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El gobierno español mantiene en un cajón el plan sobre empresas y derechos humanos

Fuente: eldiario.es

Martes 12 de mayo de 2015

Exteriores aún no ha tramitado el Plan de Empresas y Derechos Humanos al que se comprometió en 2013 tras la orden de la Comisión Europea. El PSOE presenta una proposición en el Congreso para instar al Gobierno a poner en marcha la iniciativa, que persigue el cumplimiento de los derechos por parte de las empresas españolas en el exterior.

El Gobierno mantiene en un cajón el plan que podría controlar los abusos de las empresas españolas en otros países y defender los derechos humanos de los trabajadores de estas compañías en el exterior. El Plan de Empresas y Derechos Humanos ha caído en el olvido más de dos años después de que la Comisión Europea obligara a los veintiocho a ponerlo en marcha. El PSOE ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a cumplir con el mandato de la UE y los principios rectores que fija la ONU.

La Comisión Europea obligó en 2011 a los Estados de la UE a aprobar planes nacionales para incluir aspectos regulatorios para aumentar el control de los Gobiernos sobre las malas prácticas de las empresas nacionales en el exterior y evitar sus vulneraciones de derechos humanos. El foco está puesto fundamentalmente en las violaciones que se producen en los países pobres.

La fecha límite para poner en marcha este plan era diciembre de 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy ha trabajado junto a organizaciones de la sociedad civil y la patronal en el desarrollo de los borradores, pero no se ha aprobado todavía. eldiario.es ha contactado con el departamento que dirige José Manuel García-Margallo pero no ha obtenido respuesta sobre la situación del documento y los motivos de la demora.

La negociación llevó a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores a rebajar los requisitos, tal y como solicitaba la CEOE. Por ejemplo, en un primer borrador se prohibía dar subvenciones a aquellas empresas sobre las que existieran "indicios suficientes y probados de que se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos –directamente o a través de sus filiales–". En un segundo texto, solo se descartaba a las compañías sobre las que pesara una sentencia firme.

El 26 de junio de 2014 el Gobierno avisó a las plataformas con las que había colaborado en la elaboración del plan de que iba a enviarlo al Consejo de Ministros para su tramitación. Además, informó de que tardaría entre tres y seis semanas en ese proceso. "Debido al periodo estival es posible que se demore algo más", precisaba el correo electrónico. Han pasado diez meses y aún no ha visto la luz. "El plan está esperando en un cajón para usarlo como propaganda al final de la legislatura", señala un miembro de una de las plataformas civiles que ha participado en el proceso.

En el PSOE también sospechan sobre el retraso en la aprobación del documento y han iniciado un procedimiento parlamentario para forzar al PP y al Gobierno a pronunciarse sobre el Plan de Empresas y Derechos Humanos. Así, el Grupo Socialista en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a aprobarlo. "Otros países de nuestro entorno, con más presencia de empresas en el extranjero, ya han aprobado sus planes", enfatiza el diputado Juan Moscoso. Además, recuerda que se trata de un "elemento fundamental de una política de protección de los derechos de las personas y de buen hacer de las empresas españolas en el exterior".

En cuanto al contenido del plan, que en el Congreso se desconoce, el director de Ciecode, Javier Pérez, que ha participado en la elaboración, asegura que es "muy mejorable". "Todo lo que aporta son marcos voluntarios y avances sin concreción", expresa Pérez. No obstante, admite que hay aspectos que "es mejor que existan", como el compromiso de realizar reformas legales para valorar qué sanciones imponer a las empresas incumplidoras.

El borrador también incluía la creación de una "Comisión de Seguimiento –creada ad hoc en los primeros tres meses desde la aprobación del plan y compuesta por representantes de los ministerios involucrados–", según Ciecode. Ese organismo tendrá que analizar la ejecución del plan y comparecerá cada seis meses en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Este es el otro punto por el que se interesa el PSOE en la iniciativa registrada en la Cámara baja. Los socialistas quieren saber qué "mecanismos de seguimiento de aplicación del plan" se llevarán a cabo una vez que esté elaborado definitivamente.


Ver en línea : Desalambre - eldiario.es, 1 de mayo de 2015.


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