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Una operación financiera del Canal de Isabel II reaviva la lucha contra la privatización del agua

Fuente: eldiario.es

Jueves 27 de noviembre de 2014

El Canal de Isabel II, en manos de la Comunidad de Madrid y de 111 Ayuntamientos de la región, coquetea una vez más con los mercados para financiar su deuda, que asciende a 1.168 millones de euros. Donde la compañía sólo ve "pura y dura financiación", las voces críticas temen el último intento para dar entrada al capital privado, hipotético proceso que el Partido Popular sólo podría completar si mantienen el poder tras las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo.

El orden del día de la Junta General extraordinaria, convocada para el miércoles 3 de diciembre, incluye "el establecimiento del programa de emisión de valores negociables de renta fija" y la aprobación de "la primera emisión de valores", es decir, de bonos, un instrumento financiero de deuda que permite financiarse a cambio de devolver dicha cuantía más los intereses. "Tenemos unas necesidades de financiación, como cualquier empresa y Administración y, según está ahora mismo el mercado, el mejor interés no lo dan los bancos sino los bonos", explican a eldiario.es desde la compañía.

Los repetidos intentos anteriores de privatización han puesto en alerta máxima a los críticos, quienes consideran que este movimiento abre una puerta de entrada a los inversores, facilitando así una posterior venta de acciones: "Los posibles compradores son los mismos que más adelante podrían hacerse con las acciones para quedarse con el Canal", aseguran.

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II quiere devolver el agua a la agenda pública y ha convocado una manifestación para el mediodía del domingo 30 de noviembre en la Puerta del Sol. Este colectivo entiende que la nueva estrategia supondría "un endeudamiento insoportable y una profundización en el proceso de privatización". La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) va en la misma dirección: "Se sigue con un proceso de mercantilización que, sin duda, acabará con subidas en las tarifas y con una ausencia total de control por parte de los ciudadanos".

El Canal de Isabel II Gestión S.A. trata de calmar los ánimos con el argumento contrario: "¿Es malo querer pagar menos intereses cuando necesitas dinero para financiarte? No es cuestión de versiones, la realidad es que no es ningún intento de privatización. No son bonos convertibles que luego puedan transformarse en acciones. El accionariado no se toca: es público al cien por cien".

Más allá del recorrido de los bonos, la Plataforma denuncia la opacidad del proceso y que ningún partido opositor de la Asamblea de Madrid (IU, PSOE y UPyD) tenga información al respecto. "Dicen que no contestan porque son una sociedad anónima", indican fuentes de la Plataforma, que dejan muchas preguntas para la reflexión: "¿Para qué son los bonos?, ¿qué características tendrán?, ¿qué intereses?, ¿qué quieren financiar?". De momento sólo se sabe que en una primera convocatoria se emitirán 600 millones de euros.

Otra de las sorpresas que deja el orden del día de la Junta General es que, por primera vez, se propone una modificación del estatuto de la entidad, que pasará a poder retribuir a los miembros del Consejo de Administración, siempre que no tengan incompatibilidades. En definitiva, dinero que sale fuera de forma paralela a la emisión de bonos y a la reducción en gastos de personal.

Giro hacia el mercado

La empresa cerró el último ejercicio con unos beneficios de 210 millones de euros, que fueron repartidos entre los accionistas, principalmente la Comunidad de Madrid, con el 82,4% de su capital. Desde 2011 los rendimientos han aumentado el 43% mientras que, según los datos que pone encima de la mesa la Plataforma, las inversiones han caído el 56%. Entre una y otra cifra, aseguran, una disminución en recursos humanos del 12,5%.

Sus análisis económicos indican que el superávit logrado por el Canal se transforma en dividendos para los accionistas, en lugar de reducir la deuda, hacer inversiones o paliar gastos de explotación. "Desde 2008 han logrado 850 millones que no se han invertido en nada. Y en sus dos últimas memorias afirman que el objetivo es la ’valoración hacia el accionariado’; cualquier economista sabe lo que esto significa: que la empresa saque beneficios y sea interesante para la compra de bonos o de cara a una futura privatización", subrayan fuentes internas de la Plataforma.

Unas cuentas muy diferentes a las que maneja la gestora, que habla de unas inversiones que "se mantienen constantes en los últimos 20 años, entre los 200 y los 300 millones de euros, siendo una de las empresas de agua que mayor ratio de inversiones hace anualmente".

La opacidad de la gestión, insisten desde la Plataforma, es lo que genera todas estas dudas. Por ello están trabajando en lograr un acuerdo político y social por una gestión cien por cien pública, transparente y participativa. Tachan a la sociedad anónima actual de ser una "entidad de carácter privado, opaca, que mantiene en secreto sus acuerdos y decisiones, ajena al control parlamentario y a la rendición de cuentas, además de estar patrimonializada por el PP". Califican asimismo de "arbitrarias" algunas decisiones, como la adquisición de la concesión del Servicio de Aguas de Lanzarote, por la que el Canal pagará 105 millones de euros en cinco años.

Intentos de privatización

Empresa pública desde su fundación en 1851, no es la primera vez que el Canal coquetea con el capital privado. Los primeros intentos se remontan a 2004, cuando Miguel Blesa, por aquel entonces presidente de Caja Madrid y hoy investigado judicialmente por irregularidades durante su gestión, proponía, en un correo interno revelado por Infolibre, una privatización "no convencional".

Cuatro años más tarde, la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas posibilitaba el acceso privado al 49% de las acciones de la futura sociedad anónima, proceso que cuajó en 2011, poco después de que el PP revalidara su mayoría absoluta en la Comunidad. A los pocos meses, el Decreto 68/2102 aprobaba los mimbres que harían posible la privatización.

Todo estaba hecho, pero de forma paralela había crecido la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, impulsada inicialmente por ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana). El empuje de la ciudadanía –pero sobre todo los complicados momentos por los que atravesaban los mercados (los inversores no mostraron la interés previsto y apenas hubo sobre la mesa tres ofertas, las de Agbar, Acciona y FCC)– dieron al traste con la pretendida salida a Bolsa.

Hoy la compañía pública sigue siendo rentable y los vientos parecen soplar más frescos. Ignacio González, vicepresidente con Esperanza Aguirre y actualmente al frente de la Comunidad de Madrid, ha decidido aprovechar la oportunidad, en lo que a tenor de las encuestas parece ser el último tren seguro para los intereses populares, que pierden apoyos de cara a las autonómicas y municipales. "Qué más da que se produzca a escasos meses de unas autonómicas. No estamos pensando en las elecciones sino en la financiación que necesitamos, al menor interés posible", justifican desde la compañía.
Un libro sobre la privatización del agua

La Plataforma y Marea Azul tienen claro quiénes son los perdedores de esta jugada: "Pierde la calidad del servicio. Pierden los trabajadores, la ciudadanía y los ayuntamientos", escribe Enrique Ortega en el libro que será presentado públicamente el 24 de noviembre y que han publicado al alimón ambos colectivos: Más claro, agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II.

Tampoco titubean con los ganadores: "Los empresarios de las grandes sociedades privadas del sector del agua, los tiburones financieros que invertirán en la operación –bancos, fondos de inversión, etc.– y los políticos del Partido Popular, que se identifican con ellos y que serán recompensados por los servicios que prestan", concluye Ortega, que termina con un guiño a la esperanza: "La sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión es todavía 100% pública por lo que, de existir voluntad política, el proceso podría revertirse sin apenas coste alguno".


Ver en línea : eldiario.es, 18 de noviembre de 2014.


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