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Imprescindibles e invisibilizadas. Las mujeres en la economía colombiana

Erika González (Pueblos), nº 64, enero de 2015)

Jueves 29 de enero de 2015

“Llegan diciendo que promueven el desarrollo y eso, al menos aquí, es mentira”, dice Naida Jimena Chaparro, jornalera afectada por el proyecto de El Quimbo en Colombia, y continúa señalando, “hemos sido desplazadas, antes éramos jornaleras, contratistas e íbamos donde nos llamaran. Pero todas esas fincas las ha comprado Emgesa y ahora están abandonadas”. De esta manera Naida Jimena muestra las secuelas que está teniendo en el territorio y en los derechos de las mujeres el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno de Juan Manuel Santos. El tren del progreso prometido responde, una vez más, a las políticas de “libre comercio”, inversión extranjera y megaproyectos que han profundizado, desde la década de los noventa, la destrucción del territorio, la desigualdad y la violación de los derechos humanos.

<i>Ilustración: Emma Gascó.</i>
Ilustración: Emma Gascó.

La floricultura y la construcción de la central hidroeléctrica de El Quimbo son dos ejemplos de cómo se plasman sobre el territorio colombiano estas políticas. En ambos casos, las transformaciones ecológicas, económicas y sociales a las que dan lugar generan fuertes impactos sobre los ecosistemas y las mayorías sociales. A su vez, pulverizan las condiciones necesarias para alcanzar la equidad entre hombres y mujeres en el plano social, económico y laboral. De este modo, va alejándose la posibilidad de construir modelos de desarrollo dirigidos a garantizar la justicia social y la dignidad humana.

Las huellas de la industria de las flores en el cuerpo de las mujeres

La sabana de Bogotá, situada al oeste de la capital colombiana, está en buena medida “plastificada” por los invernaderos de las flores que se exportan principalmente a Estados Unidos. Los municipios de Madrid, El Rosal y Facatativá, entre otros, albergan lo que se ha definido como “industria de las flores”, aunque la producción se desarrolle en un invernadero y no en una fábrica. El sector es controlado por seis grandes empresas [1] que actúan como conglomerados internacionales: inician su cadena productiva en Colombia y Ecuador, y la última etapa, la comercialización, se concentra en Estados Unidos, Rusia y Japón.

Actualmente, el empleo en muchos de los municipios de la sabana de Bogotá depende del cultivo de flores y no hay muchas más alternativas. El cierre o traslado de las fincas puede suponer un desastre, como refleja el Gobierno local de Facatativá: “No hay ningún municipio que esté preparado para ello, se generarían conflictos sociales muy grandes”. La dependencia en una única actividad económica, condicionada además por el comercio internacional, genera un alto grado de vulnerabilidad en estas localidades. El uso del territorio que hace la floricultura limita, además, la posibilidad de otros modelos agrícolas.

Su condición de monocultivo con un uso intensivo del suelo, el agua y los agroquímicos responde a un modelo de agricultura industrial. La mano de obra trabaja con la intensidad de una maquila para producir flores: siembran, guían, deshierban, riegan, abonan, podan, desbotonan, cortan… pueden estar ocho horas, o doce cuando es temporada alta [2], cortando a un ritmo de 400 tallos por hora. Una vez cosechadas las plantas, las seleccionan, clasifican y ordenan en ramos, llegando a juntar entre 400 y 600 tallos por hora.

Al igual que en otras industrias intensivas en mano de obra y dirigidas a la exportación, como el textil, se emplea mayoritariamente a mujeres. Ellas representan, actualmente, el 60 por ciento del total de trabajadores. Tal y como recogemos en una investigación que se ha publicado recientemente [3], las mujeres tienen una mayor dependencia de esta fuente de trabajo: la mayoría son madres cabeza de familia (el 69 por ciento de las contratadas) [4], sin cualificación, y admiten altos grados de explotación laboral para sostener con el salario a sus hijos e hijas. Así se dibujan las condiciones que profundizan la vulneración de los derechos laborales mientras se minimiza el coste laboral para hacer más rentable el negocio.

En los últimos años el sector está sufriendo el cierre de empresas y una mayor inestabilidad laboral debido, según la patronal de las flores, a la fuerte competencia global con otros países productores y a la revaluación del peso [5]. A pesar de los apoyos estatales que se materializan en ventajas comerciales y subsidios a las empresas, se siguen produciendo despidos, argumentándose que sólo a través de la intensificación de los ritmos de trabajo y la flexibilización se puede conservar el empleo. Sin embargo, la perspectiva de las trabajadoras no es la misma. “No están en crisis”, afirman las mujeres que integran la Asociación Herrera. Ellas sostienen que “no se reduce el nivel de exportaciones y (los cultivos) se están expandiendo por otras zonas de Colombia. La crisis es una excusa para flexibilizar más el trabajo”. Esta misma visión es compartida por las portavoces del sindicato Untraflores, que hablan de cómo la patronal “se queja siempre, pero la crisis no la sienten ellos”, porque “mientras que el Gobierno subsidia a las empresas, la crisis recae en las trabajadoras y trabajadores en recarga laboral”.

