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Las empresas españolas retornan con prudencia a Bolivia

Fuente: Capital Madrid

Miércoles 28 de enero de 2015

Tras una larga etapa de desencuentros, desconfianza y nacionalizaciones de firmas españolas, cierta normalidad se abre paso en la relación entre el Gobierno de Bolivia y empresas e inversores hispanos. La abrumadora reelección del presidente Morales (60% del voto) en las presidenciales de octubre ha dado lugar a una distensión en la que, aunque persisten suspicacias por parte de las compañías y la polémica sobre la indemnización por las expropiaciones a REE, Iberdrola, Abertis y AENA, la inversión española vuelve a ser bien recibida. En los últimos meses, Sacyr, Isolux e Isotrón han ganado contratos en un país que puja por captar más IED.

Pese a las expropiaciones y a que Bolivia no figura entre los destinos favoritos de la inversión española en Latinoamérica, nuestro país es, con diferencia, el primer inversor en el país del reelecto Evo Morales, quien de cumplir su mandato, se convertirá en el presidente que más años (14) permanecerá en el poder en la democracia boliviana. En 2013, España aportó 669 millones de dólares (550 millones de euros) en IED, el 33% de la inversión extranjera total que captó el país. Las últimas cifras globales, correspondientes al período enero-septiembre de 2014, muestran que la IED recibida por Bolivia ascendió a 1.466 millones de dólares (1.206 millones de euros).

Las compañías españolas se ven alentadas tanto por el crecimiento del país (Bolivia será en este año el segundo con mayor expansión en la región, el 5,3%), como por la nueva normativa-marco para regular y atraer la inversión foránea, dictada por Morales en primavera para alejar el fantasma de unas nacionalizaciones que habían ahuyentado el capital internacional. Y ello pese a que la Ley de Promoción de Inversiones dista de ser considerada plenamente satisfactoria por las firmas. Pese a la intención de incentivar la captación de capital, no fija de modo preciso incentivos a las inversiones ni estímulos tributarios. Y rechaza recurrir al arbitraje internacional para dirimir posibles controversias, con lo que todo queda supeditado a los tribunales bolivianos.

La ley contempla en términos generales beneficios impositivos como la reducción o exención de tributos y gravámenes arancelarios, y la concesión de estímulos a la producción en sectores considerados clave como hidrocarburos, minería, energía y transporte. Y garantiza que los inversores extranjeros podrán transferir al exterior divisas libremente convertibles. Asimismo, fija que los mecanismos de inversión se podrán realizar a través de sociedades comerciales, empresas públicas y de capital mixto donde el Estado tenga participación accionarial mayoritaria, contratos y otros instrumentos de inversión conjunta.

Para algunos expertos, detrás del reencontrado interés por invertir en Bolivia se halla, entre otros factores, la nueva ley de hidrocarburos que La Paz tiene en mente. Hoy, más del 50% de la producción de gas y de petróleo está controlada por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el resto se reparte entre varias firmas extranjeras entre las que destaca Repsol. La española ha expresado su interés en prolongar sus contratos en Bolivia al menos hasta 2050, algo tras lo que subyacería el reciente hallazgo de nuevos yacimientos de gas y el hecho de que presumiblemente con la nueva ley de hidrocarburos se concedan más facilidades e incentivos a las firmas del sector.

Presencia, pese a las reticencias

Pese a las reticencias por la inseguridad jurídica sobre las inversiones, en Bolivia continúan presentes bastantes firmas españolas. Además de BBVA, Repsol, Telefónica-Movistar y Sacyr están Isolux, Isotron, Técnicas Reunidas, Unión Española de Explosivos (a través de la sociedad Fanexa con la boliviana Cofadena), Santillana, Maxan, GSA (propiedad en un 60% de la española Grentidem) y Mapfre (Asistencia Boliviana).

Repsol está presente desde 1995 y en seis de los nueve departamentos. BBVA administra dos fondos de pensiones que suman el 53% del total de este tipo de fondos. El Santander abandonó el país en 2006, cuando vendió Banco Santa Cruz, seis años antes de que BBVA comenzara a negociar la venta forzada de la gestora de fondos privadas. OHL, que ya estuvo, señalaba en 2014 que no tenía plan de regreso hasta que aumentara la seguridad jurídica.

En el último año, varias empresas han afianzado su presencia en Bolivia. El último de estos episodios fue protagonizado por Isolux Corsán, que en octubre se adjudicó la construcción de una central hidroeléctrica para ENDE por 315 millones de euros, con lo que reforzó su presencia en el país, donde lleva a cabo proyectos de carreteras y construcción industrial. Se trata de un proyecto llave en mano, con plazo de ejecución de cuatro años y medio y que se suma a obras que Isolux ejecuta en Bolivia como la autovía Doble Vía Oruro-la Paz o la construcción de un tren de procesamiento de gas para la petrolera Total.

Unos meses antes, La Paz confiaba a dos firmas españolas la construcción de una carretera y una planta de energía solar. Al consorcio español Ceinsa-Incoydesa-Ingennya le fue adjudicada la construcción de una carretera en el sur, financiada por el Estado con 85 millones de dólares, una ruta clave de 66 kilómetros en Tarija. Asimismo, se otorgó a Isotron (Grupo Isastur), el contrato para el montaje en Pando de la primera planta de energía solar boliviana.

En ambas firmas estuvo presente Morales, que dijo entonces que su Gobierno trabaja “bien” con muchas empresas españolas, como Repsol, asociada con YPFB para extraer hidrocarburos, pero incidió en que otras compañías hispanas le habían “defraudado”, entre ellas Sabsa, que gestionaba los tres principales aeropuertos, y que fue expropiada en 2013 con el argumento de que no cumplió sus compromisos de inversión en esas infraestructuras.

Esa expropiación de la filial de Abertis y AENA, que se sumaba a la nacionalización en 2012 de TDE, filial de una Red Eléctrica Española (REE) que operaba en el país desde 1997, y a la expropiación de las acciones de Iberdrola (que llevaba desde 1996) en 4 empresas de energía eléctrica en La Paz y Oruro (las distribuidoras Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y la gestora Cadep), abrió un período de desencuentro Madrid-La Paz.

El interés empresarial en Bolivia, sin embargo, se mantiene, como mostraron también el año pasado Sacyr y Técnicas Reunidas. La constructora se adjudicó, al frente de un consorcio, la construcción de una planta de cemento en Oruro por 244 millones de dólares. En 2013, Sacyr ya había logrado un contrato de construcción industrial, en el área de la generación eléctrica, por 23,5 millones de euros y anteriormente parte de la ejecución del proyecto Margarita II. Asimismo, el pasado abril, Técnicas Reunidas fue seleccionada para diseñar y construir un proyecto encargado por La Paz para la construcción de una planta de separación de líquidos del gas en Tarija.

Pese a la mejora de relaciones, el Gobierno Rajoy sigue insistiendo a Bolivia en la necesidad de mejorar las garantías jurídicas para invertir y está pendiente de que Bolivia resuelva completamente la cuestión de las indemnizaciones a las empresas con intereses expropiados o nacionalizados. REE y La Paz firmaron el pasado noviembre un acuerdo de indemnización por la expropiación de TDE (36 millones de dólares) y a finales de 2014, se anunciaba un principio de acuerdo con Iberdrola, pero queda pendiente la compensación a Abertis-AENA.


Ver en línea : Capital Madrid, 21 de enero de 2015.


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