En 1964, la petrolera Texaco (que años después sería absorbida por Chevron) llegaba a Ecuador. Allí firmó con el gobierno un contrato de concesión para la extracción de petróleo. Empezaba la contaminación de la Amazonía de ese país que culminó con la expulsión de la compañía a principios de los años 90. Años más tarde, el 12 de noviembre de 2013, la Corte Suprema ecuatoriana, en una sentencia histórica, confirmó definitivamente (tras 20 años de litigios) la condena a Chevron, que le obliga a pagar 9.500 millones de dólares por los daños medioambientales que ha ocasionado en la región.

Pese a esa sentencia, el pueblo ecuatoriano no ha recibido ni un solo dólar. De ahí que, este año, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de Accionistas de la compañía, cientos de entidades de todo el mundo hayan convocado actos para rechazar las prácticas dañinas para el Medio Ambiente de la compañía petrolera.

Desde el Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana (CEDAEC), recuerdan que Chevron-Texaco “ha devastado la naturaleza en los países donde opera, ha llenado de muerte y enfermedades a los habitantes de dichas zonas, ha violado los derechos personales y colectivos de las personas y los pueblos, y explota, daña y se enriquece pero nunca responde por sus actos que violan los Derechos Humanos”.

Es el caso de Ecuador, donde la empresa perforó y operó 356 pozos de petróleo en la zona, abriendo para ello 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento. En ellas, arrojó residuos de todo tipo -principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas- que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. De hecho, se calcula que se vertieron aproximadamente 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica ecuatoriana, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Por estos daños ambientales y por las afectaciones a más de 30.000 personas pertenecientes a varias comunidades amazónicas, la empresa fue sentenciada judicialmente.

Sin activos en Ecuador

Pese a que hay una sentencia firme, esa sentencia no se ejecuta porque Chevron-Texaco “no tiene activos en Ecuador”, explica el abogado Pablo Fajardo. Ahora su lucha se plantea en otros países donde la empresa sí tiene activos: Estados Unidos, Canadá, Brasil…

Pero no es fácil. De hecho, en marzo de este mismo año, un tribunal norteamericano decretó que la sentencia dictada en Ecuador es “corrupta y fraudulenta”. Según el auto, el abogado neoyorquino Steven Dozinger y los abogados ecuatorianos “redactaron ellos mismos la sentencia” e incluso se afirma que prometieron 500.000 dólares al juez si al final la firmaba.

La sentencia del tribunal norteamericano ha conseguido el efecto contrario, la demandada ha pasado a ser demandante y Chevron ha conseguido ganar una doble batalla. Por un lado, paraliza el proceso judicial contra ella y por otro ha obligado a la firma de abogados Patton Boggs, con sede en Washington, a pagarle 15 millones de euros a la compañía por fraude, engaño y acusación maliciosa.

Cerrada la puerta de Estados Unidos y de Venezuela o Argentina, según denuncian activistas como Donald Moncayo, “porque pesan más los intereses económicos y petroleros que la justicia”, sólo les queda confiar en Canadá o Brasil, donde el proceso judicial para embargar las cuentas de Chevron sigue adelante.

Desde CEDAEC exigen que Chevron-Texaco cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana y pague los montos fijados para reparar colectivamente a las personas damnificadas. En el mismo sentido, rechazan las demandas de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya contra el Estado ecuatoriano, por atentar contra la seguridad jurídica y la soberanía ecuatoriana.