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Repsol pone en peligro las Islas Canarias con las prospecciones

Fuente: Diagonal

Miércoles 30 de abril de 2014

Un real decreto de 16 de marzo de 2012, firmado por un ministro de Industria, Energía y Turismo canario, José Manuel Soria, autorizó las prospecciones de petróleo y gas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. De las actuaciones se hará cargo un consorcio formado por Repsol Investigaciones Petrolíferas (50%), Woodside Energy Iberia (30%) y RWE Dea AG (20%), que han obtenido los permisos. Pero el proyecto, y los intereses por explotar los hidrocarburos en la zona, vienen de lejos. Un real decreto de diciembre de 2001 (Gobierno de Aznar) otorgaba los permisos a Repsol, pero una sentencia del Tribunal Supremo tumbó el Decreto en 2004 porque, entendía, no se determinaron expresamente las medidas de protección medioambiental que figuran en la Ley de Hidrocarburos. El decreto de 2012 pretendía corregir estas fallas y relanzaba las prospecciones en las islas.

El consorcio adjudicatario de los nueve permisos de prospección presentó un estudio de impacto ambiental (en el que justifica teóricamente la viabilidad del proyecto) que el Ministerio de Industria sometió a información pública en julio de 2013. Ciudadanos, organizaciones sociales y Administraciones Públicas, como el Gobierno canario y los ayuntamientos y cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, presentaron miles de alegaciones contra la iniciativa. A juicio de Ezequiel Navío, responsable de la Oficina de Acción Global, que coordina la campaña contra las exploraciones, “el estudio presentado por la empresa es una chapuza, un copia-pega de lo que hace Repsol en otras zonas; carece de rigor y profesionalidad a pesar de que debe evaluar una actividad de altísimo riesgo”.

Añade Ezequiel Navío que, a pesar de que las islas más próximas a los puntos de prospección son Fuerteventura (9,7 kilómetros) y Lanzarote (18 kilómetros), un hipotético vertido podría afectar al conjunto del archipiélago. Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco, ha advertido que esta organización podría retirar la declaración de Reserva de la Biosfera a las zonas afectadas por las prospecciones (seis de las siete islas del archipiélago cuentan con esta declaración: la mitad del territorio Gran Canaria y otras cinco en su totalidad). Además, las administraciones canarias han criticado que el Gobierno central tenga paralizada deliberadamente la declaración de una zona LIC de valor ambiental a escala europea, que coincide con el área de prospecciones.

El proceso de movilizaciones se inició en marzo de 2012, coincidiendo con la autorización de las exploraciones, con manifestaciones en todas las islas además de concentraciones en Madrid y Barcelona. También han surgido en este periodo decenas de plataformas ciudadanas contra las petroleras. El mayor rechazo a las catas se ha producido en Lanzarote y Fuerteventura. Además, en un consenso poco habitual, la oposición a las prospecciones ha sumado al Parlamento y al Gobierno de Canarias (con Coalición Canaria y el PSOE al frente), los Cabildos y Ayuntamientos de Fuerteventura y Lanzarote (sólo el Cabildo de Gran Canaria, gobernado por el PP, ha manifestado su apoyo), entidades empresariales como la patronal hotelera de Fuerteventura, la Federación de Operadores Turísticos de siete países europeos y el sector pesquero.

El 10 de mayo, Ecologistas en Acción y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han impulsado movilizaciones en todo el archipiélago contra las prospecciones y los proyectos de regasificación. La consigna es “Nos sobra energía. ¿Por qué petróleo?”. Según la portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Noelia Sánchez, “no tiene ningún sentido que Canarias, un paraíso de sol y viento, cuente con sólo un 6% de abastecimiento a través de energías alternativas; el modelo energético beneficia claramente a las grandes compañías eléctricas”.

En las alegaciones al proyecto presentadas por el Cabildo de Lanzarote se detallan los principales impactos ambientales: “Nos hallamos ante un caso de perforación en aguas profundas y ultraprofundas; y la experiencia indica que el riesgo de accidente es grande, sobre todo en el segundo caso”. Si sucediera, produciría efectos muy perniciosos sobre la economía canaria, cuyo sector más relevante es el turismo. También en las pesquerías. Además, “un vertido no muy grande podría colapsar la vida de las islas orientales (Fuerteventura y Lanzarote), por depender del agua de las desaladoras”.

Respecto a posibles efectos sobre la biodiversidad, la costa este de Fuerteventura y Lanzarote es un exponente único de cetáceos en Europa, con la presencia destacada del calderón tropical y gris, así como del cachalote pigmeo y enano. Estas especies pueden verse afectadas por las señales acústicas de las exploraciones, como prueban los casos de varamientos en masa por este motivo ocurridos en Canarias (es el caso de zifios por maniobras militares). Las prospecciones podrían asimismo poner en riesgo a diferentes especies de tortuga (boba y verde, entre otras) y a los ecosistemas anquialinos. Pero el final permanece incierto, a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y la sentencia definitiva del Tribunal Supremo.


Ver en línea : Diagonal, nº 221, 30 de abril de 2014.


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