Introducción

En las últimas décadas, el gobierno nacional fortaleció su compromiso de vincular su estrategia de desarrollo económico con el crecimiento de la industria extractiva minera. Como lo plantea en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, el sector minero energético se considera una de las cinco locomotoras del desarrollo del país. Así las cosas, hoy el sector mi nero energético ocupa casi el 7% del PIB y más del 50% de las exportaciones colombianas (Razón Pública, 2013).

De la misma forma como se ha incrementado y fortalecido la apuesta institucional por la minería, ha aumentado la actitud crítica de la sociedad civil y de la opinión pública por la profundización de un modelo minero inequitativo, excluyente y depredador de los recursos naturales. Este modelo ha generado no sólo afectaciones al medio ambiente, también ha deteri orado la calidad de vida de las comunidades y en particular de las mujeres y las comunidades que se encuentran en las áreas de influencia de los proyectos.

En Colombia, a pesar de que las mujeres rurales repre sentan el 46% de las mujeres, en su mayoría sufren discriminaciones como re sultados de dos fenómenos conocidos como la deuda rural y la deuda de género: “La deuda rural caracterizada por las discriminaciones que sufren ho mbres y mujeres, habitantes rurales, en relación con las personas que habitan e n lo urbano. La deuda de género se refiere a las discriminaciones por el hecho de se r mujeres frente a los hombres en el mundo rural. Además de los impactos relacionados con la violencia contra las mujeres en el conflicto armado” (PNUD, 2011).

Pese a las recomendaciones y observaciones del Comité de la CEDAW sobre las mujeres rurales [1], estas discriminaciones, expresión del ejercicio de las relaciones de poder autoritarias en la disputa por la tierra y el territorio en el actual modelo de desarrollo rural y en el conflicto armado, se profundizan hacia las mujeres rurales en contextos de minería, tanto por el hecho de ser mujeres como por ser campesinas, indígenas y afrodescendientes. A tal punto que la vulneración de sus derechos, en especial del derecho a la tierra y al territorio, les impide superar las barreras generadas por la discriminación y vivir en condiciones dignas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza esta investigación en el marco de la Estrategia Colaborativa por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio en Colombia – ENI, que pretende contribuir a la construcción de una reforma rural transformadora a partir del fortalecimiento de la representación política del campesinado y la generación de capacidades de discusión e incidencia en las políticas de desarrollo rural en Colombia.

En este sentido, viene aunando esfuerzos en aras de aportar en el desarrollo de acciones de fortalecimiento de la participación, representación e incidencia política de las mujeres rurales colombianas. Mas aún, teniendo en cuenta las precarias condiciones en las que se encuentran, la vulneración a sus derechos y la ausencia de estudios sobre el impacto de las industr ias extractivas en sus cuerpos y derechos.

Durante cuatro meses, el proyecto buscó identificar y analizar la situación de las mujeres rurales en relación a los impactos, en particular los conflictos y afectaciones a los derechos a la tierra y el territ orio que los procesos de industria extractiva minera han generado en el sur del departa mento de La Guajira. Específicamente busca: i. identificar del contexto y los conflictos sociales, económicos, ambientales y culturales relacionados con las mujeres, generados por la industria minera en La Guajira; ii. identificar de las afectaciones a las mujeres y sus derechos a la tierra y el territorio generadas por la industria minera; iii. identificar los procesos de participación e inciden cia de las mujeres en relación a la industria minera, sus afectaciones y los conflictos generados por esta actividad; y iv. elaborar recomendaciones de política pública con base en normas nacionales e internacionales relacionadas con la discriminación y los derechos de las mujeres, en particular de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés.»

Jazmín Romero Epiayú, investigadora de Sütsüin Jieyuu Wayúu - Fuerza de Mujeres Wayúu, y Dana Barón Romero, del Equipo de Tierras y Derecho al Territorio del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP, en el marco de la Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio.

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