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Neoextractivismo, desarrollo y buen vivir

Carmen Alejos Valverde

Viernes 5 de septiembre de 2014

¿Quieren que llenemos de basureros la amazonía,
que nuestros hijos luego se vayan a buscar en ellos
o trabajen limpiando vidrios de carros?
Yo les pregunto: ¿Quién tiene que aprender de quién
sobre lo que es desarrollo?, ¿ustedes o nosotros?
(Líder awajun)

El presidente Ollanta Humala manifestó que Latinoamérica no puede seguir siendo un continente que vive ’casi exclusivamente de la exportación de materias primas’, y que necesita iniciar una política de industrialización. Además, agregó que la región necesita ’romper la matriz primaria exportadora y para eso hay que apostar por la educación y la cultura’. Estas afirmaciones se dieron durante la inauguración de la conferencia ’Gobierno Abierto y Transparencia de las Industrias Extractivas en América Latina y el Caribe’, en junio de 2012.

El Perú vive fundamentalmente de las actividades extractivas en las zonas andinas o en la amazonía. A la fecha, las regiones con mayor territorio concesionado son: Moquegua, con el 69% de su territorio concesionado; Apurímac (50%); La Libertad (42%); Tacna (42%); Arequipa (41%) y Áncash (40%); la mayoría de ellas ubicadas en zonas de reserva natural y otras en zonas de cabecera de reserva natural y otras en zonas de cabecera de agua [1].

Los últimos gobiernos han promovido un modelo de desarrollo basado en el neoextractivismo, orientando la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos dirigidos a la exportación, sin tener en cuenta que la materia prima se agota y no es renovable, además de generar contaminación ambiental y conflictos sociales. Según la Defensoría del Pueblo, a mayo del 2014 -de los 212 conflictos que existían- el primer lugar lo ocupaban los conflictos socioambientales con 135 casos, los que representaban el 63% del total. [2].

Tras los hechos sangrientos de Bagua (junio 2009), que dejaron más de 30 víctimas, diversos organismos nacionales e internacionales exigieron al Estado Peruano implementar un proceso de consulta como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Han pasado 5 años del trágico hecho en Bagua y es poco lo que el Estado ha avanzado en la protección de los pueblos indígenas; al contrario, el gobierno de Ollanta Humala que en campaña electoral ofreció defender el medio ambiente y renegociar los contratos con las empresa mineras, en la práctica ha promovido la inversión flexibilizando las leyes de protección del medio ambiente y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.

En este país, lamentablemente, los gobernantes de turno han despreciado históricamente a los pueblos indígenas; en la actualidad, el 75% de sus ciudadanos percibe ingresos menores a dos dólares diarios, y de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población indígena en el Perú asciende a más de cuatro millones de habitantes.

Con respecto a la Ley de Consulta Previa, a dos años de la reglamentación, el gobierno de Ollanta Humala ha tenido algunos avances en el marco jurídico del Convenio 169; sin embargo, ha retrocedido y entrampado su implementación. Una muestra de ello es que desde el Ejecutivo se pretende excluir del proceso de consulta previa a la Costa y Sierra del Perú, justamente porque los proyectos mineros se encuentran concentrados en estas regiones; de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, en estas zonas existen unas 50.516 autorizaciones, mientras que en la Selva sólo hay 3.754 concesiones mineras vigentes.

Por su parte, las empresas mineras -aprovechando la caída de los precios de los metales- han presionado al Estado peruano para obtener mejores condiciones, por ello para el gobierno la consulta previa es un obstáculo, se niegan ver que los procesos de consulta podrían asegurar el desarrollo de inversión a largo plazo. El resultado de esta presión es el paquete de medidas económicas enviado por el Ejecutivo al Congreso y que ya se aprobó en la Comisión Permanente del Congreso, normativa que pretende reducir los mecanismos de regulación del Ministerio del Ambiente, y privilegiar a las industrias extractivas promoviendo nuevas inversiones en gas, minería y petróleo en desmedro de los derechos laborales y sociales de la población. Los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales del país han criticando fuertemente al gobierno y le exigen retroceder en sus intenciones.

El Estado vive en una contradicción, asume diversos compromisos internacionales para la protección del ambiente, pero al mismo tiempo promueve una legislación que limita a las instituciones y autoridades competencias para implementar regulaciones ambientales elementales y urgentes.El modelo de desarrollo basado en el neoextractivismo quiere imponer a los pueblos indígenas y comunidades campesinas un tipo de desarrollo que no coincide con la cosmovisión de los pueblos. El Estado y las empresas mineras argumentan que los indígenas no entienden de desarrollo, que son irracionales, que se oponen a la inversión y al desarrollo del país. Sin embargo, la racionalidad indígena nos ha permitido, por miles de años, la convivencia armónicamente entre el hombre y la naturaleza.

