno y jurisdicción propia, y a sus tierras y territorios ancestrales que son imprescindibles para su sobrevivencia física y cultural. Establece claramente que los pueblos indígenas deben ser consultados sobre proyectos de desarrollo que les afectan, con el objetivo de lograr su consentimiento previo, libre e informado.

En los últimos años tanto los distintos órganos de las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han precisado los estándares mínimos para la consulta previa para lograr el consentimiento previo, libre e informado. En 2012 la Corte Interamericano de Derechos Humanos, en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, afirmó que la obligación de los Estados de consultar con los pueblos indígenas es un principio general del derecho internacional.

Algunos Estados han desarrollado legislación y procedimientos internos para guiar procesos de consulta: por ejemplo, Perú aprobó una ley en de consulta en 2011, y las cortes y órganos estatales en Colombia han desarrollado una extensa jurisprudencia y práctica acerca del tema. En otros países, como Guatemala, los pueblos reclaman su derecho a la consulta pero no existen normas internas ni experiencias positivas de tan prioritario área de la política pública.

A menudo el debate en Guatemala carece de un mínimo de elementos para una discusión informada sobre el alcance de este derecho.

La hidroeléctrica Xalalá: elementos para el análisis

El proyecto hidroeléctrico Xalalá en la región de Alta Verapaz es uno de los megaproyectos más polémicos de Guatemala. Surgió en los años 1970 pero fue cancelado durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Desde 2004 sucesivos gobiernos lo han colocado en la agenda política energética, y el actual gobierno de Otto Pérez Molina lo declaró “prioritario y de gran necesidad para la Nación”. Según nuevo datos del Instituto Nacional de la Electrificación (INDE), la zona de influencia del proyecto abarca alrededor de 220-230 comunidades indígenas de los municipios de Cobán, Uspantán e Ixcán en los departamentos Alta Verapaz y El Quiché. En el desarrollo del proyecto han participado multinacionales como la brasileña Intertechne Consultores.

En la región afectada viven 62,964 personas, de las cuales el 95% pertenecen al grupo indígena maya q’eqchi’. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, hasta la fecha el Estado de Guatemala no ha cumplido con su obligación de consultar a las comunidades q’eqchi’ potencialmente afectada por la represa Xalalá.

El estudio La hidroeléctrica Xalalá en territorio indígena maya q’eqchi’ de Guatemala. ¿Qué pasará con nuestra tierra y agua sagradas? Un análisis antropológico-jurídico de los derechos humanos amenazados”, busca aportar a los debates sobre las hidroeléctricas, los derechos humanos de los pueblos indígenas y la operacionalización del derecho a la consulta.

La investigación fue patrocinada por el Departamento Norte-Sur de la Municipalidad de Herent (Bélgica) que tiene desde 2000 un hermanamiento con las microrregiones de Nimlaha’kok y Nimlasachal de la municipalidad de Cobán, Alta Verapaz. Ambas regios pertenecen a la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Xalalá.

La autora de la investigación, Dra. Lieselotte Viaene, experta en derechos humanos de los pueblos indígenas e investigadora posdoctoral asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante (Bélgica), tiene una larga trayectoria de trabajo investigativo en la región q’eqchi’ y en América Latina.

Su informe ofrece un análisis pormenorizado de los aspectos subyacentes del conflicto, empleando un enfoque antropológico-jurídico para analizar la compleja situación socio-política y de derechos humanos de las comunidades q’eqchi’ potencialmente afectadas por la represa Xalalá. Analiza tanto los antecedentes históricos y socio-políticos del proyecto, la resistencia de las comunidades indígenas q’eqchi’ contra esta hidroeléctrica, y el nuevo Modelo de Gestión Integral desarrollado por el INDE que propone una cadena o catarata de tres a cinco represas medianas sobre el río Chixoy (en vez la propuesta original de construir una sola represa con un gran embalse). Además, detalla los avances y retos del marco jurídico de los pueblos indígenas, tanto las normas legales de Guatemala como los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas con respecto a los derechos territoriales y de los recursos naturales y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

- El informe completo puede descargarse aquí >>


A continuación se extractan algunas partes del informe:

Los derechos y los agravios desde una perspectiva intercultural

La Dra. Lieselotte Viaene insiste en la necesidad de una interpretación intercultural de los derechos humanos en diálogo con los pueblos indígenas, como una estrategia imprescindible para aterrizar las normas de derechos humanos universales en sociedades multiétnicas como Guatemala, y también en casos de evaluación de derechos humanos en riesgo por proyectos energético y extractivos. Los datos etnográficos que se presentan evidencian también que al momento de implementar un proceso de consulta conforme los estándares de derechos humanos, la institución estatal implementadora se encontrará con varios desafíos que surgen del desequilibrio de poder y las particularidades socio-culturales del pueblo q’eqchi’ y su experiencia histórica.