La temporalidad, el impago de las prestaciones sociales, el reducido salario, la excesiva ampliación de las jornadas en la temporada alta y la intensificación de las metas de producción son parte del día a día de una operaria de las flores. Ofelia Gómez, ex trabajadora de la empresa Benilda, cuenta cómo son las extensas jornadas: “Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía a qué hora salía”. No es de extrañar, entonces, que la floricultura se caracterice por tener una elevada incidencia de enfermedades profesionales. Las dolencias de las operarias se van sumando a lo largo del tiempo bajo los invernaderos, como explica Floralba Zapata, antigua empleada de Flores Colón: “Me tienen que operar de los tendones del brazo, del manguito rotador, de la clavícula… Todo por las tijeras”.

La presión que sostienen las trabajadoras durante la jornada laboral continúa a través de su responsabilidad en el hogar, pues la asignación patriarcal de los trabajos determina que las mujeres deban asumir todo lo referido a los cuidados. Salen de un empleo de alta intensidad e ingresan a otro trabajo, no remunerado, también de alta intensidad: hacer la comida, limpiar la casa, cuidar a la familia, etc; tareas que no ayudan a la recuperación del desgaste físico ni psicosocial. La flexibilidad impuesta por parte de las empresas floricultoras determina la inflexibilidad para las trabajadoras en el uso de su tiempo.

A pesar de estas dificultades, la organización sindical, las denuncias, las huelgas y las acciones de protesta son vías utilizadas para reivindicar sus derechos. La acción sindical y social de las mujeres se dirige hacia la construcción de una fuerza colectiva para la defensa de un trabajo y una vida digna. Distintos sindicatos, asociaciones y redes acompañan la toma de conciencia de las mujeres sobre las consecuencias que ha tenido la floricultura en sus cuerpos, en sus hijos e hijas, en el municipio donde viven y en la propia sabana de Bogotá. A partir de ahí se favorece la formación y la movilización para visibilizar los impactos del monocultivo de flores; la creación de herramientas que contribuyan a la defensa de sus derechos; la reflexión conjunta y la puesta en marcha de alternativas que caminen hacia la reconfiguración de su territorio. En definitiva, tratan de buscar y experimentar otros modos de producir, de trabajar y vivir con justicia social, garantizando el cuidado y la conservación de su tierra.

El Quimbo: de las promesas de desarrollo a la crisis socioeconómica

Al suroeste de Colombia, el departamento de Huila es atravesado por el mayor río del país, el Magdalena. Cerca de su nacimiento, la compañía Emgesa está construyendo la central hidroeléctrica de El Quimbo. En realidad, la empresa tiene tres nombres: el de la filial local, Emgesa; el nombre corporativo internacional, Endesa; y el de la principal accionista, Enel. Se trata de una transnacional con un gran poder económico y político, poder que utiliza para anteponer sus intereses económicos sobre los efectos que puedan tener sus proyectos.

Así ha ocurrido con el proyecto El Quimbo. No ha importado que el 95 por ciento del proyecto se ubique sobre la Reserva Forestal de la Amazonía, eliminando casi 1.000 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, de gran valor por su rareza y biodiversidad. No ha importado tampoco que este mismo proyecto fuera denegado la primera vez que se presentó, en 1997, por la crisis socioeconómica que generaría en un territorio calificado por las mismas instituciones públicas como “las mejores tierras con aptitud agrícola de la región”.

El proyecto se presentó de nuevo en 2008 y fue aprobado a pesar de la oposición social. Actualmente está en construcción y su finalización está prevista para el primer semestre de 2015. Como ya se anticipó en 1997, cuando se presentó la primera vez, está causando fuertes impactos en la población porque el embalse se sitúa sobre las principales fincas productivas, y a medida que Emgesa las ha ido comprando, se ha ido eliminando su actividad agropecuaria. Jornaleras, pescadores, vendedoras, transportistas, cafeteros… la ausencia de la principal actividad económica ha desencadenado la pérdida de empleo en numerosos sectores. La compañía calcula en torno a unas 3.000 personas afectadas, las organizaciones sociales hablan de hasta 12.000. La voz de los afectados y afectadas muestra “las consecuencias de los proyectos de desarrollo en los modos de vida y el desplazamiento de miles de personas” en “un conflicto abiertamente asimétrico” [6] entre una gran corporación transnacional y la población campesina del territorio donde se asienta.

