El Tribunal Permanente de los Pueblos condena a 70 transnacionales por ser «responsables de crímenes de lesa humanidad en México». Denuncia que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá «ha desarmado la estructura industrial y agrícola del país».

Hace unos días se ha conocido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que ha culminado en México un proceso de tres años de actividad y análisis. Al acto se sumó «el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos en los hechos de Ayotzinapa». En los 35 años de este tribunal se han visto decenas de casos a partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976).

En esta profunda sentencia destaca que «más de 70 transnacionales son responsables de crímenes de lesa humanidad en México», según el alto tribunal popular. «La primera responsabilidad que se le atribuye al Estado mexicano, a las empresas transnacionales y a los demás actores, es la puesta en marcha de un plan de destrucción del Estado y la sociedad, basado en las políticas neoliberales», como dice la observadora catalana, Júlia Martí, del Col-lectiu Rets.

El profesor de la UPV-EHU, Juan Hernández, ha sido miembro del TPP y destaca a GARA cuatro aspectos de un proceso «con más de 10 audiencias previas, 40 preaudiencias, 500 casos presentados, miles de personas implicadas». Afirma que «nos hemos encontrado con hechos muy claros, con mucho rigor en las pruebas, con análisis y peritajes muy sólidos». La sentencia de 97 páginas es «un trabajo muy meditado que pretende restituir los derechos a quienes les han sido impunemente violados» y supone «un eslabón más de una larga cadena de participación social y democrática dirigida a la refundación de México».

Hernández destaca que desvela «la impunidad con que actúan los diferentes agentes implicados y recogida bajo el epígrafe de la rebelión del dolor en México: violencia estructural, ambiental y directa; exclusión social y migración; feminicidio y condiciones de vida de las mujeres; crímenes de lesa humanidad en sus modalidades de exterminio; asesinato; esclavitud; deportación o traslado forzoso de la población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física; tortura; violación persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y desaparición forzada de personas».

El profesor de la UPV-EHU indica, en tercer lugar, «la condena al Estado mexicano, a las empresas transnacionales, a los Estados matrices de las multinacionales e instituciones internacionales», que lleva aparejada «más de veinte recomendaciones dirigidas a diferentes instancias internacionales y nacionales para que intervengan». A la vez, Juan Hernández destaca que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), «forma parte de un entramado jurídico-político de dominación dirigido a desarmar a los pueblos frente a los intereses corporativos». Avisa de que «en México ,el Gobierno de Peña Nieto va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos y destruyendo los derechos del pueblo mexicano».

Entre otras muchas carencias, la sentencia determina que se ha transformado la estructura productiva. «El daño económico más importante generado por el libre comercio ha sido la desindustrialización de su área manufacturera (relativamente poderosa) que conformaban importantes cadenas industriales construidas a lo largo de ciento cincuenta años». Esa destrucción se ha reemplazado «abruptamente» con «una reindustrialización transnacional, que han adquirido ese negocio que antes era de México».

Otro hecho fundamental es el «extractivismo» que con el libre comercio pasó de ser básicamente petrolero «hacia un extractivismo energético cada vez más complejo» y, entre otros muchos elementos, confirma que el tratado de libre comercio ha empeorado «la soberanía alimentaria». Esa realidad es un ejemplo de qué pretenden Estados Unidos y la Unión Europea.