Como le contó un anciano q’eqchi’ durante su investigación: “Este proyecto es para nosotros otro nimla rahilal [gran dolor y sufrimiento], porque igual como durante la época de los años 80, nosotros seres humanos, los cerros y valles sagrados y la Madre Tierra vamos a sufrir mucho.” Para muchos q’eqchi’, el proyecto Xalalá no es visto como “desarrollo económico”, sino como un nuevo mecanismo para despojarles de sus tierras, parte de una larga historia de despojo y desplazamiento que han sufrido desde la época de la conquista.

El estudio demuestra que las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia de este megaproyecto fueron duramente golpeadas por la guerra contra-insurgente del Ejército en los años del conflicto armado interno. De acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en la región de Cobán, incluida en la zona de influencia de la represa Xalalá, la población q’eqchi’ sufrió por lo menos 23 masacres y la destrucción de 36 de sus comunidades.

Los datos etnográficos presentados en el informe muestran profundas preocupaciones entre la población q’eqchi’ potencialmente afectada, que atañen tanto a derechos colectivos como individuales: los derechos a la tierra y territorio, el derecho a no ser desplazado por la fuerza, el derecho al agua y la alimentación que derivan del derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la consulta previa, libre e informada y derecho a la identidad cultural.

El estudio demuestra que la hidroeléctrica amenaza las bases de la identidad y espiritualidad q’eqchi’: su relación con la tierra expresada en la auto-denominación como “hijos e hijas de la tierra” (r’al ch’och), lo sagrado (loqlaj) que se traduce en la interrelación entre las esferas espiritual, natural y social y su fuerte sentimiento comunitario entre los miembros de las comunidades (junajil). Para la agricultura q’eqchi’, la relación con los Tzuultaq’a (cerros y valles) o espíritus de las montañas es fundamental porque provee todo lo esencial.

Los q’eqchi’ perciben a Xalalá como otro nimla rahilal, expresión que normalmente usan para referirse a la violencia sufrida en la época del conflicto armado interno. Es decir, la población teme profundamente que el impacto provoque un nuevo “gran dolor y sufrimiento” que no solamente estará localizado a nivel individual, físico y emocional, sino también a nivel colectivo y en la esfera espiritual.

La destrucción de estas bases físicas – el río Chixoy y sus afluentes, las orillas fértiles, otras tierras de cultivo, bosques – y espirituales – las cuevas y otros sitios sagrados, los Tzuultaq’a, el maíz sagrado, los nacimientos de agua y ríos sagrados – impactará de manera irreversible en estas comunidades indígenas.

Conclusiones del informe

El estudio concluye que si el Estado guatemalteco no cumple con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos colectivos e individuales de la población que vive en la zona de influencia, los q’eqchi’ se convertirán en un pueblo en constante desplazamiento. Además, desde la percepción q’eqchi’, la construcción de esta represa implicará vivir en un estado permanente de violaciones individuales y colectivos de los derechos humanos, de la naturaleza y de lo espiritual.

Por tal razón, para garantizar su supervivencia cultural y la protección de los demás derechos humanos, el Estado guatemalteco, cuando decide seguir impulsando este proyecto hidroeléctrico, debe organizar un genuino proceso de consulta conforme los estándares internacionales de derechos humanos y con una amplia visión intercultural.
No será ninguna tarea fácil, y menos en medio de la profunda crisis de gobernabilidad que actualmente vive el país.

Sin embargo, es imprescindible encontrar maneras innovadoras y pacíficas para elaborar la política energética sin vulnerar los derechos fundamentales de sus pueblos y respetando sus especificidades históricas y culturales.


Ver en línea : Centro de medios independientes, 12 de mayo de 2015.


¿Quién eres?
Tu mensaje
  • Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías.


Noticias

Los delitos ambientales podrán ser juzgados como crímenes contra la humanidad

Los gobiernos o individuos responsables de delitos contra el medio ambiente, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos naturales podrán ser, a partir de ahora, perseguidos y juzgados por la legislación (...)

Fuente: Público | 28 de septiembre

Chile investiga a la transnacional Endesa por supuestas donaciones a políticos

La fiscalía de Chile, a instancias de su par española, investiga a la empresa de electricidad Endesa por supuestas donaciones a políticos chilenos para campañas electorales a cambio de apoyar la instalación de una central hidroeléctrica. (...)

Fuente: La Información | 21 de septiembre

|

Actualidad

Boletín OMAL nº87

Monográfico de recursos sobre la actividad económica de las grandes multinacionales y la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe ÍNDICE Recursos y datos económicos sobre las grandes multinacionales OMAL Recursos y datos (...)

Septiembre de 2016 | 28 de septiembre

Ecosocialismo y ecofeminismo para un otoño en resistencia

“El TTIP ha fracasado de facto”. La reciente afirmación del ministro de Economía alemán sobre las negociaciones del tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea vino seguida de una declaración de presidente francés en la misma (...)

Júlia Martí y Erika González (La Marea, 25 de septiembre de 2016) | 26 de septiembre

|