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Perú: Pichanaki y la dignidad del “No”

Marc Gavaldà

Viernes 20 de febrero de 2015

La Amazonía peruana tiembla de nuevo con masivas movilizaciones contra el petróleo. En el Norte, kichwas y achuar, cortan el tránsito fluvial para que Pluspetrol repare de una vez las décadas de vertidos en sus ríos. Los metales pesados han penetrado en los huesos de la población. En la Selva Central, la movilización de Pichanaki contra la entrada de esta misma empresa en el lote 108, derivó en sucesos represivos con un muerto y un centenar largo de heridos. Bajo los ecos de otro Baguazo, la empresa anunció una ambigua retirada. ¿Son legítimas las demandas de la población que se obstina en rechazar que petrolizacen sus destinos?

Recuperamos un fragmento del libro “Gas Amazónico” (editorial Icaria, 2014) que reflexiona sobre los mecanismos de consulta y los modales de las compañías.

Lotes petroleros: imponiendo una relación

Hasta el momento, no se conoce ningún pueblo amazónico, que por iniciativa propia haya decidido extraer petróleo de sus tierras. Es una idea ajena, que viene impulsada por el mercado internacional, impuesta por el gobierno y ejecutada por empresas de capital extranjero. Lamentablemente, existen en la Amazonía demasiadas historias de pueblos cuyos destinos se vieron truncados por ideas gestionadas en Lima o en despachos de casas matrices de empresas transnacionales. Los achuar son uno de ellos. Pero hay muchos más. Ante decisiones impuestas, los pueblos reacomodaron su existencia para sobrevivir.

Por ejemplo, durante la época más sangrante de Sendero Luminoso (1988-1994) en la Selva Central, el pueblo asháninka sufrió el secuestro de niños y desplazamiento de comunidades. Para defenderse de los ataques, organizaron un cuerpo de autodefensa conocido como Ovayerti o Rondas Asháninkas que involucró a miles de personas. El año 1996, cuando la situación parecía alejarse, la concesión de los territorios asháninka a la compañía Elf, puso de nuevo a los Asháninka en riesgo. Para defenderse de los ataques de la guerrilla, la Elf usó el Ovayerti como un cuerpo de seguridad de la empresa. A cambio de comida, movilizó los cuerpos de seguridad indígena para proteger la apertura de 430 kilómetros de líneas sísmicas en regiones controladas por Sendero Luminoso. Esta colaboración exponía de nuevo a las comunidades Ashánika a los ataques de la guerrilla, la cual por otra parte, recibió materiales y equipamientos de la Elf para evitar así el secuestro de mano de obra contratada (Heredia, 1998).

Parece evidente que los Asháninka no decidieron trabajar como cuerpo de seguridad petrolera por iniciativa propia. Las condiciones estaban dadas y, en su afán por vivir en su territorio, terminaron convertidos en instrumentos de una compañía que sólo buscaba beneficio a corto plazo.

El año 2007 se concesionó el bloque 108 a la empresa Pluspetrol. La Central Asháninka del Río Ene expresó su rotunda oposición: “Primero nos invadió Sendero y generó conflicto social y muerte, ahora vienen las empresas trasnacionales a quitar nuestro territorio. Que nos contaminen es otra forma de morir”. En febrero de 2007 los asháninka paralizaron las actividades de Repsol denunciando que ésta estaba vulnerando los acuerdos con las comunidades [1].

Actualmente, las empresas recurrirán a citar los convenios de compensación que han firmado con las diferentes organizaciones indígenas. Con ellos se justificarán en las inminentes intervenciones de los territorios indígenas o cuando, “imprevisiblemente”, se sucedan accidentes, derrames o vertidos que deterioren irreversiblemente los cuerpos de agua y por tanto la fuente de alimento.

Por eso, es importante remarcar, como punto de partida, el contexto de imposición absoluta en el momento de concesionar la Amazonía en lotes petroleros por parte del Estado. Los pueblos ahí no pintan nada pero, una vez rubricado los contratos de concesión, las comunidades se verán forzadas a negociar con los nuevos “dueños” del lote.

