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Petróleo de sangre en Sudán del Sur

Jesús García-Luengos

Viernes 3 de abril de 2015

Tanto en contextos de conflicto (potencial o efectivo) como de post-conflicto, el petróleo y los minerales de alto valor siguen sin estar en el centro de las políticas y estrategias de construcción de paz, junto con todos los actores implicados. Mientras que las víctimas y damnificados se cuentan por decenas de miles. Solo en el continente africano, ejemplos como el del Delta del Níger (Nigeria) o la República Democrática del Congo son palmarios.

Uno de los casos más flagrantes es el de Sudán del Sur, el país del mundo más joven; más dependiente del petróleo (con un 90-95% de los ingresos estatales procedentes del crudo durante los últimos años; y un 75% en los presupuestos 2014-2015); con muchos de los peores indicadores de desarrollo humano; y asolado por una crisis humanitaria de proporciones gigantescas.

El país está inmerso en una guerra civil desde finales de 2013, a resultas de la lucha de poder entre el Presidente Salva Kiir (dinka) y el Vicepresidente Riek Machar (nuer), y sus diferentes facciones aliadas. El telón de fondo lo conforma un Acuerdo Global de Paz (2005) precedido de una guerra de casi cuatro décadas (con una interrupción de 11 años) con su vecino Sudán, que dejó un saldo de unos 2 millones de muertos y 4 millones entre desplazados internos y refugiados.

La comunidad internacional orientó sus medios y recursos hacia un proceso de paz y de construcción nacional (a partir de 2011, cuando el país adquirió su independencia) sin tener en cuenta las ingentes fracturas políticas internas: las disfunciones en el seno del ejército (sin una cadena de mando jerárquica y unificada, y estructurado en unidades según la afiliación étnica; absorbiendo el sector de Defensa el 50% del presupuesto estatal); y la gestión absolutamente corrupta del petróleo por parte de las elites locales. En 2012 el Presidente dirigió una carta a 75 altos funcionarios y representantes gubernamentales instándoles a que devolviesen 4.000 millones de dólares procedentes de los ingresos del petróleo.

Lo que hace unos años fue un laboratorio excepcional para la comunidad internacional - presentado de forma unánime como un caso de éxito ejemplar -, constituye a día de hoy uno de los países más frágiles del planeta; conformado por un puzle explosivo en el que además de los dos grandes bandos en guerra - que negocian en Adís Abeba (Etiopía) bajo la mediación de la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) de África Oriental - existen dos docenas de grupos armados enfrentados por causas diversas (como sucede en el estado petrolífero de Jonglei), y que no están incluidos en el marco actual de las negociaciones de paz.

Al menos dos tercios de la producción del petróleo se encuentran en Sudán del Sur, y el resto en la República de Sudán, en cuyo territorio, sin embargo, se ubican los oleoductos, refinerías e instalaciones portuarias para la exportación del crudo. Se estima que Sudán del Sur podría albergar las terceras mayores reservas de África Subsahariana. Ambos países mantienen varios frentes abiertos, con apoyos cruzados a grupos guerrilleros opositores, y una relación muy conflictiva que sigue marcando a fuego su estabilidad y la vida de las poblaciones locales. Desde enero de 2012 a marzo de 2013 el suministro de petróleo estuvo suspendido debido a una tasa abusiva que pretendía cobrar el vecino del norte al del sur por el trasvase del petróleo, hundiendo todavía más las economías de ambos países.

Durante la guerra civil en Sudán del Sur las instalaciones petrolíferas y el petróleo han sido parte esencial de la estrategia bélica para los bandos enfrentados de Kiir y Machar. El petróleo ha permitido además al Presidente Kiir financiar la guerra, dotar de armamento a las fuerzas aliadas y apoyar el despliegue de las tropas de Uganda (enemigo histórico de la actual República de Sudán), tal y como señala en su último informe el International Crisis Group.

Además, y pese a que la producción ha disminuido hasta unos 160.000 barriles diarios (comparados con los 490.000 de 2010) y el precio del crudo ha caído en picado en los mercados internacionales, el petróleo sigue siendo el único aval a disposición del Gobierno de Kiir para garantizar la devolución de 1.600 millones de dólares prestados por las compañías petrolíferas (con China a la cabeza, seguida de Malasia e India), vencidos e impagados; y otros 1.000 millones previsiblemente para el año en curso. El endeudamiento que han generado los préstamos garantizados con la producción a futuro del petróleo es de tal naturaleza que supone un lastre determinante para los próximos años del país, uno de los más precarios y devastados que existen, y de sus más de 11 millones de habitantes.

Existe, por otra parte, una total falta de transparencia en las negociaciones sobre concesiones petrolíferass. Global Witness ha denunciado el acuerdo del gobierno de Kiir con Star Petroleum, una empresa cuyo titular mayoritario sería un español y a la cual se le habría otorgado una concesión para la exploración de 45.000 Km2, sin que conste, por otra parte, que esta compañía tenga actividad en el sector petrolífero en ningún otro país. Antes del conflicto, el gobierno de Sudán del Sur elaboró dos leyes bien orientadas sobre la gestión y explotación de la industria del petróleo que por el momento han quedado en papel mojado.

La ubicación del petróleo ha determinado a su vez la política de China en la región; aliada tradicional de Sudán, pero desde hace años con una gran apuesta de inversión en Sudán del Sur (y con al menos un envío reseñado de armas al gobierno de Kiir en 2014). Estados Unidos tiene también una importante influencia y un margen infrautilizado de presión sobre actores estatales clave. Por su parte, la Unión Africana (UA) está relegando el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, al dejar en suspenso la publicación de un informe de su Comisión de Investigación de Sudán del Sur.

Desde que se inició en diciembre de 2013 la guerra civil unos 2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares (500.000 de ellas como refugiados en otros países) y las víctimas mortales podrían superar las 50.000. Además, cerca de 4 millones se encuentra en una situación crítica de inseguridad alimentaria como consecuencia directa del conflicto todas las partes enfrentadas han cometido exacciones consideradas como crímenes conforme al Derecho Internacional.

A principios de febrero de 2015 las fuerzas de Kiir y Machar firmaron un nuevo cese el fuego (el séptimo) con un preacuerdo de reparto de poder (el cuarto de este tipo) que debería cerrarse a principios de marzo. Días después se producía una nueva violación de alto el fuego, según denunciaron fuentes del Presidente Kiir, mediante el bombardeo por parte de los rebeldes en la oposición de la ciudad petrolífera de Bentiu, en el estado de Unity.

Independientemente de lo que pase en el mes de marzo, lo que parece indudable es que si realmente se quieren establecer vías resolutivas adecuadas, el petróleo y las víctimas del conflicto tienen que ocupar el centro de la agenda internacional.

Existen acciones y mecanismos de control para propiciar una gestión transparente del petróleo y una rendición de cuentas a la población local. El único laboratorio ejemplar será el que, entre otras medidas, se sustente sobre estas premisas. Si bien el mantra de las lecciones aprendidas en este ámbito, como en tantos otros, ha perdido toda credibilidad, resulta también evidente que la única vía para mejorar el futuro es aprender de los errores del pasado.


Ver en línea : El País. Blog 3500 millones, 19 de febrero de 2015.


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