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El feudo del Canal Isabel II en América Latina se rebela contra las prácticas de la empresa madrileña

Fuente: eldiario.es

Lunes 15 de diciembre de 2014

El Ayuntamiento de Santa Marta, ciudad de 500.000 habitantes en el Caribe colombiano y bastión del Canal Isabel II en América Latina, se ha rebelado contra la filial de la empresa española que opera en la ciudad y ha anunciado la cancelación del contrato de la compañía que en última instancia depende del presidente madrileño, Ignacio González, al considerarlo abusivo, ilegal y de origen dudoso.

El alcalde, Carlos Caicedo, denuncia que el contrato es muy beneficioso para la empresa y perjudicial para el municipio y recuerda que lo firmó en 2002 el alcalde Hugo Gnecco, quien fue destituido el año siguiente acosado por múltiples escándalos y posteriormente condenado a 10 años de prisión por desfalco.

El Canal Isabel II, que surte de agua a la Comunidad de Madrid, se ha ido extendiendo en la última década en América Latina, pero no como empresa pública, sino a través de una compleja red fuera del control de los organismos fiscalizadores públicos de Madrid como la Asamblea y la Cámara de Cuentas.

El diseño, que detalla este mes en un amplio despliegue la revista Mongolia, tiene una estructura compleja que parte de Canal Isabel II Gestión, que controla el Canal Extensia, vehículo que a su vez controla el 81% del Grupo INASSA, que luego ejerce de matriz de las inversiones a través de una constelación de empresas que se ha extendido ya a siete países: Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Panamá, México y Haití. En Panamá, país que reúne muchas características de paraíso fiscal hasta el punto de que aún permite emitir acciones de una empresa al portador, INASSA tiene delegación directa.

Según los datos de INASSA, en la última década el grupo ha pasado de facturar 112 millones de euros a 243, un aumento del 116% entre los ejercicios de 2003 y 2013.

Santa Marta, en el Caribe colombiano, es uno de los bastiones de INASSA y escaparate de los dos segmentos principales de su negocio: el agua y la recaudación de impuestos. A diferencia de Madrid, donde el Canal opera como empresa pública para el suministro de agua potable, en América Latina la empresa, privada, se ha especializado también en recaudar impuestos –no sólo relacionados con el agua- y en el negocio de perseguir a morosos en zonas de gran pobreza.

El contrato que Santa Marta acaba de cancelar, tras años de tira y afloja judicial, es el de la recaudación de todos los impuestos municipales. Pese al empeño del alcalde de recaudarlos directamente como hace la gran mayoría de municipios del mundo, el contrato firmado por su antecesor preso le obligaba a ceder la tarea hasta 2022 a Recaudos & Tributos, empresa controlada en un 80% por INASSA, que se quedaba entre el 7% y el 13% de la recaudación, con la consiguiente merma de recursos para el municipio.

Según cálculos municipales, como consecuencia de este contrato las arcas públicas se han visto mermadas en 22 millones de euros desde 2003. Y según la nota oficial del consistorio denunciando el contrato por su "ilegalidad" –adelantada por el Heraldo de Barranquilla el pasado 3 de diciembre-, el municipio hubiera perdido otros 40 millones de euros como mínimo hasta su vencimiento. "Imagínese todo lo que podríamos invertir en mejorar escuelas, centros de salud y vías con todo este dinero", declaró el alcalde a El Espectador el pasado julio en una entrevista titulada: "Mi alcaldía ha estado amarrada".

Una portavoz de INASSA explica a eldiario.es que el alcalde ha anunciado la cancelación únicamente en un comunicado de prensa y que ningún funcionario se ha dirigido a la empresa, con lo que considera vigente el contrato. A su juicio, el regidor ni siquiera está facultado para tomar esta decisión y, en el caso de que siga con su plan "ilegal", se expone a acciones "fiscales, disciplinarias" y hasta "penales". La compañía estima que, además, debería ser indemnizada con un mínimo de 12 millones de euros por el consistorio.

El servicio de agua potable de Santa Marta también lo asume INASSA a través de la empresa Metroagua, que controla, y el alcalde está igualmente muy descontento con el servicio, sobre todo a raíz de los problemas de suministro durante la sequía del pasado marzo. Entonces, el municipio tuvo que arremangarse ante la escasez de agua y su mala calidad, a pesar de que Metroagua declaró 7,4 millones de beneficios antes de impuestos en 2013.

En la citada entrevista con El Espectador, el alcalde advertía que está estudiando alternativas "para poder terminar el contrato con Metroagua" como consecuencia del "desastre que vive la ciudad por la ineficiencia de este servicio" que proporciona la empresa que en última instancia depende de la Comunidad de Madrid.

Caicedo considera "extraño" que Canal Isabel II "opere en España como empresa pública y aquí lo haga como privada", y ante la pregunta de si es cierto "que ese grupo económico [INASSA] tiene vínculos con la clase política y judicial de Santa Marta", el alcalde respondía: "No puedo afirmarlo, pero el solo hecho de que hayan manejado el cobro de los impuestos y la operación de acueducto y alcantarillado por tantos años, con tantas prórrogas y ventajas para ellos indica que alguna conexión deben tener en la región".

Fue precisamente en una visita al Caribe colombiano en 2008 del entonces vicepresidente madrileño y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, donde se registró uno de los episodios más polémicos y aún no aclarados relacionados con el hoy presidente de la Comunidad: González y varios directivos del Canal fueron grabados en vídeo por un detective privado en Cartagena de Indias, capital del Estado limítrofe a Santa Marta, transportando unas extrañas bolsas blancas.


Ver en línea : eldiario.es, 14 de diciembre de 2014.


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