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Un tribunal ético juzga a una firma española por el acoso a indígenas en Guatemala

Matthieu Delmas (InfoLibre, 24 de junio de 2014)

Sábado 28 de junio de 2014

La compañía Hidralia Energía está acusada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos junto a otras siete empresas mundiales de violaciones de los derechos humanos. La empresa habría ejercido violencia contra indígenas para sacar adelante proyectos hidroeléctricos, acusación que niega tajantemente.

Ocho empresas multinacionales, entre ellas la gallega Hidralia Energia, fueron juzgadas este lunes en Ginebra por el Tribunal Permanente de los Pueblos, una institución de carácter etico y no gubernamental. En el caso de la empresa española, las acusaciones contra su filial que opera en Guatemala, Hidro Santa Cruz, han sido documentadas por un informe de investigación publicado en 2012 por la ONG Oxfam.

De acuerdo con este documento, Hidro Santa Cruz inauguró su oficina en Guatemala en septiembre de 2008 para atender sus proyectos en la región centroamericana. En Guatemala, la empresa de Luis Castro Valdivia, el llamado rey del kilovatio gallego, puso en marcha los proyectos de represas hidroeléctricas Cambalam I y II en Santa Cruz Barillas, un municipio de 130.000 habitantes localizado en plena selva, en la frontera con Chiapas en México.

La legislación local guatemalteca impone consultas vinculantes a las poblaciones indígenas sobre la explotación y uso de los recursos naturales en su territorio. Sin embargo, y de acuerdo con la versión de la ONG, la empresa no reconoció la consulta comunitaria de la población de Santa Cruz Barillas realizada el 23 de junio de 2007. En ella votaron 46.490 personas, de las cuales 46.481 rechazaban la minería y la explotación de los bienes naturales.

Las consultas comunitarias estaán reconocidas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala en 1996. El convenio estipula que "los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan".

Acusados de asesinato

Las comunidades indígenas acusan a Hidro Santa Cruz (filial de Hidralia Energia) de haber generado violencia en Barillas, contratando cuerpos paramilitares y sicarios que habrían acabado con la vida de varios dirigentes indígenas para sembrar el miedo y tratar de paralizar la oposición de las comunidades al proyecto.

Así, el 16 abril de 2013 fue hallado muerto Daniel Pedro Mateo, activista de la comunidad. Secuestrado 12 días atrás, su cuerpo mostraba señales de tortura. Mateo era un líder en la resistencia de la comunidad contra las minas y las actividades de las hidroeléctricas en la región.

Miembros de la comunidad aseguran en el informe de la ONG que el asesinato fue una repercusión de su activismo por el medio ambiente. La muerte de Mateo es parte de una serie de muertes violentas recientes. En 2012, por ejemplo, un activista contra las presas hidroeléctricas y líder de la comunidad, Andrés Fransisco Miguel, habría sido asesinado –según la denuncia expuesta en el tribunal– por guardias de seguridad de Hidro Santa Cruz.

"No queremos que la empresa entre en nuestro territorio"

Este lunes, Micaela Antonio González, del Movimiento Sociedad Civil de Santa Cruz de Barillas, presentó su testimonio ante el tribunal en Ginebra. González aseguró que las manifestaciones comenzaron de "manera pacífica" y que ya en mayo de 2012 hubo "un líder asesinado: Andrés Francisco Miguel".

"Siguieron las órdenes de captura y el encarcelamiento injusto de líderes comunitarios. Llegó a declararse el estado de sitio. Las comunidades afectadas fueron entonces rodeadas por la policía, el ejército y personal de la empresa. El 7 de abril 2013, me atacaron en el camino a mi casa después una manifestación contra el proyecto. Un hombre me agarro la mano, mientras otro me apunto la pistola en el cuello diciendo ’La próxima vez, te vamos a matar’", agregó González.

A preguntas de infoLibre, Enrique de León, portavoz de Hidralia Energia en Guatamela, no realizó declaraciones sobre el juicio abierto en Ginebra ni sobre los proyectos que desarrolan en Guatemala. En referencia a la consulta en la que los indígenas rechazon el proyecto, el representante de la empresa declaró: "Estas consultas son para ellos mismos [los indigenas]. Hoy, no estamos acusados por ningun tribunal aqui en Guatemala".

Otros casos

El caso que afecta a Hidralia Energia no es el único que revista estos días el Tribunal de los Pueblos. En Ecuador, la petrolera estadounidense Chevron es acusada de haber ocasionado daños por sus actividades de extracción de crudo y gas a partir de 1964. La empresa admitió haber arrojado más de 60.000 millones de litros de residuos tóxicos y alrededor de 650.000 barriles de crudo sobre el terreno. El desastre fue reconocido por todas las instancias judiciales de la República de Ecuador en 2013, cuanto el Tribunal Supremo condenó Chevron al pago de 9.500 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

En Sudáfrica, la empresa minera británica Lonmin está involucrada en la masacre de Marikana del 16 de agosto de 2012, cuando 34 trabajadores fueron asesinados y 78 fueron heridos por la policía de Sudáfrica y por Lonmin Security, mientras protestaban pacíficamente para que la empresa mantuviese sus promesas y les proporcionara un salario suficiente para vivir decentemente.

En Nigeria, la empresa holandesa Royal Dutch Shell es acusada de haber violado desde 1984 las leyes nigerianas sobre quema de gases y haber transformado el área del delta del Rio Níger en uno de los desastres ambientales más grandes del mundo.

En Israel, la empresa pública Mekorot Isreali National Water Company es acusada, en colaboración con el estado de Israel, de potenciar un régimen de apartheid y discriminación sobre el pueblo palestino a través de restricciones de suministro de agua para abastecer los colonos.

Finalmente, y sobre la empresa Coca Cola en Colombia, pesa la acusación del asesinato de diez trabajadores y de persecución judicial de sindicalistas. La empresa habría favorecido el ingreso de tropas militares en la propia compañía con la complicidad del gobierno local, de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares.


Ver en línea : InfoLibre, 24 de junio de 2014.


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