El afán de lucro de las empresas y de recaudación tributaria del Estado no debe imponerse de manera inconsulta, autoritaria y violenta sobre la voluntad de los grupos poblacionales; cada uno de ellos tienen derecho a decidir su propio destino y el tipo de desarrollo que desean.En estos años de bonanza, el Estado no ha podido mejorar la calidad de vida de los pobladores de esas zonas.Por ejemplo, Cajamarca y Áncash son dos regiones donde se encuentran las empresas mineras más grandes, pero tienen un gran porcentaje de pobreza y se ha incrementado la corrupción y el sicariato.Tanto el gobierno nacional y los regionales no han podido administrar adecuadamente los millonarios ingresos económicos para generar y apoyar actividades alternativas con la finalidad de diversificar la economía.

Después del extractivismo, ¿qué?

En las últimas décadas el país depende en gran medida de la minería, mientras que los sectores dedicados a la agricultura y el rubro agropecuario a duras penas subsisten.En este tiempo, el objetivo del país debiera ser la administración racional de los recursos y promover la diversificación económica de los sectores menos favorecidos; agricultura, producción agropecuaria, turismo vivencial y cultura. Además de fortalecer los mecanismos de regulación y fiscalización ambiental, cumpliendo con lo que establecen las normas de este país para proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

La minería es una fuente importante para el Estado, pero urge iniciar un proceso de Ordenamiento Territorial con la participación de las organizaciones sociales y sociedad civil, donde cada nivel de gobierno implemente políticas que -en base a análisis científicos y consultas a la población- delimiten zonas apropiadas para una determinada actividad, ya sea extractiva o productiva, teniendo en cuenta que las extractivas procedan en lugares que no entran en conflicto con la posibilidad de uso sostenible de la biodiversidad y la cosmovisión de los pueblos originarios. Además, los entes reguladores debieran evaluar la inversión extranjera, siguiendo exigencias sociales, económicas y ambientales.

A diferencia de Bolivia, Ecuador y Chile, donde los gobiernos ’progresistas’ han renegociado contratos con las empresas transnacionales e incluso han establecido normas de participación del Estado en las ganancias, el Estado Peruano se muestra permisivo, débil y defensor de las empresas transnacionales, desatendiendo el clamor de los menos favorecidos de este país.

El buen vivir

En el Perú, el buen vivir es una propuesta que viene siendo acogida en pequeños sectores de la Sierra y Selva, pero no por el Estado.Al respecto, Saúl Bermejo Paredes -Docente universitario de origen aimara- manifiesta:

«Los indígenas merecemos respeto y consideración por pensar, sentir y actuar diferente.El respeto es permitir que todo y todos sean a plenitud lo que tienen que ser; es permitir y participar en el circuito de la fuerza vital, que anima la buena marcha de la sociedad y la naturaleza.Ese respeto es radical y concierne a todo ser humano; no está supeditado a estatus económico, pertenencia étnica o reconocimiento social.El respeto también comprende, la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva y democrática, capaz de reconocer, articular y transformar toda su diversidad a través de un Estado Plurinacional, que profundice el enriquecimiento mutuo y la comprensión entre diferentes, basado en los derechos humanos, el buen vivir, la madre naturaleza, la solidaridad, la lucha contra la pobreza, y la distribución social igualitaria de las diversas oportunidades y servicios.En este marco, el derecho y la política, las instituciones y las relaciones interpersonales requieren ser revisados en su concepción y en su ejercicio a la luz del principio ético del ’respeto’ [3]

Además, afirma que nuestro país demanda otro modelo de desarrollo, otro orden jurídico, otro tipo de relaciones que permitan florecer y no morir.Ésta es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar.En medio de toda crisis, ’algo nuevo’ nace.Construyamos y hagamos realidad esa nueva utopía, porque un mundo mejor para todos y los que vendrán, sí es posible.


Carmen Alejos Valverde es especialista en comunicación para el desarrollo, y miembro de miembro de la Red de Ética y Gobernabilidad de la Provincia del Santa (Áncash) de Perú.

- El presente artículo fue el ensayo final del curso online «Empresas transnacionales en la crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se desarrolló del 2 de junio al 4 de julio de 2014 para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú.


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