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Las donaciones que nunca estuvieron allí

Pablo Elorduy (Diagonal, 18 de febrero de 2014)

Martes 18 de febrero de 2014

Las aficionadas a las series de intriga política ya lo sabrán. El 14 de febrero vuelve House of Cards. En febrero, la segunda temporada de otro serial, en este caso el protagonizado en la Audiencia Nacional por Luis Bárcenas, Pablo Ruz y 25 empresarios imputados, también mantendrá la tensión en torno a los manejos del poder político y dará argumentos para quien cree, como el protagonista de House of Cards, que “la democracia está sobrevalorada”.

Hace un año, las presuntas donaciones ilegales a la contabilidad del PP, dirigida por Bárcenas y Álvaro Lapuerta, pusieron en evidencia una parte del sistema de influencias en torno a la toma de decisiones. Como ha explicado Pedro Ramiro, del Obser­va­torio de Multi­nacionales en Latinoamérica, el caso Bárcenas mostró que “los pagos en B, las comisiones, los sobresueldos, la colocación de amigos y familiares en los puestos directivos, etc. son el aceite que engrasa la bisagra de las puertas giratorias que interconectan el mundo de la política institucional y el empresarial”.

Si el sumario Bárcenas ha mostrado el sistema de “incentivos” de las constructoras para participar en las políticas públicas, es importante señalar aquello que ni forma ni formará parte de investigación alguna. Expre­sado en forma de pregunta, ¿por qué no hay banqueros en el listado de supuestos donantes del PP?

Los nueve millones supuestamente donados por distintos empresarios a la caja B de Génova son una cifra pequeña si se atiende a las informaciones, siempre escasas, acerca de las subvenciones encubiertas por parte de los bancos. Estas se producen mediante las concesiones de créditos en términos muy ventajosos (con tipos de interés inferiores al 0,4%) y mediante la tabla rasa. En diciembre de 2013, Eldiario.es publicaba que Cajama­drid, hoy Bankia, perdonó 16 millones de euros al PP y al PSOE, de los que cinco correspondían al PP. Un año antes, el Gobierno aprobaba la Ley Orgánica de Financiación de Par­tidos, que por primera vez establece condiciones a esos jubileos de caja, limitando a cien mil euros la cantidad que puede ser perdonada por el banco. Pero Miguel Ongil, del proyecto Cuentas Claras, denuncia que la ley no ha limitado el sobreendeudamiento de los partidos, que en 2011 se cifraba en 300 millones de euros. Además, no se establecen mecanismos de control de la deuda, como el desglose de conceptos de cada crédito ni sobre los procesos de renegociación de deuda.

En opinión de Juan Hernández Vigueras, autor del libro Los lobbies financieros, la entrada de expertos del sector bancario en la Admi­nis­tración, junto a las presiones de la banca en la creación de la Socie­dad de Acti­vos de la Reestruc­turación Bancaria (Sa­reb) o en la reforma del sistema de pensiones, son algunas de las contrapartidas de una práctica fundamental para entender el sistema democrático como es la negociación de las deudas de los partidos por parte de la banca.

Miguel Ongil, que ha participado en la publicación del libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, detecta una excesiva “financiarización de los partidos, que, además de por las condonaciones, viene generada por la financiación pública –excesiva, excluyente y opaca, según Ongil–, la privada, que “no es transparente”, y todo lo relativo a fundaciones, empresas satélite y empresas pantallas, para las que la ley de 2012 no establece mecanismos de supervisión y sanción. En el caso de los partidos la legislación ha tendido a blindar un estatus excepcional, que comienza por las limitaciones a su fiscalización tanto a nivel interno –Ongil explica que las agencias privadas se niegan a hacer auditorías de los grandes partidos– como desde las instituciones: el Tribunal de Cuentas, encargado de la fiscalización de los partidos, no tiene un cuerpo de inspectores y no interviene en localidades de menos de 20.000 habitantes.

En el libro se afirma que, “en el mejor de los casos, sólo los casos de financiación ilegal más burdos y torpes llegarán, si es que llegan, a ser objeto de condena ante un tri­bunal”. La segunda parte del Caso Bárcenas puede desvelar si estamos ante una de esas raras excepciones.

Ver en línea : Diagonal, 18 de febrero de 2014.


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