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La UE chantajeó a Ecuador para que firmara el TLC

Martín Cúneo

Jueves 9 de octubre de 2014

El 17 de julio, tras cuatro años de negociación, Ecuador firmaba el tratado de asociación económica con la Unión Europea. Un acuerdo del que también forman parte Perú y Colombia. El ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Francisco Rivadeneira, se adelantaba a las posibles críticas afirmando que el acuerdo “está adaptado” a las necesidades del país y “potencia al máximo las oportunidades, reduce a su mínima expresión los costos, respeta el modelo de desarrollo del país y permite proteger a los sectores más sensibles a nivel productivo”.

No fue suficiente para acallar las voces que venían denunciando desde el inicio de las negociaciones que se trata de un tratado de libre comercio encubierto, “propio del modelo de desarrollo neoliberal impulsado en la década de los 90 y que se encuentra reñido con la letra y el espíritu” de la actual Constitución, aprobada en 2007.

Las palabras entrecomilladas no proceden de alguno de los múltiples grupos opositores que se posicionan a la izquierda del Ejecutivo, sino de Fernando Yepez Lasso, ex embajador de Ecuador ante la Unión Europea durante la negociación del acuerdo. Gracias a una filtración de cables enviados desde la sede diplomática de Ecuador en Bruselas a altos cargos del Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino, es posible reconstruir los entresijos de la negociación entre Quito y la UE. Esta información fue recibida a través de una colaboración con la Associated Whistleblowing Press mediante su plataforma EcuadorTransparente.org, parte de la red de Filtrala, en la que participan Diagonal, La Marea, elDiario.es y Mongolia.

La extorsión de la Unión Europea

Según afirma el embajador Yepez Lasso en los cables filtrados, la Unión Europea presionó a Ecuador para que firme el tratado de libre comercio con la UE, amenazándolo con dejarlo fuera de los beneficios arancelarios otorgados al país a través del Sistema General de Preferencias Plus (SGP+), un mecanismo, prorrogado hasta finales de 2014, que abre las fronteras de la Unión a diferentes productos ecuatorianos. El fin del los beneficios del SGP+, por el que entran en Europa el 85% de las exportaciones ecuatorianas, a excepción del banano, supondrían para las cuentas del país andino el pago de 328 millones anuales en aranceles, según la asociación de empresarios ecuatorianos Fedexpor.

Así lo explicaba Yepez Lasso en uno de los cables de 2011: “La posibilidad de que nuestro país sea excluido del SGP+ es un elemento de presión por parte de la Comisión Europea y de ciertos sectores empresariales para que el Ecuador adhiera al TLC concluido por la UE con Colombia y Perú como única alternativa para evitar la pérdida de acceso a este mercado”.

Sobre las posibles incompatibilidades entre el tratado y la Constitución de Ecuador y las leyes de Empresas Públicas y de la Economía Popular y Solidaria, Gaspar Frontini, jefe negociador de la Comisión Europea, se mostraba “optimista”, escribe Yepez Lasso, “en el sentido de que determinadas contradicciones y dificultades con las leyes ecuatorianas (…) desaparecerían ya que el TLC por su jerarquía normativa de instrumento internacional prevalecería sobre ellas, según nuestro ordenamiento jurídico”.

Según el embajador ecuatoriano, en una conversación con Frontini, el jefe negociador de la Comisión le confirmaba las opciones del país andino: “Ecuador no tiene alternativa a la adhesión, con las particularidades del caso, al TLC concluido con Colombia y Perú ya que en el 2014 perdería el SGP+ y, consecuentemente, el acceso privilegiado al mercado europeo. El Ecuador quedaría aislado, mientras sus competidores andinos y centroamericanos se beneficiarían de un tratado de libre comercio”.

Y se lo confirmaba Tomás Duplá, entonces director para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior: Ecuador no tiene otra opción que adherirse al “TLC concluido con Colombia y Perú, con las particularidades del caso”, medida que debe venir acompañada “de la suspensión de la política de denuncia de los TBI’s”, en referencia a los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, un mecanismo que somete al Estado a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, ambos organismos proclives a la resolución de conflictos en favor de las compañías transnacionales.

Mientras en Ecuador se auditaban los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones firmados con anterioridad, Tomás Dupla y el comisario europeo Karel de Gucht habrían conminado a Ecuador a suspender dicha política de denuncias. Más allá del contenido de las filtraciones, el presidente Correa aún no ha firmado la derogación de los tratados bilaterales en el Legislativo ecuatoriano.

El mismo comisario europeo de Comercio, Karel de Gutch, había hablado con la entonces ministra Nathalie Cely “con particular franqueza, dureza y burdo desdén, al afirmar que la UE negocia solamente TLC’s; que para ello el Ecuador debe reformar su Constitución y que la política de denuncia de los TBl’s debe ser superada. Ésa es la flexibilidad de la UE, expresada al más alto nivel de la Comisión Europea, y que de manera alguna permite pensar en apertura hacia nuestros planteamientos esenciales sobre la naturaleza del acuerdo comercial y nuestro modelo de desarrollo”.
Foto de los documentos donde el embajador ante la UE compara el actual TLC con los firmados en los 90.

Entre la espada y el TLC

Para la Unión Europea no había un plan B. Ni un gran margen de negociación. La adhesión de Ecuador al tratado firmado anteriormente con Perú y Colombia era el único instrumento comercial sobre la mesa de negociaciones. “El único acuerdo comercial posible con la UE es la adhesión al TLC concluido con Colombia y Perú –defendía el embajador ecuatoriano en la UE en los cables filtrados– con las especificidades mínimas de cada país”. Unas condiciones que difícilmente pueden conjugarse con la Constitución ecuatoriana.

La Constitución de Montecristi –promulgada en 2007 y que recoge gran cantidad de demandas sociales defendidas en largos ciclos de movilizaciones y levantamientos populares– prohíbe la firma de tratados que cedan jurisdicción soberana a instancias de arbitrajes internacionales, exige medidas protectoras al sector agroalimentario y pesquero, da prioridad en las compras públicas a productos y servicios nacionales, protege la producción nacional y procura el fortalecimiento de los mercados internos. Sin embargo, según afirma el analista e histórico activista Edgar Isch, el texto del acuerdo suscrito entre Ecuador y la UE apenas incorpora modificaciones respecto al de Colombia y Perú, unas reservas muy menores en cuanto a compras públicas, y la inclusión en los anexos de algunas excepciones y plazos para productos sensibles, al igual que los existentes con respecto a los otros dos países andinos.

Kintto Lucas fue vicecanciller de Ecuador entre 2010 y 2012, uno de las personas más cercanas a la negociación del tratado con la Unión Europea. “Lo que decía en 2012 cuando renuncié de vicecanciller se está cumpliendo, Ecuador se adhiere al TLC de Colombia y Perú con la UE. Que pena”, escribía en su cuenta de twitter el martes 7 de octubre. “Con el TLC los restauradores de la derecha están contentos. Se unen cuando se trata de sus grandes intereses. Felicitaciones por la victoria”, escribía en la red unos minutos después.


Ver en línea : Diagonal, 8 de octubre de 2014.


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