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Informe OMAL nº15: “Propuestas alternativas de fiscalidad para las empresas transnacionales españolas”

Chantall Marie Ramírez (OMAL-UCM, mayo de 2015)

Lunes 18 de mayo de 2015

La crisis económica que atraviesa España desde hace casi una década ha puesto el foco sobre aspectos económicos y sociales que venían desarrollándose en el país mucho antes del estallido de la misma. Entre estos se encuentran las prácticas fiscales de grandes empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar contribuir a los presupuestos del Estado y que, en épocas de “bonanza”, pasaban desapercibidas. Esto, aunado al incremento de los gastos públicos que traen consigo las recesiones, hace irremediable una evaluación sobre los ingresos públicos y el sistema fiscal en el país.

 

  • Autora: Chantall Marie Ramírez
  • Revisión: Erika González
  • Maquetación: Alba Onrubia García
  • Fecha: mayo de 2015

El presente informe es el resultado de un trabajo de investigación realizado por el autor en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) durante el curso 2014-2015 en el marco de las prácticas del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

 

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Introducción

El fraude fiscal representa uno de los mayores agujeros presupuestarios para la economía española ya que, a través de las grietas legales del sistema tributario, las grandes firmas aprovechan los beneficios fiscales que poseen y utilizan la ingeniería fiscal para transferir sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación y así reducir sus facturas fiscales.

En la actualidad, con casos tan sonados como el Luxleaks (el cual muestra como más de 340 transnacionales han recurrido a la evasión fiscal para pagar menos impuestos y aprovechar las leyes ventajosas de Luxemburgo) o el de la famosa lista Falciani (que contiene 130.000 nombres de potenciales evasores con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra del banco inglés HSBC), aumentan la necesidad de buscar nuevas alternativas a este tipo de prácticas cada vez más generalizadas.

Otro factor que agrega más leña al fuego es que diversos informes internacionales, entre ellos el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han situado a España como uno de los países con menor presión fiscal1 de la zona euro, ubicándose muy por debajo del promedio. Para el año 2013, este parámetro se situaba en el 32,6% frente al 40,1% de la media europea. Además, entre el año 2007 y 2013 se producía la mayor caída de la presión fiscal de la zona, disminuyendo en un 5,4%. A pesar de tener la carga tributaria más baja, la paradoja fiscal española se pone de manifiesto cuando el país también cuenta con uno de los tipos fiscales más altos de la Unión Europea. En términos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) cuenta actualmente con una de las retenciones máximas más altas (52%) que sólo es superada por Suecia (56,6%), Dinamarca (55,6%), Bélgica (53,7%) y Portugal (53%), según datos de Eurostat de 2013. En términos del impuesto de sociedades es el quinto país con el índice más alto de la UE. Es decir, no existe correspondencia entre lo que se debe pagar teóricamente y la recaudación.

Los problemas del sistema fiscal español no sólo se presentan en las incongruencias en términos de recaudación, sino también en sobre quienes pagan esos impuestos y qué efectos tiene cada tipo de impuesto sobre la actividad económica (Alonso, 2014: 7). El fraude, las oportunidades de elusión, la falta de transparencia, la complejidad y los costes ponen de manifiesto la falta de eficiencia y de equidad del sistema fiscal español, a través de los privilegios que concede a los grupos poderosos (Jiménez y González, 2015).

En los últimos años, la excusa de los grandes déficits públicos ha sido utilizada para llevar a cabo el desmantelamiento del estado de bienestar, así como las diversas privatizaciones, sin plantearse la realización de una política fiscal más justa o la eliminación de la evasión y el fraude fiscal por parte de empresas transnacionales para evitar dicho desmantelamiento. En este contexto, el análisis de las prácticas fiscales de las empresas transnacionales resulta muy relevante para determinar cuál es su aporte real a los presupuestos y valorar su contribución al desarrollo. A su vez, es más relevante aún poner de manifiesto propuestas alternativas a la fiscalidad que hagan de la imposición a estas empresas el verdadero impulso de la economía del país y permitan el sostenimiento del estado de bienestar a través de la justicia, la equidad y la redistribución.

Este documento pretende agrupar y desarrollar diferentes alternativas que, en primer lugar, puedan servir como freno al poder de las empresas transnacionales españolas, así como también, incentivar la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia. Con ello se avanzaría en el cumplimiento de lo que versa el artículo 31.1 de la Constitución española de 1978: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, lo que hoy es una asignatura pendiente en el Estado español.

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