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Latinoamérica, transnacionales y cambio social en el marco de la crisis global

José Luis Magaña Rivera

Miércoles 3 de septiembre de 2014

A casi siete años del estallido de la crisis económica internacional, América Latina se ha perfilado como una de las regiones con menores impactos económico-financieros y de rápida recuperación. En parte, por su vinculación con mercados de alto dinamismo como China; en 2007 el 24,4% de las exportaciones de materias primas e industrias extractivas de América Latina tenían como destino ese país, para 2013 el 53,6% [1].

Esto está contextualizado en una etapa de transnacionalización del capital en la que, como explica Robinson [2], los circuitos nacionales de acumulación articulados en un mercado mundial van transformándose hacia circuitos transnacionales de producción y acumulación, a través de la transnacionalización de mercados, sistemas financieros y procesos de producción.

Por un lado, los circuitos transnacionales de acumulación subordinan todas las expresiones productivas nacionales bajo las condiciones de esta fase de la acumulación. De esta manera, se vincula la agenda del desarrollo a la penetración y expansión de las empresas transnacionales para desarrollar economías de escala e integrar diferentes modos de producción en los circuitos globales de acumulación de capital, “significa unificar al mundo en un solo modo de producción y en un solo sistema global, y guiar la integración orgánica de diferentes países y regiones hacia una economía global” [3]. Por otro lado, los circuitos globales de acumulación precisan de uniformizar las condiciones para la transnacionalización del capital. Bajo esta premisa se puede enmarcar el entramado jurídico de la nueva lex mercatoria dictada desde organismos financieros y comerciales internacionales En tanto el marco regulatorio está creado para la preparación de las mejores condiciones para la transnacionalización del capital, su fin es asegurar la rentabilidad. Así, se pueden comprender las políticas de liberalización, privatización y desregulación de mercados como parte de esta homogenización de condiciones.

Los circuitos de acumulación global colocan, entonces, a las grandes empresas transnacionales como las protagonistas del entramado económico-político-social. Esto es lo que se ha venido imponiendo en América Latina y son las mismas medidas que la troika europea recomienda aplicar en el Sur de Europa.

Si se comprende el capital como una categoría social, que define una relación de propiedad privada de los medios de producción, es evidente que a medida que se expande el capital –esta vez de manera transnacional— se profundiza una polarización en la estructura distributiva de la riqueza y en términos de subordinación de las condiciones relativas de poder Así, la defensa de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos se encuentran subordinadas a los criterios de funcionalidad en los circuitos globales de acumulación.

Inversión extranjera directa y circuitos globales de acumulación en América Latina

Como manifestación de estos procesos en América Latina, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) pasaron de 7.781 millones de dólares en 1990 a 174.453 millones de dólares para 2013 [4]. La rentabilidad media [5] de la IED en la región se mueve entre 10,5% y 4,7% desde 2006. Además, los flujos de los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus subsidiarias en América Latina generan desequilibrios en la balanza de pagos. El promedio anual de renta de IED ha sido cerca de 100 mil millones de dólares, mientras el superávit comercial alcanza aproximadamente 50 mil millones de dólares.

Según la CEPAL [6], la distribución del destino de la IED entre los sectores en la región, para 2013, muestra que el sector de servicios representa el 38% estimado del total, la manufactura el 36% y las industrias vinculadas a recursos naturales el 26%. Sin embargo, esta distribución cambia según subregiones, el destino mayoritario en servicios se da en Centroamérica (62%), la manufactura en México (71%) y de recursos naturales en el Sur, en países como Bolivia (80%), Colombia (50%) y Ecuador (39%). Si bien en Centroamérica la mayor parte de la IED se destina a servicios, la inversión en minería ha comenzado en expandirse en países como Guatemala y Panamá.

Estas expansiones de IED en la región latinoamericana han modificado patrones regionales de acumulación. Así, la penetración de capital transnacional en la banca ha representado dificultades de acceso a financiación para pequeños productores locales y las grandes corporaciones dedicadas al comercio subordinan estas iniciativas a la lógica de acumulación transnacional, bajo el paradigma de la responsabilidad social corporativa e, incluso, desde programas gubernamentales de estímulo a la producción.