Falsas consultas

Existen grandes debilidades en torno a los mecanismos de relación entre empresas y comunidades. Equivocadamente, se acostumbra a referirse a ellas como una relación de iguales, donde las dos partes deciden los términos de una negociación de intereses comunes, donde “el desarrollo” sería el punto de confluencia común. Sin embargo, la realidad es otra.

Para los pueblos originarios de la Amazonía, la consulta protocolaria que realizan las empresas, cuando éstas ya están en el territorio es un engaño. No tienen campo de maniobra en un contexto donde la decisión ya está tomada.

Según Lily La Torre, la consulta debería realizarla el Estado antes de definir el trazado de los límites de la concesión. Sin prisas, sin empresas defendiendo millonarias inversiones. Sin licencias ambientales esperando a ser selladas en los despachos de Lima.

Para Oscar Gutiérrez, de la ONG Racimos de Ungurahui, la consulta ya es un proceso en el cual uno quiere entablar conversaciones con otro. Pero el primer paso entre dos partes sería saber si una parte quiere entablar conversación. “Entonces, el punto de inicio no sería la consulta, sino determinar qué se quiere conversar y qué no se quiere conversar. Más que consulta, se debe garantizar la libre determinación de los pueblos a decidir si quieren o no entrar en el proceso” [2].

Por otro lado, las empresas tienden a confundir, deliberadamente, las Audiencias Públicas con las Consultas. Las Audiencias son reuniones informativas donde la empresa detalla sus planes operativos próximos y la sociedad civil puede participar en ellas como público y exponer dudas y recomendaciones. En muchos casos, la afluencia de ONGs, funcionarios, personal de la empresa, opaca a la población local y suplanta o entorpece el espacio de decisión. Se cruzan muchas opiniones pero se escucha poco la voz de la población local. Las empresas toman acta del encuentro y lo adjuntan en sus Estudios de Impacto Ambiental como consulta realizada.

Aparte, en los últimos años se han flexibilizado las normas para acelerar los trámites para obtener los permisos de operación. “Mientras se amplían los plazos para que las empresas aporten la documentación, se acortan los plazos de revisión por parte del Estado”-sostiene la abogada Miluska Carhuavilca [3]- “además se ponen sanciones a los funcionarios que incumplen los plazos”. En cuanto a las Audiencias, en la norma de 2002, la población podía participar activamente en ellas. A partir de 2004, se restringe la participación sólo a observaciones por escrito. “En poblaciones donde apenas se habla español, donde no pueden escribir fluidamente sus ideas, el nivel de restricción es alto”. En definitiva, concluye Carhuavilca, existe un marco legal que claramente favorece a las empresas.

La Consulta Previa fue el objetivo central por la que lucharon los pueblos amazónicos en los levantamientos de 2008 y 2009. Tras el Baguazo, se inició un largo proceso para legislar este derecho reconocido como un pilar del Convenio Nº 169 de la OIT, tratado que Perú adhirió en el año 1994. La Ley fue finalmente aprobada en 2011. Sin embargo, existen varias dudas sobre la efectividad de esta ley para garantizar la libre decisión de los pueblos sobre el destino de sus territorios.

Pichanaki se ha pronunciado. Que las petroleras aprendan a llamar la puerta antes de entrar.


Marc Gavaldà es autor de «Gas Amazónico», Icaria, Barcelona, 2014. Realizador del documental “Alerta Amazónica, pueblos acorralados por el gas”.


Ver en línea : kaosenlared, 17 de febrero de 2015.


Notas

[1Radio Amazónica Satipo, “Ashánikas paralizan actividades de Repsol en el Bloque 57, Río Tambo (07/02/2007)”, Un Ojo en la Repsol nº 43, marzo de 2007. 03/2007.

[2Entrevista a Oscar Gutiérrez de Racimos de Ungurahui, Alerta Amazónica, 3 de agosto de 2011.

[3Entrevista a Miluska Carhuavilca, Alerta Amazónica, 2 de agosto de 2011.


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