“Una de las formas de operar del Estado guatemalteco es decir que el combate contra la pobreza se hace trayendo capital extranjero para la inversión en mega proyectos. Pero llegan esos capitales y el Gobierno lo único que hace es concesionar los bienes naturales de los pueblos a petroleras, a empresas que tienen el interés de establecer proyectos mega hidroeléctricos, o a mineras. Por eso tenemos problemas en diversas comunidades como San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, San Rafael las Flores, San José el Golfo, San Juan Sacatepéquez, San Pablo la costa, San Pablo Tacana, Santa Caterina... “.

Quien cuenta estas cosas es Feliciano Velásquez, líder campesino guatemalteco y uno de los fundadores del Frente de Resistencia, En Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA), que visitó Madrid a finales del año pasado. Estaba acompañado del abogado Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas de Guatemala (CIJ).

Este último insiste en el discurso de su compañero, agregando que el gobierno de Guatemala, desde la firma de la paz —en 1996 tras más de tres décadas de conflicto civil— se ha convertido en "el guardián de las empresas privadas". Por otro lado, asegura, las empresas privadas transnacionales han adquirido tanto poder que superan al poder del Estado. "Y por eso es muy difícil hacerlas responsables de sus actos en el país. Por esa razón es que hemos venido, además de para informar de lo que está sucediendo en Guatemala, a pedirle al Parlamento español, al catalán y al europeo que establezcan un marco legal más amplio que permita establecer la responsabilidad penal de las transnacionales por los actos que realizan sus filiales en el extranjero", agrega.

De la mano de la organización Éxodo y la Cooperativa l’Olivera, los dos activistas empezaron en Madrid un periplo que les llevaría a visitar el Congreso español, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento europeo y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Organismos ante los que han denunciado la situación de su país y pedido acciones concretas que ayuden a cambiar la realidad de que se vive allí.

Guatemala

Tras décadas de guerra civil, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que ponían fin al conflicto guatemalteco. Desde entonces, pocos avances se han logrado en la convivencia nacional y en la mejora de la vida de los sectores más vulnerables del país, sobre todo de los indígenas, que representan un 65% de la población.

Dos años después de la firma, el 24 de abril, la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por el obispo católico Monseñor Juan Gerardi, presentaba el resultado de sus investigaciones en materias de derechos humanos en un documento titulado Guatemala: nunca más. El informe recogía los testimonios de miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría de los crímenes al ejército guatemalteco; documentaba más de 54.000 violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar (1960-1996); y atribuía al ejército y la represión estatal la autoría de las masacres, torturas, violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes que caracterizaron aquel periodo.

Dos días después, el 26 de abril, el obispo Gerardi era asesinado en la casa parroquial donde residía en Ciudad de Guatemala.

Feliciano Velásquez comenta que, con este asesinato, el Ejército quiso evitar "ese señalamiento por nombre a todos los militares culpables que habían cometido el genocidio. A partir de ese momento, los militares tomaron el poder a través del terror, del miedo, y de la persecución, que es la situación en la que hoy día nos encontramos en Guatemala".

El abogado Ramón Cadena insiste en que, debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, hoy día se están nuevamente manifestando prácticas del pasado como la criminalización de la protesta social, situación que se dio durante la guerra. "Pero antes acusaban a los dirigentes de las comunidades y a los abogados y abogadas que los apoyaban de comunistas, hoy se nos acusa de terroristas. Y a las comunidades y a sus dirigentes se les persiguen acusadas de ser terroristas y de violar la ley. Lo que se está tratando de hacer es afectar la protesta social, de anular la oposición al modelo de desarrollo económico que el estado pretende imponer".

Conflictos por los recursos

El incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado guatemalteco motivó el aumento de los conflictos en el mundo rural, el cual rechaza un modelo de desarrollo impuesto desde arriba y que se resume en la enajenación de los recursos naturales a favor de grandes compañías internacionales. Feliciano Velásquez cita el ejemplo de la empresa española Unión Fenosa como una de las responsables, según él, de la represión y violaciones que sufren los campesinos guatemaltecos, especialmente en el departamento de San Marcos.