Las industrias extractivas están estrechamente vinculadas a conflictos económicos y socio-ambientales. Dado el marco regulatorio internacional controlado por agencias financieras y comerciales internacionales, como los arbitrajes del CIADI (Banco Mundial) y la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ONU), las transnacionales cuentan con la protección legal para mantener sus circuitos de acumulación. De esta manera, se crea el contexto adecuado para impedir la violación de los derechos humanos por parte de empresas extractivas como, por ejemplo, Repsol. En Bolivia la petrolera ha estado vinculada a la evasión de impuestos, el desarrollo de su infraestructura está localizada en territorios declarados Reservas Naturales y afecta a tierras comunitarias de origen. Situaciones similares se presentan en Colombia.

La transmisión y distribución eléctrica está controlada en la mayor parte de la región por transnacionales como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel. Esta última, a través de Endesa, cuenta con subsidiarias de generación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, en transmisión, incluyen también Costa Rica, Guatemala y Panamá. Las inversiones en este sector no han supuesto un aumento significativo en la cobertura, pero ha estado acompañada de aumento de los costos de los servicios.

En El Salvador, desde 2001 Enel Green Power, a través de negociaciones poco transparentes, forma parte accionaria de la empresa mixta LaGeo, dedicada a la generación de energía geotérmica. En los contratos se planteaba que las inversiones de Enel se convertirían en acciones en su favor. En 2008 buscaba alcanzar el 53% de las acciones, con lo cual controlarían la distribución de dividendos, la expansión de la infraestructura, los proyectos de inversión y la concesión del uso del vapor del subsuelo. El Estado salvadoreño se negó a convertir las inversiones de Enel en acciones a fin de no otorgar la mayoría accionaria en LaGeo. Para octubre de 2008, Enel presentó un recurso judicial ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que en 2011 resultó en un fallo favorable a Enel que, luego de un amparo del Estado salvadoreño, fue ratificado en 2013. La decisión de no otorgar la mayoría accionaria se mantiene, ante lo que Enel prepara un proceso en el CIADI. Bajo la actual estructura accionaria, el Estado salvadoreño recibió 140 millones de dólares de dividendos en 2012, que son utilizados para cubrir el subsidio a la energía eléctrica destinado a los hogares de menor consumo.

La presencia y expansión de las trasnacionales en América Latina tienen, entonces, doble vía para la inserción en los circuitos globales de acumulación. Por un lado, la inversión en industrias de bienes transables –commodities- permite integrar a la región como proveedora de materias primas y manufacturas de baja tecnificación funcionales a procesos transnacionales de producción, controlados por los mismos conglomerados de capital. Por otro lado, penetran sectores claves no transables, como la banca y los servicios básicos, de modo que construyen mecanismos para captar las rentas que las industrias de los commodities dejan en los mercados internos de las economías locales.

La relación de los Estados latinoamericanos

Los gobiernos latinoamericanos han adoptado diferentes estrategias para afrontar este panorama. A fin de comprender el papel de los Estados en esta fase de circuitos globales de acumulación, es necesario tener en cuenta que la región es una parte que encaja en un sistema más amplio y abarcador. Un sistema que, como ha sido ya señalado, tiene como eje articulador la transnacionalización del capital y, cointegradamente, la homogenización de las condiciones para asegurar la movilidad.

Si los circuitos nacionales de acumulación podían ser controlados y regulados por los Estados, la conformación de una élite transnacional vinculada a la globalización de la acumulación vuelve más compleja la gestión regulatoria de los Estados. De esta manera, las acciones nacionales están subordinadas a la lex mercatoria para facilitar la entrada de los capitales transnacionales y, por tanto, reivindicaciones por la soberanía de los pueblos pasa, necesariamente, por confrontar con este marco regulatorio.

En América Latina, la expansión de capitales trasnacionales a través de la IED ha marcado el contexto en el cual algunos gobiernos han intentado recuperar autonomía y soberanía. Países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay o Venezuela han tomado estrategias de mayor intervención pública en las economías. Sin embargo, más allá de transformar los patrones de promoción de commodities, se han limitado a disponer de las rentas de estas industrias para aumentar el gasto público social, en particular, el auge de las transferencias condicionadas.

