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El oro de Colombia, en manos de la multinacional Anglo Gold Ashanti

Jairo Antonio Fuentes Díaz

Lunes 1ro de septiembre de 2014

Con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), Anglo Gold Ashanti es la tercera multinacional más grande en el mundo en la explotación de oro. En Colombia tiene solicitudes de exploración y explotación sobre más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional.

En el año 2006, la minera Anglo Gold Ashanti llega al Departamento del Tolima y centra sus actividades de explotación en el municipio de Cajamarca, donde se le concede permiso de exploración sobre un área total de 6.39 hectáreas de zona de reserva forestal y en la que se encuentran 161 nacimientos de agua, de la cual se calcula se gastaría, según el ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo, entre 50 mil y 70 mil metros cúbicos, para explorar 70 mil toneladas de roca. En las labores de explotación se utilizaría una cantidad de 9 millones de metros cúbicos al año, lo que equivale al consumo generado por 400 mil personas en el mismo tiempo, que es igual a un número un poco inferior a la población de la ciudad de Ibagué que se encuentra alrededor de los 600 mil habitantes.

Desde sus comienzos, y ante la oposición de los ambientalistas y un buen número de integrantes de las comunidades, la empresa se ha dado a la tarea de mostrar su cara amable, para lo cual diseñó una serie de 24 proyectos que incluye la financiación para pintar las escuelas del municipio de Cajamarca, el arreglo de sus vías y la compra de la primera ambulancia, la promoción de proyectos agropecuarios, financiación del equipo de futbol deportes Tolima y viajes pedagógicos.

La campaña para mostrar casos de minería responsable en el mundo ha llevado al alcalde y a los concejales del municipio a conocer las explotaciones que la multinacional tiene en Minas Gerais (Brasil). Allí se les enseñó una mina de tan solo 10 hectáreas, muy diferente en proporción y desde luego en impacto de lo que sería la mina de ‘La Colosa’, que constituye uno de los nueve proyectos mineros más importantes de Colombia, con un potencial de 12 millones de onzas de oro, con capacidad de producción de 700 mil onzas por año.

Para la extracción total de las reservas de oro calculadas en solo lugar de explotación se utilizarían 4 millones de kilos de cianuro, con lo que es impensable y desde luego no creíble la afirmación de la empresa de que no se contaminarían las aguas ni las tierras donde se establezcan las llamadas piscinas.

Ante las amenazas al medio ambiente y las promesas sobre el aumento de la calidad de vida de las comunidades, la región se encuentra dividida entre quienes defienden los planes de la empresa y quienes prefieren la existencia del agua y la conservación de la vocación agrícola, sobre todo del municipio de Cajamarca, que por su gran potencial de producción de alimentos ha sido conocido como la despensa agrícola del Colombia.

Ante todo esto, las autoridades locales y las comunidades han reaccionado de manera positiva. Y con la ayuda de ambientalistas y expertos en el tema, han creado conciencia sobre los riesgos que acarrearía para la región permitir que un proyecto de tales magnitudes se lleve a cabo en una zona de reserva forestal, y que proyecta extenderse a otras zonas del departamento como los municipios del Líbano y Santa Isabel.

Para oponerse a la mega minería, los habitantes de la región han realizado desde asambleas veredales y municipales, hasta marchas como las del pasado 5 de junio, pasando por la utilización de herramientas de derecho contempladas en la Constitución nacional. Ejemplo de ello es la consulta popular realizada en el municipio de Piedras, cuyo resultado aplastante fue el desacuerdo con que Anglo Gold Ashanti instale allí su planta de tratamiento de los materiales que serían extraídos en Cajamarca.

La posición del Estado central es claramente a favor de los intereses de la multinacional, y así se evidencia en los pronunciamientos del procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, al descalificar la realización de la consulta e iniciar una investigación en contra del alcalde del municipio, amparado en una sentencia de la Corte Constitucional que, a pesar de avalar la consulta previa lo hace como un mecanismo de información y no de decisión popular. Se establece así que las explotaciones, sobre todo en territorios de comunidades ancestrales, deben ser concertadas con ellas. En las pasadas elecciones presidenciales, los habitantes de Piedras no votaron por ningún candidato como una manera de protestar contra la política extractivista del Estado.

Desde que Anglo Gold Ashanti hizo presencia en el Tolima, el grupo paramilitar conocido como ‘águilas negras’ inició una campaña de amedrentamiento hacia la población, mediante el patrullaje de personas encapuchadas que distribuían panfletos alusivos a la agrupación y con amenazas a la juventud para que cambiaran sus hábitos de vida por considerarlos antisociales. Posteriormente y ante la creciente ola de protestas contra la empresa minera, las ‘águilas negras’ hicieron circular hojas volantes donde les advertían a los manifestantes, que deberían abandonar la región, por oponerse al desarrollo que la empresa estaba generando en la misma.

Extrañamente, varios dirigentes de movimientos sociales y líderes de las protestas ciudadanas, han sido asesinados en circunstancias que aparentan un hecho común de violencia, pero que para la opinión pública es indicio de que tales muertes han ocurrido por oponerse a la presencia y actividad de la empresa en la región.

Hasta ahora y gracias a la acción decidida de las comunidades y de algunas autoridades locales, la empresa no ha podido iniciar sus actividades de forma oficial, pero sigue teniendo personal y maquinaria en la zona. El acceso a los sitios de exploración sigue siendo restringido para la comunidad y para los investigadores que se oponen a la actividad de la empresa, lo que hace sospechar que, de alguna manera, ya se está extrayendo parte del mineral a escondidas de la opinión pública.

De permitirse la exploración y explotación de minerales a gran escala, no solo en el departamento del Tolima, sino en los demás departamentos del país, se estaría afrontando un gran conflicto social a raíz de los desbarajustes culturales que tales actividades generan como ya a ocurrido en otras partes del territorio nacional. Y que se traducen en un incremento de la violencia, el desabastecimiento de agua, la aparición de enfermedades por envenenamiento del ambiente, entre otros.


Jairo Antonio Fuentes Díaz, Colombia.

- El presente artículo fue el ensayo final del curso online «Empresas transnacionales en la crisis global. Alternativas para un cambio de paradigma económico y socioambiental», impulsado por OMAL y que se desarrolló del 2 de junio al 4 de julio para alumnado de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú.


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