Según Jennifer Chavarro, de la Asociación de Afectados por la Construcción de El Quimbo (Asoquimbo), las mujeres han tenido siempre una elevada participación en la actividad productiva. Ellas han contribuido a la economía familiar a través de los pequeños cultivos de las casas, la actividad jornalera (cosechando cacao) y la pesca. Sin embargo, se identifican como amas de casa, aunque vayan todos los días a recoger cacao. María Denís Trillero, representante de una cooperativa de productoras agrícolas en La Jagua, es el vivo ejemplo de esta situación. Ella afirma que era la representante de un “grupo de amas de casa” cuya producción se situaba en un terreno ahora propiedad de Emgesa y, aunque trabajaban ocho mujeres, la compañía sólo reconoció la compensación para una persona. A pesar de la injusticia firmó el acuerdo: “Y, sí, me pesa mucho. A nosotras, repartiendo 25 millones de pesos (10.000 euros) para ocho personas, qué queda, una migaja, ahí nos robaron todo”.

La lógica seguida por la empresa para minimizar el reconocimiento, y compensación, de personas afectadas se expresa en las demandas de la población que vivía del campo sin contrato. En muchos casos, no han sido reconocidas como población perjudicada porque dependía de lo que comunicara el patrón. La población más vulnerable es precisamente la que ahora no está encontrando trabajo y, por lo tanto, la que está en situación de mayor vulnerabilidad. Esa población no tiene ningún tipo de restitución y sus reclamaciones no son escuchadas por el Estado colombiano para que exija a la empresa que mitigue los daños que está causando. Gyna, campesina de Garzón, habla de cómo a veces viven “con la zozobra de que si almorzamos no cenamos”.La compensación que señalaba María Denís tampoco ha sido la vía para reactivar la economía, más bien ha sido un instrumento para frenar las protestas y ganar los silencios. Zoila María Lenco, jornalera y pescadora de la Jagua, vive actualmente un momento difícil: sus ingresos sostienen a diez personas. Con todo, no ha aceptado el dinero que le ofrece Emgesa: “No los he querido recibir porque mi dignidad vale más que esos 25 millones. Mi comunidad, los niños, la destrucción que van a hacer… Una no necesita estudios para saber lo que se viene”.

El desempleo, la ausencia de actividad económica, de medios con los que vivir y el recorte de inversión pública trasladan los conflictos a las relaciones interpersonales, familiares y vecinales. Antes del proyecto, las preocupaciones no eran económicas y, si se pasaba por dificultades, la comunidad respondía. Ahora, la construcción de El Quimbo, según Jennifer Chavarro, “rompe esas dinámicas colectivas y mercantiliza las relaciones sociales”. Las mujeres, tejedoras de comunidad, están sufriendo la falta de respaldo, apoyo mutuo, reconocimiento, identificación y seguridad para afrontar la crisis. No es de extrañar que sean las protagonistas de las resistencias que se oponen al proyecto y a la presencia de transnacionales en su territorio. Las palabras de Zoila María reflejan de forma estremecedora su lucha: “Si yo quiero a mis hijos, si yo quiero a esta comunidad, si yo quiero a mi país, esto no es por plata, esto es por rabia, aunque tengamos que dar la vida”.


Erika González es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)Paz con Dignidad.

- Euskaraz: “Ezinbestekoak eta ez ikusiak. Emakumeak kolonbiako ekonomian” >>

- Artículo publicado en el nº 64 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2015.


Ver en línea : Pueblos – Revista de Información y Debate, nº 64, enero de 2015.


Notas

[1Grupo Chía, The Elite Flower, Sunshine Bouquet, Grupo 8, Flores Ipanema.

[2La temporada alta se concentra en las fiestas navideñas, San Valentín, el día de la madre, etc.

[3Informe OMAL nº 11 (2014): «Las mujeres en la industria colombiana de las flores». De este informe se ha extraído la información de una parte del artículo y los testimonios de las trabajadoras. Está disponible íntegramente en www.omal.info.

[4Garzón Hernández, N. y Pedraza, Z. (2013): Subjetividad y flexibilización laboral: la biopolítica del mercado en la vida de las operarias del cultivo, Tesis de grado, Universidad de los Andes, Bogotá.

[5Los competidores son Ecuador y Kenia, principalmente. La revaluación del peso significa que obtienen menos pesos por dólar vendido de flores, cuestión importante porque la inmensa mayoría de las flores se exportan y se venden en dólares.

[6Pulido, A. (2014): Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado, CEAR Euskadi, Bilbao. Está disponible en versión web.


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