El gasto social como porcentaje del PIB de estos países, en promedio, ha pasado de 13,7% en 1998 al 22,5% en 2013. Esto ha estado apoyado en el incremento del peso de las materias primas e industrias extractivas en las exportaciones totales. Por ejemplo, en 1998 las exportaciones de estos commodities representaban el 17,1% de las exportaciones, para 2013 incrementaron al 41.1%.

La desaceleración del crecimiento en China, principal comprador de materias primas a América Latina (53,6%), disminuiría los precios de estos bienes y con ello, la capacidad de los Estados para mantener el gasto público, en tanto no se han transformando las condiciones estructurales de las economías. De ahí la fragilidad de una estrategia neoextractivista que, además, representa vulneraciones a comunidades y ecosistemas.

Una característica de las economías latinoamericanas pos-crisis, es que, dada la volatilidad del mercado financiero, se han vuelto receptoras de capitales financieros que se mueven en cortos plazos, es decir, son de naturaleza especulativa. A partir de 2007 los títulos de participación en menos del 10% de capital y los títulos de deuda de la región para capitales financieros internacionales han crecido de 15.500 millones de dólares en 2006 a 103.700 millones de dólares en 2013. El anuncio de la Reserva Federal estadounidense de flexibilizar la política de estímulo de liquidez a los bancos tiende a volver atractivos esos mercados y representaría una salida de esos capitales de las economías latinoamericanas.

Ergo, por un lado se espera una reducción de los precios de los commodities y, de otro, la salida de capitales financieros. Estas condiciones vuelven insostenible el actual modelo de desarrollo social de los gobiernos progresistas y se vuelve necesario fortalecer la construcción de alternativas.

Dados los circuitos globales de acumulación, la construcción de alternativas pasa por desarrollar mecanismos de intercambio y producción desde abajo. Esto es, procesos que se contrapongan a la propiedad privada de los medios de producción y permitan desarrollar economías comunitarias de escala, basadas en la propiedad y trabajo colectivo. De esta manera se vuelven procesos participativos de producción, donde las comunidades tienen capacidad de decisión sobre los sectores que encadenan la economía. Es decir, que es necesario un proceso de democratización de las economías.

Este tipo de procesos puede estar acompañado de parte de los gobiernos con mecanismos alternativos de financiamiento. En lugar de basar esos proyectos en flujos de cooperación internacional o financiamientos externos, existen reservas internacionales acumuladas (14.3% del PIB de la región [7]) por los gobiernos que se pueden poner a disposición de fortalecer estos procesos.

Se precisa señalar que la transición de un modo de producción a otro, más que de conceptualización de ideas alternativas, proviene de la convergencia de dos condiciones fundamentales. Por un lado, las circunstancias socioeconómicas, en referencia a la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción del orden vigente. Por el otro lado, el movimiento histórico se genera a partir de enfrentamiento de clases, esto es, como producto de voluntades, expresadas en la movilización con fines revolucionarios.

Sustituir la racionalidad de la acumulación capitalista por una racionalidad sustentable, basada en la solidaridad se ha vuelto, más que en una virtud, una necesidad para asegurar la sobrevivencia humana. Se trata pues de vínculos de cooperación solidaria, sin hegemonías en la sociedad, esto es, sin grupos privilegiados de poder, tanto de manera política, económica, de género o del control de los bienes naturales.


José Luis Magaña Rivera, miembro de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad Centroamericana en El Salvador

- El presente artículo fue el ensayo final del curso online «Empresas transnacionales en la crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se desarrolló del 2 de junio al 4 de julio para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú.


Notas

[1Datos obtenidos de la base UN-COMTRADE

[2Robinson,William (2011): Conflictos transnacionales: Centroamérica, cambio social y globalización. UCA Editores. San Salvador.

[3Ibídem

[4Datos obtenidos de cuentas de balanza de pagos en CEPALSTAT

[5La renta de IED dividida por el acervo de IED, datos obtenidos de CEPAL (2013).

[6CEPAL (2013): La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.

[7Dato obtenido del WDI del Banco Mundial, 17 países de Latinoamérica.


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