Con la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, en el Gobierno de Alvaro Arzú (en la actualidad alcalde de Guatemala), en 1998 Unión Fenosa se quedó por 50 años con la concesión de la distribución de energía eléctrica a 20 de los 22 Departamentos de Guatemala. En el año 2011 el fondo de inversión Actis del Reino Unido compró las acciones de Unión Fenosa.

La obligación de la concesión es llevar electricidad a todas las comunidades de los departamentos donde opera. Pero en 2000 empezaron a producirse anomalías como contadores irregulares, lecturas erróneas de los mismos, precios abusivos y apagones constantes que causaron pérdidas de productos perecederos como carnes y lácteos, riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos electrodomésticos, sabotajes al sistema de baja y alta tensión para echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados por re-conexión.

Desde 2008, la población ha interpuesto un mínimo de 90.000 denuncias ante la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica. Antes, a lo largo de siete años, se buscó el dialogo con la empresa. Sin embargo, comenta Velásquez, "la respuesta fue el menosprecio, la prepotencia, las amenazas y la represión: primero cortando el servicio eléctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia, criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población. En diciembre de 2009, el Gobierno decretó el estado de sitio, restringiendo una serie de garantías constitucionales".

Fue a raíz de estos problemas que en noviembre de 2002 las comunidades campesinas crearon el FRENA, cuyo objetivo era resolver "los problemas relacionados con la pésima distribución de energía eléctrica, la introducción de permisos para minería, violaciones a los derechos humanos por parte de las transnacionales y la represión desde entidades gubernamentales del Estado. Se trataba de empoderar a la población. Al no haberse resuelto las anomalías y no haber tenido reparación de los daños, el FRENA decidió que la resistencia se basara en el no-pago de la factura".

Según Velásquez, desde 2009 los líderes del FRENA sufren amenazas, persecución y asesinatos por su lucha contra diferentes transnacionales. En 2009 se denunció el asesinato de 16 líderes comunitarios y otros cuatro en 2010. Por ejemplo, el 13 de enero de ese año, cuando viajaba a San Marcos desde Ciudad de Guatemala, fue asesinada Evelinda Ramírez Reyes, presidenta del FRENA de Retalhuleu. El 11 de febrero, el activista Germán Antonio Curup, del movimiento opositor a la instalación de la planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, fue secuestrado por desconocidos y hallado muerto tres días después, degollado y con señales de tortura.

Seis días después, el 17 de febrero, Octavio Roblero, también dirigente del FRENA, fue asesinado en Malacatán, departamento de San Marcos. Ese mismo día, fue también asesinado Juan Antonio Chea, abogado indígena maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) por disparos efectuados por desconocidos en Cobán, Alta Verapaz.

Dichos atentados provocaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una acción urgente por parte de Amnistía Internacional. Por su parte, las distintas transnacionales han negado cualquier relación con este tipo de hechos, procediendo a su vez a interponer denuncias contra miembros del FRENA por amenazas. A partir de diciembre de 2014, se está viviendo un recrudecimiento de las acciones contra las comunidades, llevándose a cabo nuevas detenciones de siete dirigentes del FRENA, lo que provocó la huida de muchos otros y sus familias que siguen refugiadas en la selva, informa Velásquez tras el regreso a su país.

Dos modelos económicos contrapuestos

Frente a la enajenación de los recursos naturales a favor de las multinacionales extranjeras, los campesinos guatemaltecos proponen “proyectos alternativos que garanticen la soberanía alimentaria y la soberanía territorial y el manejo adecuado de los recursos que les pertenecen”, dice Velásquez. Como consecuencia de este movimiento, concluye el líder, “estamos declarando nuestros territorios libres de transnacionales”.

Los dos activistas de los derechos de los campesinos guatemaltecos están convencidos de que se encuentran en la buena dirección, de que van a ganar la lucha contra las empresas y el estado guatemalteco, aunque por el camino se queden muchos compañeros.

“Porque vale la pena lo que hacemos, es que no hemos claudicado ni retrocederemos pase lo que pase; no importa el desgaste que estemos pasando, aparte de la persecución, el señalamiento, las amenazas y la calificación que nos hacen tanto las empresas como las fuerzas de seguridad del Estado, o este mismo, calificándonos de terroristas y de que somos unos movimientos que promovemos las desestabilización del país... creemos, sin embargo, que los que claramente desestabilizan son algunas empresas en alianza con el Estado”, concluye Vásquez.